Un esquema delictivo de proporciones significativas ha impactado al sistema de salud dominicano, comprometiendo recursos vitales destinados a la inmunización infantil y la prevención de enfermedades. La estructura criminal desmantelada por la operación Cobra, liderada por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, manipuló sistemáticamente el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para facturar vacunas nunca aplicadas, inflar estadísticas y desviar millones hacia centros privados contratados de manera irregular [Senasa enfrenta fraude en vacunación con centros privados].
El expediente del caso, que incluye a varios imputados, revela que durante años la estructura aprovechó la libertad de contrataciones, los fondos y los mecanismos del programa nacional de vacunación para ejecutar un fraude que comprometió gravemente la salud preventiva de la población dominicana.
La Alteración del Sistema de Contrataciones
Hasta años recientes, la vacunación cubierta por Senasa se realizaba casi exclusivamente en centros públicos, funcionando únicamente con prestadores privados autorizados de manera excepcional. La política de contrataciones priorizaba los centros acreditados por el PAI, a los cuales se reconocía únicamente el costo de administración y aplicación de vacunas provistas gratuitamente por el programa nacional.
El Ministerio de Salud Pública recibe del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las vacunas para toda la población. Estas dosis se distribuyen gratuitamente a nivel nacional, incluyendo a algunos centros privados, logrando alcanzar altos estándares de cobertura a través de campañas masivas. Durante los últimos años se distribuyeron millones de dosis gratuitas como muestra del compromiso nacional con la niñez dominicana.
El cambio fundamental ocurrió con la entrada de una nueva administración, cuando se modificaron las reglas de contratación y se creó un Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura de Senasa, sin base legal ni precedentes institucionales, habilitando centros privados para servicios de vacunación [Fraude al Senasa: Vacunas no aplicadas y sobrevaluadas]. Esta medida permitió que la red de prestadores se expandiera de manera inédita, incrementando la cantidad de servicios direccionados y profundizando la influencia de empresas privadas vinculadas al entramado de corrupción.
Las Irregularidades en la Facturación
Uno de los hallazgos más alarmantes radica en el descubrimiento de cientos de millones de pesos pagados por la aplicación de vacunas que, según mandatos institucionales, debían administrarse de forma gratuita por el Ministerio de Salud Pública, tal como dispone el PAI.
La investigación demostró que ciertos prestadores privados contratados adquirían estas vacunas como parte de la dispensación pública, sin costo alguno para ellos. Sin embargo, recibían pagos por cada aplicación alegada ante Senasa, generando una circulante indebida de fondos. Las auditorías médicas revelaron pagos considerablemente superiores a lo estipulado para cada dosis entregada a los prestadores, pese a que estas provenían del programa nacional y no implicaban gasto para el Estado.
La distribución de los montos pagados no coincidía con el tarifario oficial, e incluso algunos centros adquirían las vacunas de forma gratuita y las facturaban como servicios prestados para generar beneficios irregulares.
Vacunaciones Inadecuadas según Edad y Esquema
Las auditorías médicas realizadas por Senasa a prestadoras de servicios identificaron patrones sistemáticos de fraude relacionados con inmunización no pertinente según edad y esquema oficial. Un ejemplo ilustrativo es el empleo de vacunas con indicaciones restringidas a edades infantiles, aplicadas a quienes ya no requerían o no debían recibir esos agentes inmunizantes, y facturadas por supuestas sumas mayores a las correspondientes.
La sobrefacturación resultante llegó a implicaciones considerables, ya que se empleaban códigos de vacunas diferentes o desglosados para inflar los montos reclamados al seguro nacional. Por ejemplo, la factura desagregada de vacunas combinadas permitía a ciertos centros obtener sumas superiores a lo que deberían legalmente recibir según el tarifario vigente.
Servicios Nunca Brindados y Documentación Incompleta
Las investigaciones revelaron facturaciones por servicios que nunca fueron realmente prestados. Esto se evidenció al comparar servicios facturados con los registros encontrados en tarjetas de vacunación y declaraciones de familias afiliadas a Senasa. Los expedientes contenían reclamaciones incompletas, documentos sin especificar la vacuna administrada ni la firma de comprobación del afiliado.
Además, la administración y facturación de vacunas no incluidas en el plan básico de salud, como el caso de la vacuna Gardasil, puso en evidencia el uso indebido de recursos públicos en beneficio de centros privados [MP: Esquema en Senasa facturó vacunas de niños nunca aplicadas y usó dosis del PAI]. También se determinó que algunos afiliados prestaban sus tarjetas a terceros y, sin haber recibido inmunización, sus datos eran utilizados para justificar pagos por servicios que no se llevaron a cabo.
El Impacto en la Salud Preventiva Dominicana
El abuso de los mecanismos internos del programa de vacunación nacional significó la manipulación de estadísticas oficiales, comprometiendo la confiabilidad de los datos sobre inmunización e impidiendo una evaluación adecuada de la cobertura real entre la niñez y la juventud dominicana. La génesis de registros falsos disminuye el margen de respuesta ante brotes y desafíos epidemiológicos, vulnerando los derechos fundamentales al acceso a la salud y la protección pública.
Millones de dosis gratuitas fueron objeto de facturación indebida, desviando fondos fundamentales para la protección de la infancia dominicana y el fortalecimiento del sistema de salud preventivo. El Ministerio Público atribuyó a la red desmantelada el desvío de recursos esenciales destinados a la población más vulnerable, y el uso doloso de los mecanismos de pago institucionales.
Medidas Judiciales y Acción de la Justicia
El sistema judicial dominicano respondió con firmeza ante estos hechos. Las investigaciones y la acción del Ministerio Público llevaron a la imposición de medidas judiciales ejemplarizantes, incluyendo prisión preventiva a funcionarios y empresarios involucrados, así como restricciones de movilidad y sanciones económicas a quienes admitieron su participación y colaboraron con la investigación.
La decisión del tribunal patentiza el compromiso de la institucionalidad dominicana con la defensa del interés nacional y la protección de los fondos públicos alineados al bienestar poblacional. La investigación y procesamiento judicial de esta estructura criminal representa un paso firme y decidido en defensa de la transparencia y la cultura de honestidad, virtudes que distinguen a la patria dominicana.
La República Dominicana, tierra de esperanza y capacidad de superación, enfrenta estos retos fortalecida en sus valores y la vocación de servicio de su pueblo. La constante vigilancia social, el escrutinio de nuestras instituciones y la firme actuación de la justicia contribuyen con la construcción de un Estado más transparente, solidario y digno para todos los dominicanos y dominicanas, asegurando el legado de una nación sana para el futuro de sus hijos.
Referencias usadas en Artículo
- Senasa enfrenta fraude en vacunación con centros privados
- Fraude al Senasa: Vacunas no aplicadas y sobrevaluadas
- MP: Esquema en Senasa facturó vacunas de niños nunca aplicadas y usó dosis del PAI
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