El Instituto Duartiano ha elevado una voz de alerta ante lo que considera un riesgo inminente para la identidad nacional: la venta de propiedades en la Ciudad Colonial de Santo Domingo a extranjeros, un fenómeno que podría diluir el legado histórico y arquitectónico de la República Dominicana. Esta preocupación, expresada con vehemencia por el presidente de la institución, doctor Wilson Gómez Ramírez, revela una tensión entre la globalización inmobiliaria y la preservación de la memoria colectiva. La emblemática zona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990, enfrenta desafíos que van más allá de la conservación física de sus estructuras, tocando fibras sensibles de la soberanía y la autodeterminación cultural.
Contexto histórico y valor simbólico de la Ciudad Colonial
La Ciudad Colonial, núcleo fundacional del primer asentamiento europeo en América, alberga joyas arquitectónicas que narran cinco siglos de historia. Entre sus calles empedradas destaca la Casa Museo Juan Pablo Duarte, ubicada en la calle Isabel la Católica, donde el prócer independentista pasó sus primeros años. Este inmueble, declarado patrimonio nacional mediante la Ley No. 492 de 1969, funciona como centro de difusión de los ideales duartianos desde 1967. Su arquitectura colonial, caracterizada por gruesos muros de piedra y techos elevados, alberga documentos fundacionales de la nación, como el acta de bautismo de Duarte y proyectos constitucionales redactados por él.
El valor de estas edificaciones trasciende lo estético: constituyen testimonios materiales de la gesta independentista. El Instituto Duartiano, creado en 1964, ha sido custodio de este legado mediante la organización de recorridos históricos que incluyen hitos como la Puerta de la Misericordia y el Fuerte San Genaro, espacios donde se forjó la conciencia nacional. Sin embargo, este esfuerzo conservacionista choca contra realidades económicas contemporáneas.
La denuncia: extranjerización del patrimonio edificado
Recientes investigaciones del Instituto Duartiano revelan un patrón preocupante: al menos 15 propiedades históricas en un radio de 500 metros alrededor de su sede han sido adquiridas por capitales extranjeros en los últimos tres años. Entre estos inmuebles figuran casas del siglo XVIII que fueron residencia de próceres de la Restauración y locales comerciales que funcionaron como centros de conspiración contra ocupaciones extranjeras.
El doctor Gómez Ramírez presentó evidencias fotográficas de establecimientos comerciales operados por extranjeros en la calle El Conde, a escasos metros del Altar de la Patria. "Estamos ante una paradoja: los mismos muros que resistieron invasiones hoy se venden al mejor postor internacional", declaró durante una rueda de prensa frente al Monumento a María Trinidad Sánchez. La transformación de estos espacios en restaurantes temáticos y tiendas de lujo para turistas, según el Instituto, erosiona su función como lugares de memoria colectiva.
Vacíos legales y presión internacional
La legislación dominicana actual, basada en la Ley No. 41-00 de Cultura y el Decreto 635-05, que crea la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial, carece de mecanismos para regular la titularidad extranjera de bienes patrimoniales. A diferencia de países como México o Perú, donde existen zonas restringidas a compradores nacionales, la República Dominicana mantiene una política de puertas abiertas que data de la Ley de Incentivo Turístico No. 158-01.
Este marco legal contrasta con disposiciones históricas como la Constitución de 1963, promulgada bajo el gobierno de Juan Bosch, que prohibía expresamente la venta de propiedades fronterizas a extranjeros. "Hemos retrocedido en protección patrimonial mientras avanzamos en globalización", señaló Gómez Ramírez, haciendo referencia al Artículo 17 de la Constitución vigente, que aunque promueve la defensa del patrimonio cultural, no especifica restricciones de nacionalidad para su adquisición.
Implicaciones geopolíticas y soberanía nacional
El fenómeno no se limita al ámbito cultural. El Instituto Duartiano ha documentado casos en la región fronteriza de Dajabón, donde terrenos colindantes con Haití han pasado a manos de ciudadanos de terceros países. Esta situación, sumada al flujo descontrolado de armas hacia Haití detectado en operativos aduaneros recientes, configura un escenario de vulnerabilidad estratégica.
Datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indican que las transacciones inmobiliarias con extranjeros en zonas patrimoniales crecieron un 34% entre 2022 y 2024, impulsadas por incentivos fiscales como la exención del ITBIS en construcciones turísticas. Mientras tanto, el Patronato de la Ciudad Colonial, ente creado en 1993 para gestionar el patrimonio, carece de facultades para intervenir en transacciones privadas.
Propuestas y llamado a la acción
Frente a este panorama, el Instituto Duartiano plantea una reforma legal integral que incluya:
- Creación de un Registro Especial de Bienes Patrimoniales con restricciones de venta.
- Establecimiento de un derecho de preferencia estatal en transacciones de inmuebles históricos.
- Modificación de la Ley No. 567 de Mecenazgo Cultural para incluir beneficios fiscales a conservadores nacionales.
- Implementación de un visado cultural que regule la residencia de extranjeros en zonas históricas.
Estas propuestas se alinean con recomendaciones internacionales de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que en su informe de 2023 sobre la Ciudad Colonial destacó la necesidad de "equilibrar desarrollo turístico y preservación identitaria".
El llamado del Instituto Duartiano resuena en un contexto donde 78% de los dominicanos, según una encuesta de la Universidad APEC, considera que la identidad nacional está "en riesgo" por factores externos. La defensa del patrimonio arquitectónico se revela así no como un ejercicio nostálgico, sino como pilar fundamental de la soberanía contemporánea. En palabras de Gómez Ramírez: "Proteger estas piedras es proteger el alma de la dominicanidad".
Mientras las autoridades evalúan estas propuestas, la Casa de Duarte continúa recibiendo visitantes entre aguas estancadas y promesas incumplidas de mantenimiento, según denuncias recientes. Este contraste entre abandono institucional y auge comercial extranjero plantea interrogantes urgentes sobre qué tipo de desarrollo quiere la nación y a qué precio está dispuesta a lograrlo.
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