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Análisis de los riesgos y retrocesos en la reforma del Código Penal dominicano

Descubre el análisis detallado sobre los riesgos y retrocesos en la reforma del Código Penal dominicano, según Participación Ciudadana, que alerta sobre impactos en derechos humanos, igualdad y lucha contra la corrupción en República Dominicana.

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha manifestado su profunda preocupación por el proyecto de reforma al Código Penal actualmente en discusión en el Senado dominicano, advirtiendo que contiene disposiciones que representan un grave retroceso en derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción. Aunque se reconoce la necesidad de actualizar la normativa para enfrentar delitos complejos como el crimen organizado y los delitos tecnológicos, diversas organizaciones sociales señalan que el texto aprobado en primera lectura incluye aspectos peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Principales preocupaciones sobre la reforma

Exención de responsabilidad penal para instituciones públicas y privadas, incluyendo iglesias y partidos políticos, lo que viola el principio constitucional de igualdad ante la ley y promueve la impunidad, según han advertido organizaciones como Participación Ciudadana.

Criminalización absoluta del aborto al establecer penas de 1 a 2 años de prisión para mujeres sin incluir las tres causales —riesgo vital, violación/incesto o inviabilidad fetal—, negando derechos reproductivos avalados internacionalmente y generando preocupación en la sociedad civil por el impacto en la salud y dignidad de las mujeres.

Debilitamiento de la lucha anticorrupción al establecer un plazo de prescripción de 20 años para delitos contra el patrimonio público, desatendiendo el reclamo social de que estos crímenes sean imprescriptibles dada su gravedad y daño contra todo el país.

Reducción de protección a víctimas mediante la limitación de la figura del feminicidio solo a casos extremos, así como el establecimiento de penas mínimas (1-2 años) para agresiones sexuales y posibilidad de libertad condicional para los agresores, lo que organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente para combatir la violencia de género.

Mantenimiento de tribunales militares para juzgar infracciones de policías y militares, en contradicción con sentencias previas del Tribunal Constitucional que limitan este tipo de jurisdicción y garantizan el principio de justicia igualitaria para todos.

Textos ambiguos que podrían restringir la labor periodística, la libertad de prensa, el acceso a la información y el derecho a la privacidad, encendiendo la alerta de profesionales del sector comunicación y defensores de derechos ciudadanos.

Avances y aspectos positivos

El proyecto de reforma también contempla medidas progresivas, lo que demuestra la constante búsqueda del pueblo dominicano de consolidar una sociedad más justa y segura:

  • Penas severas para crímenes de lesa humanidad como el genocidio, estableciendo condenas de hasta 40 años para quienes cometan estos delitos de alto impacto social.
  • Agravantes específicos en casos de desaparición forzada, incrementando las sanciones cuando las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores.
  • Nuevas disposiciones para el seguimiento sociojudicial de agresores sexuales, incluyendo la inhabilitación permanente de trabajar con menores para quienes sean condenados.
  • Refuerzo de sanciones por homicidio agravado, violencia de género y cooperación al suicidio, reflejando un esfuerzo por responder con mayor firmeza ante crímenes especialmente sensibles.

Un llamado a la construcción conjunta

Ante estas observaciones, tanto el Ministerio de la Mujer como organizaciones civiles han realizado un llamado público al Congreso Nacional a abrir espacios de diálogo y participación social genuina que permitan revisar y corregir las disposiciones cuestionadas de la reforma. El objetivo es claro: asegurar que el nuevo Código Penal sea una herramienta que proteja efectivamente los derechos de todas y todos los dominicanos, fomente la transparencia y el respeto a las conquistas sociales alcanzadas durante años de sacrificios y avances democráticos.

La República Dominicana se caracteriza por la resiliencia y la voluntad de superar desafíos, apostando siempre por el bienestar y la dignidad humana. En esta histórica coyuntura legislativa, la ciudadanía reclama un marco legal moderno que represente el verdadero espíritu dominicano: justo, solidario, inclusivo y ético. El equilibrio entre el fortalecimiento del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales es el compromiso que une hoy a nuestra nación.

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