Abinader impulsa leyes para fortalecer la justicia y proteger a las víctimas en la República Dominicana
En un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico y proteger a las víctimas de delitos, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha presentado ante el Congreso Nacional dos importantes iniciativas legales. Estas iniciativas están diseñadas para combatir el crimen organizado y garantizar la protección y representación legal de víctimas, testigos y personas en riesgo.
Combate al Crimen Organizado
La primera iniciativa se centra en la persecución y judicialización de las organizaciones criminales. Este proyecto de ley responde a uno de los principales desafíos de la región y del país, el combate al crimen organizado en todas sus manifestaciones. El objetivo es garantizar la integridad del Estado social y democrático de derecho, estableciendo reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada, de acuerdo con los estándares internacionales[1].
La ley propuesta tipifica una serie de delitos asociados con la criminalidad organizada, incluyendo lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas y sustancias controladas, secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos, soborno transnacional, y delitos de alta tecnología. Además, se incluyen delitos relacionados con grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia[1].
Protección a Víctimas, Testigos y Personas en Riesgo
La segunda iniciativa se enfoca en la atención, representación legal y protección de víctimas, testigos y personas en riesgo. Esta ley responde a la realidad social de exclusión y desprotección que sufren estas personas debido a cuestiones socioeconómicas y la falta de un marco jurídico integral. El objetivo es reconocer y garantizar los derechos de estas personas, así como regular el otorgamiento de medidas de protección y atención en su favor[1].
De aprobarse esta iniciativa, se estaría cumpliendo con una deuda histórica en favor de la equidad de garantías entre el imputado y la víctima en un proceso judicial. Esto incluye satisfacer el mandato constitucional de asistencia legal gratuita para personas que carecen de los recursos económicos necesarios para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima[1].
Compromiso del Gobierno y Avances Legislativos
El gobierno de Luis Abinader ha reafirmado su compromiso en continuar trabajando en las reservas de ley pendientes desde la reforma constitucional del año 2010, así como en las derivadas de la Constitución recién proclamada el 27 de octubre de 2024. Estas iniciativas forman parte de un conjunto de esfuerzos del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para fortalecer el marco jurídico y las políticas del Estado contra la criminalidad[1].
Además, el presidente Abinader ha promulgado otras leyes significativas, como la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, que marca un hito en la historia judicial del país al permitir el uso de medios digitales para aumentar el acceso y la transparencia en la justicia. Esta ley facilita el acceso a la justicia permitiendo realizar solicitudes, depósitos y consultas a través de internet, y habilita la asistencia virtual a audiencias en todas las materias excepto la penal[2].
Conclusión
Las iniciativas presentadas por el presidente Luis Abinader representan un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del sistema judicial en la República Dominicana. Estos esfuerzos no solo buscan combatir el crimen organizado de manera efectiva, sino también garantizar la protección y justicia para las víctimas y personas en riesgo. Estas medidas reflejan el compromiso del gobierno con la justicia, la transparencia y la protección de los derechos humanos, contribuyendo así a una sociedad más justa y segura.
