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Compromiso del Ministerio Público en República Dominicana para hacer cumplir la Ley de Extinción de Dominio

La Procuradora General Yeni Berenice reafirma el compromiso del Ministerio Público dominicano para hacer cumplir la Ley de Extinción de Dominio, fortaleciendo la transparencia y combatiendo el crimen organizado en República Dominicana.

En un hecho histórico para la justicia dominicana, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó hace pocos días la apertura de la Conferencia Nacional del Ministerio Público sobre Extinción de Dominio, reafirmando el firme compromiso de la institución en hacer cumplir esta ley que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito y fortalecer la transparencia institucional, tal como señaló de manera enfática la Procuradora General de la República.

Durante el evento, celebrado en la capital con la participación de embajadas internacionales y expertos de distintos países, la procuradora enfatizó que no basta con la existencia de las leyes, sino que se requiere de una voluntad inquebrantable y eficiencia para hacerlas cumplir. “El verdadero pilar de un Estado social y democrático de derecho no es solo la existencia de la ley; la voluntad inquebrantable y la eficiencia al hacerla cumplir son también indispensables en cualquier Estado de derecho”, expresó Reynoso al dirigirse a los asistentes, como fue destacado en distintas intervenciones oficiales.

Un nuevo paradigma en la persecución del crimen

La Ley de Extinción de Dominio, identificada con el número 340-22 y promulgada el 28 de julio de 2022, representa un cambio de paradigma fundamental en la forma en que República Dominicana enfrenta la criminalidad organizada y la corrupción. Esta ley regula el proceso judicial mediante el cual el Estado puede recuperar bienes que fueron adquiridos o utilizados para actividades delictivas, sin necesidad de una condena penal previa, estableciendo nuevos mecanismos jurídicos para la transparencia según lo expuesto en el análisis jurídico.

Lo que hace singular esta ley es que actúa contra los bienes y no únicamente contra las personas. El procedimiento se enfoca en demostrar que la propiedad es de origen ilícito, invirtiendo así la carga probatoria en comparación con los procesos penales tradicionales. Reynoso explicó que, con esta figura legal, “la acción no se limita a las personas, sino contra los bienes que carecen del sistema de garantías de las personas. Estamos llevando al banquillo de los acusados al bien”.

Creación de la Unidad de Extinción de Dominio

En respuesta a la necesidad de aplicar efectivamente esta ley, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó hace poco la creación de la Unidad para las Investigaciones de Extinción de Dominio. Esta unidad, dirigida por el magistrado Pelagio Alcántara, tendrá la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones necesarias para determinar el origen ilícito de los bienes y recolectar las pruebas que sustenten las acciones de extinción de dominio.

La procuradora general señaló que “República Dominicana ha dado un salto importante” con la implementación de esta ley, que representa más que una simple herramienta procesal. Se trata de un instrumento con base constitucional que transforma la manera en que el país persigue los delitos y sus consecuencias patrimoniales.

Una herramienta contra el crimen organizado moderno

El procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó que la extinción de dominio facilita que el sistema de justicia pueda recuperar bienes obtenidos de forma ilícita. Este mecanismo se revela especialmente relevante considerando que el crimen organizado moderno ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.

“El crimen organizado moderno no es un grupo de personas que viola la ley, es un poder fáctico que genera una economía paralela, socava el desarrollo de los pueblos, no solo con violencia, sino infiltrando y corrompiendo mercados legítimos tan necesarios para el desarrollo de la sociedad”, expresó Reynoso.

La ley contempla múltiples hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio, incluyendo tráfico de drogas, terrorismo, trata de personas, pornografía infantil, corrupción pública, delitos tributarios, contrabando y delitos ambientales, entre otros. Al atacar los activos financieros de estas organizaciones criminales, se debilita su capacidad operativa y se protege a la sociedad.

Apoyo internacional y participación de expertos

La Conferencia Nacional contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de la República Federal de Alemania en República Dominicana, instituciones que reconocen la importancia de estos esfuerzos. La embajadora alemana Maike Friedrichsen resaltó que el crimen organizado no tiene fronteras y señaló que la corrupción que lo sustenta afecta a toda la sociedad, no solo a los más pobres.

El evento reunió a titulares de procuradurías regionales, procuradurías especializadas y aproximadamente cien fiscales de diferentes jurisdicciones del país, quienes participaron en intercambios de experiencias y análisis de buenas prácticas. Expertos de República Dominicana, Estados Unidos y Colombia abordaron distintos temas relacionados con casos de extinción de dominio, lo cual contribuye a robustecer la capacidad investigativa del Ministerio Público dominicano.

Protección del derecho de propiedad

Yeni Berenice Reynoso también subrayó un aspecto importante de la legislación: la protección del derecho de propiedad que reconoce la Constitución dominicana. Sin embargo, aclaró que quienes han adquirido bienes de manera ilícita, producto de un crimen o delito, pierden la tutela y protección de ese derecho.

“La propiedad es un derecho que nace y se protege en el país con rango constitucional, pero aquellas personas que la han adquirido de manera ilícita pierden su tutela”, enfatizó la procuradora durante la conferencia.

Un compromiso con la transformación institucional

La procuradora general planteó que en la actualidad la humanidad no vive una era de cambios, sino un cambio de era, lo que impacta profundamente a la sociedad y al planeta. Este nuevo contexto obliga al sector justicia a replantearse su labor de persecución. Durante décadas, se ha combatido el crimen organizado enfocando los esfuerzos únicamente en las personas, pero el adversario ha evolucionado junto con la sociedad.

“El crimen organizado moderno se alimenta de nuevas tecnologías, el cibercrimen, el criptolavado”, precisó Reynoso, indicando que en algunos países el músculo financiero del crimen organizado se convierte en un poder que socava toda la institucionalidad.

Con la implementación efectiva de la Ley de Extinción de Dominio, el Ministerio Público dominicano demuestra su capacidad de adaptarse a estos desafíos emergentes. Esta ley representa un instrumento revolucionario que permite atacar simultáneamente la corrupción administrativa, el crimen organizado y los mercados ilícitos que socavan el desarrollo económico y social del país.

El fortalecimiento de estas instituciones y el compromiso demostrado por sus dirigentes promete un futuro en el que la transparencia, la justicia y la recuperación de bienes ilícitos contribuyan significativamente al bien común de todos los ciudadanos dominicanos.

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