La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana llevó a cabo una acción contundente en defensa de los derechos de propiedad intelectual al destruir más de un millón de unidades de mercancías falsificadas que infringían marcas y patentes internacionales, tal como reportó Diario Libre sobre el operativo nacional. Este operativo, realizado en el marco del Mes de la Propiedad Intelectual, no solo refuerza el compromiso del país con el comercio legítimo, sino que consolida su posición en el escenario global tras ser excluido por segundo año consecutivo de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 emitido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
El evento contó con la participación de figuras clave como los viceministros Vilma Arbaje y Ramón Pérez Fermín del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, así como representantes de la Embajada de Estados Unidos, incluyendo a Edwin López y Abdías Ortiz de la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La presencia de Lily Acevedo, presidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI), y autoridades judiciales como el magistrado Jonathan Baró, subrayó la colaboración interinstitucional que hace posible estos logros.
En declaraciones durante el acto, Eduardo Sanz Lovatón, director general de la DGA, destacó que este hito es resultado de una estrategia sostenida:
«Cada caja destruida representa una victoria contra el comercio ilícito. Estas acciones confirman que vamos por el camino correcto, protegiendo nuestra economía formal y fortaleciendo la confianza internacional en el país».
Su liderazgo académico y profesional, respaldado por una trayectoria en derecho internacional, ha sido fundamental para articular políticas contra la falsificación, según lo destaca el portal oficial de la Presidencia sobre Sanz Lovatón y la DGA.
Las mercancías intervenidas incluían réplicas de marcas emblemáticas como Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Ray-Ban y Versace, entre otras. La destrucción abarcó desde componentes para calzado hasta cosméticos y accesorios electrónicos, todos productos que, de haber ingresado al mercado, hubieran erosionado la competitividad de las empresas locales y expuesto a los consumidores a riesgos sanitarios y económicos.
Este esfuerzo se enmarca en un contexto de reconocimientos internacionales. Tras más de tres décadas en la lista de observación del informe 301, la República Dominicana ha demostrado avances significativos en la protección de derechos de autor, patentes y marcas registradas. La exclusión de esta lista no solo valida las reformas legales implementadas, sino que atrae inversiones al proyectar al país como un socio comercial confiable y comprometido con las normas globales.
La articulación entre entidades públicas, sector privado y organismos internacionales ha sido clave. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República supervisó el proceso de destrucción para garantizar su transparencia, mientras que asociaciones empresariales como CODOPYME y ADITEX respaldaron la medida como un escudo para la industria formal. Esta sinergia refleja un modelo de gobernanza donde la protección intelectual se alinea con el desarrollo económico inclusivo.
Más allá del impacto inmediato, la destrucción de estos productos envía un mensaje claro a las redes de contrabando: la República Dominicana ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia y respuesta. Tecnologías de rastreo, capacitación a oficiales de aduanas y campañas de concienciación ciudadana forman parte de un ecosistema integral contra el comercio ilícito. Como señala un informe regional reciente, la integridad en las aduanas es vital para interceptar mercancías fraudulentas sin obstaculizar el flujo comercial legítimo.
El éxito de estas políticas no se limita al ámbito local. Al alinearse con estándares internacionales, el país posiciona su sector productivo como un actor competitivo en cadenas globales de valor. Marcas extranjeras afectadas por la falsificación, como Victoria's Secret o Hugo Boss, encuentran en estas acciones un aliado estratégico para proteger su reputación y calidad. A su vez, los consumidores dominicanos ganan acceso a productos auténticos, respaldados por garantías de seguridad y durabilidad.
La exclusión de la lista 301 no es un logro menor. Históricamente, esta clasificación ha sido un termómetro de la seriedad con que los países abordan la protección intelectual. Para la República Dominicana, salir de ella equivale a un sello de calidad institucional que atrae socios comerciales y diversifica oportunidades económicas, como reconocen los datos del Informe 301 actualizado para 2025. Como sostiene el documento Special 301 Report, la mejora continua en este campo es esencial para integrarse plenamente a la economía del conocimiento.
En el plano simbólico, la destrucción masiva de productos falsificados es un acto de justicia para emprendedores y artistas locales cuyas creaciones son frecuentemente plagiadas. Al garantizar que solo las marcas registradas circulen en el mercado, se fomenta la innovación y se protege el tejido social vinculado a industrias creativas como el diseño, la música y el arte.
El camino recorrido por la República Dominicana en materia de propiedad intelectual sirve de referencia para otras naciones de la región. Combina rigor legal con cooperación internacional, demostrando que es posible transformar retos en oportunidades. Con cada producto falsificado destruido, se teje una red más sólida de confianza y respeto mutuo en el comercio global, cimientos indispensables para un desarrollo sostenible y equitativo.
**Referencias usadas en Artículo**
- DGA anuncia destrucción de más de un millón de productos falsificados
- Aduanas destruye más de un millón de mercancías falsificadas
- Aduanas RD destruye mercancía falsificada, informe 301 2025
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