El consultor jurídico Antoliano Peralta Romero entrega el proyecto de ley al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
En un movimiento decisivo para fortalecer la seguridad nacional, el gobierno dominicano ha presentado una reforma legislativa histórica que redefine el combate contra el tráfico de personas. La iniciativa, depositada este lunes en el Congreso Nacional, representa un giro trascendental en la política migratoria del país, elevando las sanciones penales hasta niveles sin precedentes en la región del Caribe. Este esfuerzo legislativo se enmarca dentro de una estrategia integral anunciada por el presidente Luis Abinader, destinada a preservar la soberanía territorial y proteger los derechos fundamentales de ciudadanos y migrantes por igual.
El núcleo de la reforma radica en la modificación sustancial de cuatro artículos clave de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Los cambios propuestos transforman radicalmente el panorama jurídico, estableciendo parámetros más precisos para tipificar los delitos y multiplicando exponencialmente las consecuencias legales para los infractores. Las penas base para el tráfico de migrantes aumentarán de 10-15 años a 12-20 años de reclusión, acompañadas de multas que se quintuplican, pasando de 150-250 a 750-1,500 salarios mínimos del sector público. No obstante, las disposiciones más contundentes se reservan para casos extremos: cuando el delito involucre armas de fuego, afecte a adultos mayores o resulte en la muerte de las víctimas, los traficantes podrían enfrentar hasta 40 años de privación de libertad y multas equivalentes a 6,000 salarios mínimos, como se destaca en la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.
La dimensión innovadora de este proyecto legislativo se manifiesta en su enfoque integral para desarticular las redes criminales. Por primera vez en la historia jurídica dominicana, se establece la responsabilidad penal por omisión, lo que implica que funcionarios públicos, familiares o personas encargadas de la protección de migrantes podrán ser procesadas si, teniendo la obligación de actuar, permiten que se consumen estos delitos. Esta disposición busca cerrar las puertas a la complicidad pasiva que históricamente ha facilitado las operaciones de traficantes en zonas fronterizas y urbanas.
El componente económico de las sanciones refleja una profundización en la estrategia disuasoria. Las multas, ahora calculadas en base a salarios mínimos del sector público, no solo castigan el delito sino que buscan descapitalizar a las organizaciones criminales. La inhabilitación de los derechos de ciudadanía para los condenados, incluyendo la posible revocación de naturalizaciones en caso de extranjeros, añade una capa adicional de consecuencias civiles a las penas carcelarias.
En el ámbito operativo, la reforma introduce criterios de vulnerabilidad que permiten a los fiscales escalar las acusaciones según las características de las víctimas. Factores como la minoría de edad, condiciones de discapacidad o situación migratoria irregular se convierten en elementos agravantes que activan las penas máximas. Este enfoque humanitario busca priorizar la protección de los grupos más expuestos a la explotación por parte de las redes de tráfico.
La respuesta del Legislativo ha sido inmediata y contundente. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha calificado la iniciativa como "una prioridad nacional" y ha comprometido su tramitación expedita. Los trabajos legislativos comenzaron con el envío del proyecto a comisión, donde se analizarán minuciosamente sus disposiciones antes de su aprobación definitiva en el hemiciclo, tal como se informó en los reportes legislativos recientes. Este proceso acelerado refleja el consenso político en torno a la necesidad de herramientas legales más eficaces contra un flagelo que amenaza la estabilidad social y económica del país.
Tras el anuncio presidencial del domingo, que incluyó quince medidas integrales para el control migratorio, esta reforma legislativa emerge como el pilar fundamental de la nueva estrategia de seguridad fronteriza. Su implementación promete transformar radicalmente el modus operandi de las autoridades judiciales y de procuración de justicia, dotándolas de mecanismos más contundentes para perseguir, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes contra la dignidad humana.
El impacto social de estas medidas ya comienza a percibirse en las comunidades más afectadas por el tráfico irregular. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios han expresado su respaldo a la iniciativa, destacando su potencial para desincentivar la migración peligrosa y proteger a familias vulnerables. Paralelamente, las autoridades migratorias intensifican operativos de vigilancia en corredores críticos, aplicando de manera preventiva los criterios establecidos en la propuesta de modificación legislativa.
Como parte de este esfuerzo nacional, el gobierno ha anunciado el reforzamiento de la Procuraduría Especializada contra Crímenes Migratorios, dotándola de mayores recursos técnicos y humanos. Esta institución jugará un papel protagónico en la aplicación de la nueva legislación, coordinando con agencias internacionales y organizaciones de derechos humanos para garantizar procesos judiciales transparentes y respetuosos del debido proceso.
La determinación del Estado dominicano en enfrentar este desafío trasciende las fronteras nacionales, situando al país como referente regional en la lucha contra las redes transnacionales de tráfico humano. Con esta reforma, la República Dominicana reafirma su compromiso con los principios de legalidad, soberanía y protección integral de los derechos humanos, sentando un precedente jurídico que podría inspirar cambios legislativos similares en otros países de la región.
Referencias usadas en Artículo
1. [Ejecutivo propone elevar a 40 años la pena contra traficantes de indocumentados](https://eldia.com.do/ejecutivo-propone-elevar-a-40-anos-la-pena-contra-traficantes-de-indocumentados/)
2. [Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional proyecto de ley](https://presidencia.gob.do/noticias/poder-ejecutivo-deposita-en-el-congreso-nacional-proyecto-de-ley-con-el-fin-de-endurecer)
3. [Propuesta de modificación a Ley de Tráfico prevé hasta 40 años de prisión](https://robertocavada.com/nacionales/2025/04/07/propuesta-de-modificacion-a-ley-de-trafico-ilicito-de-migrantes-contempla-penas-de-hasta-40-anos-de-prision-y-multas-de-6-mil-salarios/)