El caso SeNaSa representa un momento crucial en la historia institucional de la República Dominicana, un punto de inflexión donde la ciudadanía puede reconocer tanto las vulnerabilidades del sistema de controles como la capacidad de respuesta que define a una democracia madura. El fraude perpetrado contra el Seguro Nacional de Salud, que alcanzó más de quince mil millones de pesos, trasciende las simples irregularidades administrativas para revelarse como una falla sistémica que atravesó múltiples capas del Estado sin encontrar resistencia.
La dimensión del colapso institucional
Lo que distingue al caso SeNaSa de otros escándalos de corrupción en República Dominicana es precisamente el alcance de su penetración. Un esquema de esta magnitud, operativo durante años mediante facturación de servicios médicos no realizados, manipulación de procedimientos administrativos y desviación sistemática de fondos públicos, no pudo prosperar por negligencia aislada. Requirió una renuencia colectiva a fiscalizar, supervisar y asumir responsabilidades que debería haberse originado desde los niveles más altos de la administración pública.
El entramado operativo describía modalidades sofisticadas: servicios facturados que nunca se ejecutaron utilizando afiliados reales y prestadores habilitados, procedimientos cobrados como completos cuando fueron parciales, y canalización de fondos hacia personas físicas y jurídicas vinculadas a los imputados. Estos mecanismos no surgen espontáneamente, sino que revelan una comprensión técnica de cómo vulnerar los sistemas internos de SeNaSa, la institución que brinda cobertura a millones de dominicanos y constituye un pilar fundamental del acceso a la salud (escándalo que sacudió el país).
El silencio del Congreso Nacional
El Congreso Nacional de la República Dominicana, llamado constitucionalmente a ejercer fiscalización política y control presupuestario, permaneció al margen de manera injustificable. No existieron interpelaciones oportunas, comisiones especiales ni comparecencias públicas que obligaran a explicar déficits crecientes, contratos atípicos o concentraciones de poder administrativo. Cuando el órgano que representa directamente a la ciudadanía renuncia a preguntar, el sistema democrático pierde su principal contrapeso.
La fiscalización política es la única capaz de traducir cifras técnicas en responsabilidades públicas y consecuencias institucionales. Su ausencia normalizó la opacidad y permitió que decisiones de impacto financiero y social se tomaran sin escrutinio ni debate. En un Estado funcional, ese silencio constituiría una excepción grave; en el caso SeNaSa se convirtió en práctica operativa (crónica completa del caso).
El trato diferenciado de la Superintendencia de Seguros
La Superintendencia de Seguros debió intervenir de manera temprana y decidida. SeNaSa, como aseguradora estatal, maneja riesgo financiero, primas, pagos per cápita, coberturas y reservas técnicas. Contratos inflados, déficits recurrentes y pagos sin correlato real debieron activar alertas actuariales y de solvencia que habrían generado intervención inmediata en una aseguradora del sector privado.
Este doble estándar institucional evidencia una asimetría regulatoria que debilita la credibilidad del propio Estado. Permitir que una aseguradora pública opere con reglas laxas mientras se exige rigor extremo al sector privado envía un mensaje peligroso: que la ley es flexible cuando conviene políticamente. En ese terreno desigual, la mala gestión no se corrige ni se sanciona, sino que se reproduce como práctica administrativa normalizada (detalles del fraude y sus ramificaciones).
La vigilancia contra el lavado de activos
La Dirección de Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo contaba con elementos suficientes para actuar por tipología delictiva, sin necesidad de escándalo mediático. Pagos sistemáticos de sobornos equivalentes al treinta y cinco por ciento, uso de empresas interconectadas y movimientos financieros repetitivos sin sustento operativo configuraban lavado de activos en toda regla.
El caso SeNaSa demuestra que la corrupción administrativa y el lavado de activos no son fenómenos separados, sino fases de un mismo proceso delictivo. Cuando los flujos ilícitos no se interrumpen a tiempo, el daño económico se multiplica y la trazabilidad se diluye. La tardanza institucional no es neutral ni técnica, resulta funcional al delito porque permite que el dinero se oculte, se legitime y se reintegre al sistema financiero.
La inteligencia estratégica del Estado
La inclusión de la Dirección Nacional de Inteligencia en este análisis eleva la cuestión a un nivel de gobernanza estatal. El colapso de la principal aseguradora pública del país, el manejo irregular de decenas de miles de millones de pesos y la existencia de redes empresariales concentradas constituyen un riesgo estratégico que trasciende la simple administración.
La inteligencia estatal no debía auditar contratos ni investigar penalmente, pero sí producir análisis estratégico y alertar al Presidente sobre amenazas relevantes para la estabilidad institucional. Ya sea por incapacidad técnica o por omisión grave, el Estado quedó sin sus "ojos" en un momento crítico, debilitando la capacidad de reacción preventiva del poder Ejecutivo.
Lecciones para fortalecer la República Dominicana
SeNaSa no debe tratarse como una excepción peligrosa, sino como precedente y oportunidad de aprendizaje. Instituciones con consejos directivos politizados, alta discrecionalidad contractual, tercerizaciones extensivas, supervisión difusa y múltiples reguladores sin coordinación reproducen hoy las mismas condiciones de riesgo. Ignorar esa similitud equivale a aceptar la repetición del problema en otros sectores de la administración pública.
La verdadera solución no reside en crear nuevas capas burocráticas de control. El problema nunca fue la falta de instancias supervisoras, sino la inoperancia o complacencia de las existentes. Añadir otra estructura administrativa no fortalece el sistema de gobernanza, sino que diluye responsabilidades, incrementa la nómina pública y normaliza la idea errónea de que la solución a las fallas estatales es crear más instituciones en lugar de exigir responsabilidad a quienes incumplieron su deber.
La responsabilidad política como fundamento democrático
La responsabilidad política es ineludible frente a un entramado de tal magnitud. Frente al caso SeNaSa, la ausencia de cancelaciones administrativas, sanciones ejemplares o depuración institucional adecuada revela patrones profundos. O se protegió a funcionarios que fallaron sistémicamente, o se confió más en versiones internas que en señales objetivas del mercado y las instituciones, o se conocía el problema y se toleró por razones que aún requieren clarificación.
Cualquiera de esas opciones merece escrutinio porque revela un ejercicio del poder donde la reacción sustituye al control preventivo y la lealtad personal pesa más que la rendición de cuentas institucional. Pero aquí radica también la oportunidad: una democracia verdadera es aquella capaz de identificar sus fallas, enfrentarlas transparentemente y producir reformas reales.
Hacia una gobernanza robusta
La República Dominicana posee la capacidad institucional para corregirse. Los dominicanos han demostrado históricamente su compromiso con la búsqueda de justicia y transparencia. El caso SeNaSa, en toda su gravedad, ofrece la ocasión de fortalecer los mecanismos de control, establecer coordinación efectiva entre reguladores, garantizar la independencia de los organismos de fiscalización y, sobre todo, restablecer la confianza en las instituciones públicas.
El impacto humano de esta corrupción no debe perderse de vista: millones de dominicanos cuya confianza en el sistema de salud fue vulnerada, tratamientos negados, esperanzas defraudadas. Pero también representa la determinación de una nación de enfrentar sus desafíos con madurez democrática, reconociendo que la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional son inversiones en la viabilidad futura de la República.
Referencias usadas en Artículo
- Caso SeNaSa: El escándalo que sacudió el país
- Crónica completa del caso SeNaSa: de las denuncias políticas a los arrestos tras las revelaciones de N Investiga
- Caso SeNaSa: detalles del robo
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