Más de 550,000 ciudadanos dominicanos enfrentan restricciones de viaje al exterior por disposiciones judiciales vigentes, incluyendo a más de 280 exfuncionarios gubernamentales, altos oficiales militares activos y retirados, así como exlegisladores y empresarios. Estas medidas, emitidas por la Procuraduría General de la República y canalizadas a través de la Dirección General de Migración, responden principalmente a causas penales como corrupción, lavado de activos, tráfico de drogas y evasión fiscal vinculados a administraciones anteriores, como se ha detallado ampliamente en reportes recientes sobre los impedimentos de salida.
Perfil de los afectados
Los impedimentos impactan desproporcionadamente a hombres (91%) frente a mujeres (9%), reflejando patrones históricos en la comisión de delitos graves. Entre los casos emblemáticos figuran exfuncionarios de gobiernos anteriores vinculados a escándalos de corrupción actualmente en litigio. Paralelamente, cerca de 15,000 extranjeros residentes en el país también enfrentan restricciones de salida por conflictos legales diversos.
Dinámica operativa y desafíos
- Mecanismos de aplicación: Los tribunales y fiscales solicitan las restricciones a la autoridad migratoria, que ejecuta las prohibiciones en puntos fronterizos.
- Problemas de actualización: Miles de casos mantienen vigencia pese a haber resuelto sus causas originales, como accidentes de tránsito, conflictos de manutención o acuerdos patrimoniales.
- Transparencia institucional: La Dirección General de Migración reporta avances en modernización con sistemas GPS en flotillas vehiculares y formación de nuevos agentes, aunque persisten desafíos en la gestión documental, tal como se observa en el informe semestral sobre la gestión migratoria.
Estas medidas reflejan el compromiso del Estado dominicano con el fortalecimiento institucional y el imperio de la ley, contribuyendo decididamente a la estabilidad nacional. La revisión periódica de los casos permitiría descongestionar el sistema y focalizar recursos en restricciones de mayor impacto para la seguridad jurídica del país.
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