La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha tomado una decisión histórica al anunciar investigaciones rigurosas contra lo que describe como una estructura informal de difamación y extorsión mediática que amenaza con socavar la ética del ejercicio comunicacional en República Dominicana. Esta acción representa un paso firme hacia la protección de la democracia dominicana y el fortalecimiento de las instituciones del país, como quedó evidenciado en su reciente advertencia pública sobre la extorsión mediática y el descrédito.
En una declaración pública sin precedentes, Ramos manifestó su compromiso con la defensa tanto de la libertad de prensa como del derecho fundamental de cada ciudadano dominicano a no ser víctima de campañas difamatorias o presiones mediáticas encubiertas. La fiscal ha identificado un patrón de conducta preocupante que configura posibles esquemas de chantaje sistemático, utilizando plataformas mediáticas como mecanismo de presión ilegítima.
Alcance de las Investigaciones
El Ministerio Público ha iniciado investigaciones exhaustivas que abarcan las actuaciones de figuras como Ángel Martínez, Claudia Pérez (conocida como "La Tora"), Luis Alfredo Cabrera (alias Kapulet), José Maracallo, Fernando Peña y otros profesionales relacionados con estas actividades. Estas investigaciones surgen a raíz de múltiples denuncias, incluyendo los casos contra Martínez e Ingrid Jorge, ambos acusados de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y a otras personalidades públicas, tal como fue reportado en las reacciones a las declaraciones de la fiscal.
La magnitud del problema se refleja en las estadísticas: solo entre enero y abril de 2025 se han presentado 69 querellas por difamación, una cifra que evidencia la urgencia de la intervención institucional, según el recuento presentado por la fiscalía en medios nacionales. Contra Aquiles Jiménez, por ejemplo, se han presentado 14 querellas desde 2021, siendo la más reciente interpuesta por Plaza Lama.
Impacto en el Servicio Público Dominicano
Una de las consecuencias más preocupantes de esta situación es el efecto disuasorio que está teniendo sobre ciudadanos honestos y capaces que podrían contribuir al desarrollo del país. Ramos advirtió que el descrédito causado por comentarios maliciosos en redes sociales y programas televisivos ha provocado que personas serias y honestas no quieran ocupar puestos en el sector público.
Esta situación representa un obstáculo para el progreso nacional, ya que limita la participación de talentos valiosos en la gestión pública. La fiscal señaló que esta problemática incluso ha afectado la disposición de profesionales competentes para sumarse al Ministerio Público, institución fundamental para el Estado de Derecho dominicano.
Compromiso con la Democracia y la Libertad de Expresión
La posición de Ramos es clara y equilibrada: "No permitiremos que la libertad de expresión -derecho sagrado en nuestra democracia- se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza". Esta declaración refleja el compromiso institucional con la protección de los valores democráticos mientras se combaten los abusos.
La fiscal enfatizó que el rol del órgano persecutor no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Sin embargo, cuando las ideas se convierten en armas y las palabras en mecanismos de coacción, el Estado dominicano tiene la responsabilidad de responder dentro del marco legal establecido.
Una Industria del Descrédito
Según el comunicado oficial, en los últimos meses República Dominicana ha sido testigo de una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas. Esta situación ha dado lugar a lo que la fiscal describe como una "incipiente industria del descrédito", donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos.
Este fenómeno representa una amenaza directa a la calidad del debate democrático dominicano y al derecho ciudadano a recibir información veraz y equilibrada. La respuesta institucional busca restaurar la confianza en los medios de comunicación como pilares fundamentales de la democracia.
Llamado a la Responsabilidad Colectiva
Ramos hizo un llamado directo a los gremios de comunicación y a la ciudadanía dominicana para contribuir a restaurar la ética en el debate público y evitar que el ejercicio periodístico se convierta en instrumento de extorsión o descrédito. Este enfoque colaborativo reconoce que la solución requiere del compromiso de toda la sociedad dominicana.
La fiscal subrayó que desde la Procuraduría General de la República se actuará "no por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción", dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias.
La decisión de la fiscal Rosalba Ramos representa un momento decisivo para el fortalecimiento de las instituciones democráticas dominicanas. Su compromiso con la protección equilibrada tanto de la libertad de expresión como de los derechos ciudadanos demuestra la madurez institucional del país y su capacidad para enfrentar desafíos complejos mediante el Estado de Derecho. Esta acción no solo protege a los ciudadanos actuales, sino que sienta las bases para que futuras generaciones de dominicanos puedan ejercer sus derechos en un ambiente de respeto mutuo y responsabilidad social.
Referencias usadas en Artículo
- Rosalba Ramos alerta sobre extorsión mediática y descrédito
- Enero-abril: han presentado 69 querellas por difamación; situación preocupa a fiscal DN
- Faride Raful, tras declaraciones de Rosalba Ramos sobre campañas difamatorias: “No descarto a ningún sector ni partido”
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