La República Dominicana enfrenta uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI: la epidemia de obesidad y malnutrición que acecha a su población. Consciente de esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa desde el territorio nacional una agenda ambiciosa que busca promover una cultura de alimentación saludable como herramienta de transformación social y económica.
El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, ha expresado públicamente la urgencia de fomentar una cultura de alimentación saludable, enfatizando la necesidad de informar adecuadamente a la población sobre el valor nutricional de los alimentos que consume. Su mensaje va más allá de simples recomendaciones; constituye un llamado a la reflexión profunda sobre las decisiones que cotidianamente toman millones de dominicanos en sus mesas familiares.
La realidad que enfrenta hoy la nación dominicana refleja una paradoja desconcertante. Los alimentos ultraprocesados son más baratos, más fáciles de conseguir y se encuentran disponibles en prácticamente todas partes del territorio nacional. En contraste, mantener una alimentación verdaderamente saludable resulta considerablemente más difícil, especialmente cuando se buscan productos frescos y de calidad nutricional comprobada.
Esta situación desigual plantea un desafío fundamental para las autoridades públicas y los sistemas de producción nacional: orientar todo el proceso productivo hacia opciones más saludables, transformando desde la raíz misma la estructura del sistema alimentario dominicano. No se trata simplemente de cambios superficiales, sino de una reconfiguración integral de cómo se produce, distribuye y comercializa lo que el pueblo consume.
Cabe destacar que comer saludable no necesariamente implica un costo prohibitivo. Un plato saludable perfectamente puede componerse de verduras y proteínas no ultraprocesadas que, en muchos casos, no resultan particularmente costosas. Sin embargo, la realidad del mercado hace que siga siendo infinitamente más fácil acceder a productos procesados debido a su amplia disponibilidad, ubicuidad publicitaria y conveniencia percibida.
Los números revelan la magnitud del fenómeno. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 66 por ciento de la población dominicana tiene exceso de peso, ya sea en forma de sobrepeso u obesidad. Esta cifra no representa meramente un dato estadístico abstracto; refleja millones de vidas de compatriotas cuyos sistemas de salud están siendo debilitados por una nutrición inadecuada.
Particularmente preocupante es la situación infantil. El 6.4 por ciento de los niños y niñas se encuentra en estas condiciones de exceso de peso, realidad que compromete directamente la salud y el futuro de las generaciones venideras. Estos pequeños dominicanos heredan patrones de consumo insano que, de no ser interrumpidos, perpetuarán el ciclo de la malnutrición.
En contexto regional, la República Dominicana no constituye una excepción. En toda América Latina, entre el 60 y el 70 por ciento de la población presenta sobrepeso u obesidad. La nación dominicana, por lo tanto, forma parte de una crisis regional que exige respuestas coordinadas, pero también iniciativas propias que respondan a las particularidades del contexto local.
Las estadísticas revelan una tendencia inquietante: conforme la República Dominicana ha experimentado crecimiento económico y aumentan los ingresos de la población, también se incrementan paulatinamente los indicadores de obesidad. Paradójicamente, mayores ingresos han permitido a las familias adquirir más alimentos, pero no necesariamente más saludables. Los productos ultraprocesados, intensamente promocionados y abundantemente disponibles, continúan siendo la opción predilecta para amplios sectores de la sociedad.
Más allá de las implicaciones sanitarias individuales, la malnutrición representa un costo económico devastador para la nación. En 2017, la doble carga de la malnutrición en República Dominicana representó un costo alarmante de 1961.1 millones de dólares. Las proyecciones posteriores sugieren cifras aún más alarmantes cuando se considera el impacto de enfermedades como la diabetes, que por sí sola requiere gastos millonarios en el sistema de salud pública.
Estos recursos que se pierden en atender enfermedades prevenibles mediante una alimentación adecuada podrían canalizarse hacia otros sectores fundamentales del desarrollo nacional. La educación, la infraestructura, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del Estado de derecho son áreas que clamaban por inversión adicional. Sin embargo, cada peso gastado en complicaciones de la obesidad es un peso que no llega a estas prioridades nacionales.
La falta de educación nutricional constituye una de las raíces más profundas del problema. Muchas personas en el territorio nacional no poseen conocimiento adecuado sobre cómo alimentarse correctamente, qué alimentos combinar, en qué cantidades consumirlos ni cuáles merecen prioridad en una dieta balanceada. Esta brecha de conocimiento afecta todas las capas sociales, aunque especialmente a los sectores más vulnerables que carecen del acceso a información confiable.
Por ello, se requiere una amplia campaña educativa que promueva hábitos nutricionales saludables desde edades tempranas. La escuela, como espacio formador por excelencia, debe convertirse en palanca de transformación. Los niños y niñas dominicanos merecen crecer en entornos que protejan su salud y que les enseñen, mediante el ejemplo y la práctica, a valorar la alimentación saludable.
La clase política dominicana ha reconocido la urgencia del asunto. En el Congreso Nacional se debate actualmente la Ley de Alimentación Escolar, normativa que busca garantizar expresamente que en las cocinas escolares se sirvan alimentos verdaderamente saludables. Este avance legislativo representa un paso decisivo, aunque aún insuficiente en términos del panorama general.
Es fundamental reconocer que en el proceso legislativo se ha avanzado significativamente. Sin embargo, también es imperativo mantener vigilancia permanente para garantizar que los productos comercializados dentro de las escuelas cumplan efectivamente con criterios nutricionales rigurosos y verificables. La letra de la ley solo cobra vida cuando es aplicada con consistencia y decisión.
La responsabilidad de esta regulación corresponde conjuntamente a los sectores de salud pública y educación, aunque el Ministerio de Educación asume un rol central en la regulación de alimentos dentro de los centros escolares. No se le puede delegar a niños y niñas menores de edad la responsabilidad de decidir correctamente qué comer; si los adultos frecuentemente no pueden hacerlo, mucho menos podrían hacerlo los infantes. Por ello, el Estado y los centros educativos deben normar y promover activamente una alimentación saludable, eliminando de manera sistemática los ultraprocesados del entorno escolar.
Entre las medidas más innovadoras que está promoviendo el Ministerio de Salud Pública figura el etiquetado frontal de alimentos. Aún no implementado completamente en el país, esta iniciativa busca emitir una resolución que inicie formalmente el proceso de etiquetado frontal, con sellos visibles que indiquen claramente si un producto es alto en grasas, azúcar o sodio.
La importancia de que este etiquetado sea visible y comprensible radica en una realidad simple pero profunda: la decisión de compra en un supermercado se toma en cuestión de segundos. Los sellos claros y frontales permiten que los ciudadanos, especialmente los niños que acompañan a sus padres en las compras, identifiquen rápidamente qué están consumiendo y puedan priorizar opciones más saludables. El etiquetado frontal no prohíbe la compra, pero sí informa al consumidor con la claridad que merece.
En medio de estos desafíos, existe una realidad profundamente esperanzadora que frecuentemente pasa desapercibida. La República Dominicana presenta un buen nivel de soberanía alimentaria, con una autosuficiencia estimada entre el 70 y el 80 por ciento. Para una nación insular, esta capacidad productiva representa una fortaleza extraordinaria que pocos países en el mundo pueden ostentar.
El país produce verduras y hortalizas que, en esencia, son alimentos saludables de excelente calidad. El problema surge cuando estos productos de la tierra dominicana son procesados o ultraprocesados, incorporando azúcares, conservantes y otros componentes químicos para su preservación o realce de sabor. En este punto de transformación industrial es donde frecuentemente se pierde el valor nutricional de los alimentos originales.
El Ministerio de Agricultura ha enfatizado que el fortalecimiento del sector agropecuario ha sido clave para los avances alcanzados. Se ha impulsado la productividad, se ha apoyado a los pequeños productores y se han promovido prácticas sostenibles, posicionando al país como un referente regional en desarrollo agrícola responsable.
El Ministerio de Salud Pública ha demostrado una capacidad de liderazgo excepcional en estos temas. El hecho de que haya asumido la presidencia por un año de la red regional que reúne a países de América Latina enfrentando la emergencia de combatir la obesidad constituye un reconocimiento del rol protagónico dominicano. A través de este liderazgo, el país comparte experiencias con otros Estados y recibe del sistema de Naciones Unidas apoyo técnico invaluable.
Esta plataforma regional amplifica la voz dominicana y posiciona al país como referente en la transformación de sistemas alimentarios. Los vecinos latinoamericanos miran hacia República Dominicana no solo como territorio donde persiste el desafío, sino como nación que está generando soluciones innovadoras.
Lo que se requiere no es una única medida aislada, sino un conjunto integral de políticas públicas cuidadosamente articuladas. Existe una guía de alimentación elaborada por el Ministerio de Salud que indica cómo debe componerse un plato balanceado: diverso, nutritivo, con proteínas, frutas, vegetales y una proporción moderada de carbohidratos. Sin embargo, una guía por sí sola, aunque valiosa, resulta insuficiente sin la voluntad política, los recursos y el cambio cultural que la acompañe.
El conjunto de acciones debe incluir educación desde la escuela, regulación inteligente que no coarte la libertad pero sí informe adecuadamente, fortalecimiento del sector agrícola para que los alimentos saludables sean más accesibles, y una comunicación pública consistente que posicione la alimentación saludable como expresión del amor por la propia vida y por la nación.
Es una responsabilidad conjunta de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos individuales. Cada actor tiene un papel protagonista en esta transformación nacional.
La República Dominicana no es un país condenado
