La República Dominicana avanza decididamente en su combate contra la corrupción con el despliegue de la Operación Cobra, una investigación penal de gran envergadura que busca desmantelar la estructura criminal que operó dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Esta ofensiva judicial representa un hito en la persecución de delitos que comprometieron la sostenibilidad del sistema de protección social y afectaron especialmente a los sectores más vulnerables de la población según el Ministerio Público denomina como Operación Cobra el caso SeNaSa.
El operativo movilizó 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes ejecutaron 12 allanamientos en diferentes puntos del país. Como resultado, ocho personas fueron arrestadas, incluyendo a Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, quien es señalado como la cabeza de la estructura delictiva.
La Estructura Criminal: Detalles de un Esquema Sistemático
Según las investigaciones del Ministerio Público, durante cuatro años operó una red criminal sofisticada dentro de SeNaSa, diseñada estratégicamente para desviar fondos públicos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados. Este entramado combinó fraude administrativo, corrupción de funcionarios, falsificación documental y operaciones de lavado de activos, como se expone en los ejes de acusación del Ministerio Público en el caso SeNaSa.
Los elementos centrales del esquema incluyen la alteración deliberada de estados financieros, la introducción de reclamaciones falsas, y la justificación de pagos irregulares mediante documentación adulterada. Estas maniobras afectaron directamente las Reservas Técnicas de SeNaSa, ocasionando un perjuicio estimado en más de 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024.
Un mecanismo particular de la corrupción fue el funcionamiento de un supuesto "comité operativo" integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones más sensibles de la institución. Este comité funcionó como un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales ordinarios y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios médicos.
La investigación también revela el uso de empresas de carpeta y facturación ficticia para lavar recursos desviados, incluyendo triangulaciones bancarias, compras simuladas y la participación de terceros para ocultar el origen ilícito de los fondos. Entre los beneficios personales derivados del esquema se menciona la adquisición de vehículos de lujo mediante intermediación financiera.
Los Acusados y Sus Imputaciones
Además de Santiago Marcelo Hazim Albainy, los imputados incluyen a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, todos actualmente detenidos en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, según información sobre los detenidos en la investigación por fraude en SeNaSa.
Contra este grupo pesan acusaciones de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos en su forma agravada. El Ministerio Público solicitó dieciocho meses de prisión preventiva contra los imputados mientras continúan los trámites judiciales.
Adicionalmente, el órgano acusador informó que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, con la finalidad de ser judicializadas conforme avancen las indagatorias, promoviendo que la responsabilidad alcance a todos los integrantes de la red criminal.
La Ofensiva de Recuperación del Patrimonio Público
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), coordinado por Fernando Henríquez, asumió un rol protagónico en las acciones para recuperar los recursos sustraídos. El equipo jurídico del ERPP ha demostrado trayectoria representando al Estado dominicano en diversos procesos de corrupción, incluyendo los casos Pulpo, Coral, Coral 5G, Medusa y Calamar, donde se han logrado condenas y avances significativos en recuperación patrimonial, como se manifiesta en las declaraciones del equipo de recuperación que ejercerá acciones para recuperar los recursos distraídos en SeNaSa mediante acuerdos con algunos imputados.
En el caso de SeNaSa, el ERPP ejercerá las acciones necesarias para recuperar cada peso del Estado sustraído por los implicados en la estructura criminal. El coordinador aseguró que actuarán con firmeza y determinación, conforme al mandato conferido por el presidente Luis Abinader, para establecer responsabilidades y exigir el resarcimiento correspondiente a favor del patrimonio público.
Compromiso Institucional y Transparencia
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó que la Operación Cobra llegará hasta el final del caso, garantizando que además de las sanciones penales, los responsables devuelvan al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público. Subrayó que "aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales".
El presidente Luis Abinader instruyó que SeNaSa se constituya como actor civil en los procesos judiciales, asegurando la recuperación expedita de los fondos desviados. Diversos sectores políticos, incluyendo el partido Fuerza del Pueblo, han respaldado estas medidas, enfatizando la necesidad de claridad, transparencia y celeridad en la ejecución de las acciones judiciales y de recuperación respaldando las medidas adoptadas en el reciente llamado a que se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso SeNaSa.
La operación está dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), contando con un equipo de fiscales especializados en investigaciones de criminalidad organizada.
La Operación Cobra representa la determinación de la República Dominicana de combatir la corrupción sin concesiones, protegiendo los recursos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de afiliados a SeNaSa. Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso con la justicia, la transparencia y la administración íntegra del patrimonio público en beneficio de todos los dominicanos.
Referencias usadas en Artículo
- Ministerio Público denomina como Operación Cobra el caso SeNaSa
- mp-denomina-operacion-cobra-a-investigacion-por-fraude-en-senasa-estos-son-los-detenidos
- Equipo de recuperación ejercerá acciones para recuperar los recursos distraídos en SeNaSa
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