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Tribunal Constitucional reafirma ilegalidad en proyecto del Aeropuerto de Bávaro: un precedente clave para la legalidad en RD

El Tribunal Constitucional reafirma la ilegalidad del proyecto del Aeropuerto de Bávaro, estableciendo un precedente importante para la legalidad y transparencia en infraestructuras estratégicas en República Dominicana. Conoce los detalles de esta histórica decisión que protege el interés público.

Santo Domingo.— El Tribunal Constitucional (TC) rechazó definitivamente los recursos de revisión presentados por el Grupo Abrisa y el consorcio Aeropuerto Internacional Bávaro (AIB), confirmando así la ilegalidad del proyecto aeroportuario. Con la sentencia TC/0496/25, emitida por mayoría calificada (11 votos a favor y 2 en contra), se respaldan las decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que impedían la construcción por violar el interés público, como se detalló en el anuncio oficial del Tribunal Constitucional.
Esta resolución cierra la vía judicial para reactivar la obra y valida la Resolución 024/20 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que había declarado lesivas las autorizaciones otorgadas. El TC determinó que no hubo violaciones al debido proceso ni al derecho de defensa, como alegaba el consorcio, y destacó irregularidades fundamentales en el origen del proyecto:

  • Falta de licitación pública para la adjudicación.
  • Uso de atribuciones indebidas por el Poder Ejecutivo, que emitió un decreto posteriormente derogado.
  • Participación de órganos sin competencia legal, como la Comisión Aeroportuaria, que carecía de facultades para aprobarlo.
    El fallo subraya la responsabilidad del Estado en garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en infraestructuras estratégicas. Además, establece un precedente crucial para la defensa del interés público, evidenciando que proyectos de esta magnitud no pueden desarrollarse al margen de la ley, como se destacó en la confirmación de los fallos de la SCJ.
    La decisión, adoptada tras más de cinco años de disputa legal, refuerza los principios de legalidad y equidad en la administración pública dominicana, marcando un hito en la protección del marco institucional del país.

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