El Gobierno Dominicano Protege a los Arroceros: Una Medida Estratégica para la Economía Nacional
En un esfuerzo por salvaguardar la producción arrocera nacional, el Gobierno dominicano ha adoptado una serie de medidas estratégicas que buscan proteger este sector crucial de la economía del país. Estas acciones se enmarcan en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), y tienen como objetivo principal asegurar la viabilidad y competitividad de los arroceros locales.
Antecedentes y Contexto
El DR-CAFTA, firmado en 2004, establece un marco de libre comercio entre los países centroamericanos, la República Dominicana y Estados Unidos. Aunque este tratado ha facilitado el intercambio comercial y ha generado oportunidades de inversión y empleo, también presenta desafíos para sectores como la producción de arroz, que enfrentan la competencia de importaciones más baratas[2][5].
Medidas de Protección
Para abordar estos desafíos, el Gobierno dominicano, bajo la presidencia de Luis Abinader, ha emitido el decreto No. 693-24. Este decreto establece un conjunto de medidas arancelarias diseñadas para proteger la producción arrocera nacional. Here are the key aspects of these measures:
Aranceles y Cuotas: Se ha dispuesto un arancel del 20% para los productos de arroz dentro del contingente establecido por la República Dominicana en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fuera de este contingente, se aplicará un arancel del 99% ad valorem. Para Estados Unidos, se introduce una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz con un arancel de 0%, mientras que fuera de esta cuota, se aplicará el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) del 99% ad valorem[4].
Protección Específica: Los productos de arroz originarios de Nicaragua estarán sujetos al mismo tratamiento arancelario de 99% bajo el régimen de Nación Más Favorecida. Esta medida asegura que la producción local no sea desplazada por importaciones más baratas[4].
Impacto Económico: La producción arrocera es un sector vital para la economía dominicana, generando más de 30,000 empleos directos y 300,000 indirectos, con un impacto económico anual superior a los 45,000 millones de pesos. La medida busca salvaguardar este sector y asegurar su competitividad en el mercado nacional e internacional[4].
Reacciones y Análisis
La decisión del Gobierno ha sido bien recibida por los productores de arroz, quienes ven en estas medidas una garantía para su sector. Marcelo Reyes, presidente de FENARROZ, expresó su satisfacción con el apoyo del Gobierno, resaltando que el arroz de producción local es suficientemente competitivo por su calidad y que el país es autosuficiente en la producción de arroz, con cifras de cosecha que alcanzarán los 14 millones de quintales aproximadamente este año[4].
Sin embargo, algunos expertos en comercio internacional, como Juan del Rosario, han expresado inquietud por las posibles repercusiones en las relaciones internacionales. La medida podría generar tensiones comerciales con otros países miembros del DR-CAFTA, quienes podrían interpretarla como una discriminación y solicitar la reinstauración de aranceles, complicando las relaciones comerciales[3].
Apoyo Institucional y Compromiso del Estado
El Estado Dominicano ha demostrado un compromiso significativo con el sector arrocero. Además de las medidas arancelarias, el Ministerio de Agricultura ha anunciado pagos para compensar a los productores. Por ejemplo, se pagará RD 10,000,000.00 de la deuda acumulada entre 2011-2013, y se instituirá el pago de RD 300,000,000.00 como compensación por las fanegas producidas en la segunda etapa del año 2022. También se incluye un incentivo de RD 41,000,000.00 para el uso de semillas certificadas en la primera siembra del año arrocero 2022-2023[1].
Vigencia y Supervisión
Las medidas establecidas en el decreto permanecerán vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomiende lo contrario, basado en un nuevo informe elaborado por la Secretaría Técnica de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esto asegura una supervisión continua y ajustes necesarios para mantener la viabilidad del sector[4].
En resumen, la protección de la producción arrocera por parte del Gobierno dominicano es una medida estratégica que busca equilibrar las necesidades económicas nacionales con las obligaciones internacionales. Aunque puede generar algunas tensiones comerciales, el objetivo principal es asegurar la competitividad y la autosuficiencia en un sector clave para la economía del país.
