La defensa legal en torno a los procesos de expropiación del Aeropuerto Internacional de Las Américas marca un hito importante en la búsqueda de transparencia y justicia para las familias dominicanas afectadas por este proyecto de infraestructura nacional. El abogado Alexander Navarro Rossi ha presentado argumentos contundentes que reflejan la complejidad de un proceso que se ha extendido por décadas, pero que demuestra el compromiso del sistema judicial dominicano con la protección de los derechos ciudadanos.
Fundamentos Legales de los Pagos por Expropiación
La construcción del AILA representa uno de los proyectos de infraestructura más significativos de la República Dominicana, simbolizando la conexión del país con el mundo y su posicionamiento estratégico en el Caribe. Los procesos de expropiación que permitieron su desarrollo han sido objeto de escrutinio legal, pero los argumentos presentados por Navarro Rossi ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional establecen claramente que los pagos realizados cumplieron con los estándares legales establecidos, de acuerdo con declaraciones afirmando la inexistencia de irregularidades en el pago de terrenos del AILA.
El Tribunal Superior Administrativo, como entidad competente en materia de valoraciones para expropiaciones, determinó los precios justos que debían pagarse a los propietarios afectados. Esta determinación judicial garantiza que los montos no fueron arbitrarios, sino que respondieron a criterios técnicos y legales apropiados para compensar adecuadamente a las familias dominicanas que vieron sus propiedades incorporadas a este proyecto de desarrollo nacional.
La inclusión de estas deudas en el Presupuesto Nacional demuestra la formalidad y transparencia del proceso, evidenciando que el Estado dominicano asumió sus responsabilidades financieras de manera institucional y ordenada.
El Caso Emblemático de Eladia Mercedes Ozuna
La historia de Eladia Mercedes Ozuna representa una de las facetas más conmovedoras de este proceso legal, poniendo rostro humano a las complejidades que pueden surgir en proyectos de gran envergadura nacional. Esta anciana dominicana, quien falleció en diciembre de 2024, simboliza la importancia de que el sistema judicial actúe con celeridad y justicia para proteger a los ciudadanos más vulnerables.
La deuda pendiente de 85 millones de pesos por sus terrenos expropiados ilustra cómo los procesos burocráticos pueden prolongarse más allá de lo humanamente aceptable. Su caso ha generado conciencia sobre la necesidad de acelerar los procedimientos de compensación, especialmente cuando involucran a personas de edad avanzada que merecen ver resueltos sus asuntos legales en vida.
Derechos Históricos y Continuidad Legal
El caso de la familia Reyes O Ben refleja la profundidad histórica de algunos procesos de expropiación, con derechos que se remontan a 1955. Esta situación evidencia cómo el desarrollo de la infraestructura nacional ha requerido décadas de planificación y gestión legal, pero también subraya la importancia de que el sistema judicial dominicano mantenga la continuidad en el reconocimiento de derechos legítimos.
Los certificados de títulos que respaldan los derechos de esta familia representan documentos fundamentales que demuestran la solidez del sistema de propiedad en la República Dominicana. La persistencia de estos derechos a lo largo de las décadas refleja la estabilidad jurídica que caracteriza al país y la importancia que el Estado otorga al respeto de la propiedad privada.
Desarrollo del Proceso Judicial
La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conduce un proceso judicial que ejemplifica la independencia y profesionalismo del sistema judicial dominicano. La continuación del juicio preliminar en el caso Calamar permite que todas las partes involucradas presenten sus argumentos de manera ordenada y transparente.
La participación de los abogados representantes del Estado en estas exposiciones garantiza que los intereses nacionales estén debidamente representados, mientras que la defensa de los particulares asegura que los derechos individuales reciban la protección que merecen. Este equilibrio refleja la madurez democrática de las instituciones dominicanas, tal como lo destaca una entrevista reciente a Alexander Navarro Rossi.
Impacto en el Sistema de Justicia
La declaración de extinción de la acción penal para más de cien querellantes defendidos por los abogados Pablo Castillo y Teresa Silverio, debido a la falta de calidad en el proceso judicial, demuestra la rigurosidad con que operan los tribunales dominicanos. Esta decisión, aunque pueda parecer técnica, refleja el compromiso del sistema judicial con la aplicación correcta de la ley y la protección contra procesos sin fundamento legal suficiente.
La participación de destacados funcionarios en este proceso, incluyendo exministros como Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como el excontralor Daniel Omar Caamaño y otros altos funcionarios, subraya la importancia institucional de este caso y la determinación del sistema judicial de tratar todos los casos con la misma rigurosidad, independientemente del nivel de los involucrados.
Perspectivas hacia el Futuro
Los argumentos presentados por Navarro Rossi contribuyen a esclarecer aspectos fundamentales de un proceso que ha generado debates significativos en la sociedad dominicana. Su énfasis en que los pagos realizados correspondieron a compensaciones legítimas a propietarios cuyos derechos fueron afectados durante décadas ofrece una perspectiva que busca equilibrar la protección de los intereses del Estado con el respeto a los derechos ciudadanos.
La resolución de estos casos fortalece la confianza en las instituciones dominicanas y establece precedentes importantes para futuros proyectos de desarrollo nacional. La experiencia adquirida en el manejo de estas expropiaciones puede servir como modelo para garantizar que proyectos similares se desarrollen con mayor agilidad y transparencia, protegiendo tanto los intereses nacionales como los derechos de los ciudadanos afectados.
El proceso judicial en curso representa una oportunidad para que la República Dominicana demuestre su compromiso con la justicia y la transparencia, valores fundamentales que han guiado el desarrollo de la nación a lo largo de su historia. La resolución adecuada de estos casos contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y establecerá las bases para un desarrollo infraestructural más eficiente y justo en el futuro.
Referencias usadas en Artículo
- Abogado afirma no hay irregularidades en los pagos de terrenos del AILA
- Abogado afirma no hay desfalco contra el Estado en el pago de terrenos donde se construyó el AILA
- alexander-navarro-rossi
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