Crimen Organizado en América Latina: Desafíos y Oportunidades para la República Dominicana

El crimen organizado como amenaza regional

El crimen organizado se consolida como la principal amenaza para la estabilidad de los países de América Latina, al expandirse territorialmente, infiltrarse en las instituciones y socavar la confianza ciudadana en los gobiernos. Así lo confirma el Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025 elaborado por la Universidad Internacional de Florida (FIU), que proporciona una radiografía detallada de los desafíos de seguridad que enfrenta nuestra región en este crucial momento.

Panorama continental: una región bajo presión

El estudio reveló que Ecuador, Brasil, Chile y México son los países donde la población percibe con mayor intensidad al crimen organizado como el riesgo más grave para el Estado, con puntuaciones de 4,8 sobre 5 para los dos primeros y 4,7 para los siguientes. Les siguen Colombia, Paraguay y Perú (4,6); Panamá y Bolivia (4,1); Argentina (4,0); República Dominicana (3,8) y El Salvador (3,7).
El informe, basado en 765 encuestas y 360 entrevistas en profundidad con expertos de distintos sectores, alerta que la criminalidad organizada se ha transformado en redes multinacionales que mezclan negocios ilícitos y lícitos, extendiendo su poder más allá de las fronteras y minando las estructuras democráticas de toda la región. La expansión territorial de estos grupos, su capacidad para operar como verdaderas empresas transnacionales y su creciente penetración en instituciones públicas han consolidado su posición como la amenaza percibida más grave en América Latina.

Crimen como sistema empresarial

"Hoy debemos pensar en el crimen organizado como una empresa multinacional con intereses diversificados", explicó Erich De La Fuente, autor principal del estudio y profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales en la FIU. Este enfoque revela un cambio fundamental en la naturaleza de las operaciones criminales: ya no se trata solamente de redes dedicadas al tráfico de drogas, sino de estructuras complejas que incluyen minería ilegal, extorsión masiva, trata de personas, contrabando y hasta ciberataques coordinados.

Crisis de legitimidad institucional

El análisis sostiene que esta expansión criminal está provocando una crisis de legitimidad estatal, alimentada por la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones públicas y los partidos políticos. En territorios donde el Estado ha perdido presencia, los grupos criminales llenan los vacíos ofreciendo "alternativas" de seguridad, justicia y servicios, todo ello bajo un régimen de gobernanza criminal que reproduce desigualdades y socava los fundamentos mismos de la cohesión social.
De La Fuente advirtió que la respuesta a esta crisis debe ir más allá de la represión directa al narcotráfico e incluir mejoras sustanciales en empleo, educación y servicios públicos, áreas donde el crimen suele llenar los vacíos que deja el Estado. Esta visión integral reconoce que la seguridad no puede construirse únicamente sobre operaciones militares o policiales, sino que requiere abordar las causas estructurales del problema.

El papel de Estados Unidos y la cooperación internacional

El informe resalta el rol de Estados Unidos como aliado estratégico en la región, capaz de aportar estabilidad mediante cooperación económica y diplomática. Sin embargo, De La Fuente señaló que los recientes bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico no bastan para desmantelar las redes criminales si no se atacan sus causas estructurales. Esta advertencia subraya la necesidad de una estrategia coordinada que combine represión con inversión en desarrollo social y fortalecimiento institucional.

Riesgos políticos y económicos

El documento también aborda los riesgos políticos y económicos de la región. La polarización política continúa siendo un factor de inestabilidad, con México mostrando el mayor incremento en la percepción de riesgo político, que se incrementó de 3,79 a 4,13 puntos entre junio y noviembre del año en curso.
En el plano económico, aunque la tendencia general fue positiva, el desempleo y la inflación siguen siendo las principales preocupaciones sociales. Bolivia, México y Brasil presentaron los mayores índices de riesgo económico, mientras que Argentina y Paraguay exhibieron los niveles más bajos. Estas variables económicas están directamente vinculadas con la vulnerabilidad de las poblaciones ante el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

República Dominicana en el contexto regional

La República Dominicana figura con una puntuación de 3,8 sobre 5, reflejando una preocupación considerable por el avance del crimen organizado, aunque menor que en otras naciones del continente. Esta posición relativa en el índice no debe generar complacencia, sino todo lo contrario: representa una oportunidad crucial para que nuestro país fortalezca sus instituciones y sus sistemas de seguridad preventivos antes de que las amenazas se intensifiquen.
La ubicación geográfica de República Dominicana, como isla estratégica en el Caribe, requiere una atención especial a los desafíos de seguridad marítima y el control de narcotráfico. Los puertos y costas del país constituyen puntos críticos para las redes de tráfico internacional, lo que demanda una coordinación institucional sin precedentes y un compromiso firme con la cooperación regional.

Un llamado a la acción coordinada

El informe concluye que la región enfrenta una "reconfiguración del poder criminal" y que solo con políticas coordinadas, transparencia institucional y cooperación internacional se podrá frenar su creciente influencia. Para República Dominicana, esto implica la oportunidad de posicionarse como líder en la construcción de respuestas integrales que combinen seguridad efectiva con inversión en educación, empleo formal y servicios públicos de calidad.
La identidad dominicana ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. Con determinación, instituciones fortalecidas y una visión clara de futuro compartido, nuestra nación tiene la capacidad no solo de contener las amenazas del crimen organizado, sino de transformarlas en impulsos para la renovación institucional y el desarrollo inclusivo. El momento es ahora, y la decisión de actuar está en manos de todos los dominicanos comprometidos con la construcción de un país seguro, próspero y justo.

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