La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) ha manifestado profunda preocupación por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la modificación a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, señalando que la normativa fue aprobada sin el debido consenso con los sectores empresariales directamente afectados. César De los Santos, presidente de la entidad, destacó que esta decisión se tomó sin un estudio técnico independiente que fundamentara los criterios aplicados, lo que amenaza la competitividad y sostenibilidad de las empresas dominicanas, como expresó en una entrevista del El Nuevo Diario.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que representan más del 85% del tejido empresarial nacional, podrían verse especialmente perjudicadas. De los Santos advirtió que gravarlas de manera indiscriminada afectaría su rentabilidad, limitaría la libre competencia, reduciría la creación de empleos formales e incentivaría la migración hacia la informalidad, advertencia que ya fue destacada por medios especializados como Roberto Cavada. Además, subrayó que, aunque se realizaron consultas previas con diversos actores económicos, las observaciones y sugerencias presentadas no fueron incorporadas de manera transparente en el texto final.
Un aspecto crítico es la estructura tributaria propuesta, que basa la contribución especial en los ingresos brutos y no en las utilidades reales. Esto resulta particularmente problemático para distribuidores de vehículos, cuyo margen de comercialización oscila entre 3% y 5%. Por ejemplo, una empresa con ventas anuales de RD$100 millones podría tener utilidades brutas de solo RD$5 millones, pero el impuesto se calcularía sobre el total de ingresos, lo que De los Santos calificó como "un pecado original" en términos contables. Esta preocupación ha sido detallada también en el análisis de aumento de impuestos excesivos.
Otro punto de conflicto es la posible doble tributación: los vehículos ya pagan entre 1% y 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por emisiones de carbono, y las empresas cubren adicionalmente los servicios de recolección de residuos. La asociación aboga por alinear la normativa con el principio ambiental "el que contamina paga", donde la contribución refleje el impacto real en generación de residuos y no el volumen de ventas.
ANADIVE confía en que el Senado de la República, en su rol equilibrador, podrá enmendar estas disparidades mediante un diálogo abierto y técnicamente fundamentado. De los Santos enfatizó que una consulta participativa permitiría construir una legislación más justa y equitativa, que proteja tanto el medio ambiente como la vitalidad de las PYMES, motor esencial de la economía dominicana.
Referencias usadas en Artículo
- ANADIVE alerta por exclusión de afectados en Ley de Residuos Sólidos
- ANADIVE muestra preocupación por ley de residuo sólidos sin tomar en cuenta sugerencias de afectados
- ANADIVE rechaza aumento de impuestos excesivos por Ley de Desechos Sólidos
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