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Juan Hubieres denuncia mafia en subsidios de combustibles y propone eliminación para transparencia y justicia

Juan Hubieres denuncia la mafia en los subsidios de combustibles en República Dominicana y propone su eliminación para poner fin a la corrupción y garantizar tarifas justas en el transporte público. Conoce los detalles de esta importante denuncia y propuesta para el país.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, Juan Hubieres, ha levantado su voz nuevamente para denunciar lo que describe como una red de corrupción sistémica en la distribución de subsidios de combustible en República Dominicana. Sus declaraciones han puesto sobre la mesa un tema que afecta profundamente la economía nacional y la equidad en la distribución de recursos públicos destinados a impulsar sectores productivos del país.

La magnitud del problema

Según Hubieres, el sector empresarial dominicano recibe aproximadamente 30 mil millones de pesos en subsidios de combustibles, una cifra que no incluye los fondos destinados a generadores eléctricos. Esta revelación contrasta dramáticamente con los apenas tres mil millones de pesos que reciben los transportistas de carga y pasajeros, quienes representan uno de los motores económicos más importantes de la nación. El dirigente sindical ha señalado que estos 30 mil millones de pesos involucran a grandes empresas y corporaciones, entre las que mencionó específicamente a Barrick Gold, así como a importantes destinos turísticos como Punta Cana, San Felipe y Puerto Plata. También se incluyen en esta lista empresas del sector turístico y zonas francas, todas beneficiarias de un sistema de subsidios que, según Hubieres, carece de la transparencia necesaria.

El mercado negro y la complicidad oficial

Uno de los aspectos más preocupantes de esta denuncia es la confirmación de que, de acuerdo al líder de Fenatrano, aproximadamente el 40 por ciento del combustible subsidiado circula en el mercado negro. Este hecho, ha enfatizado Hubieres, es de conocimiento público entre funcionarios del Estado dominicano, quienes hasta ahora no han tomado medidas concretas para frenar esta sangría de recursos públicos. El presidente de Fenatrano ha denunciado públicamente en múltiples ocasiones esta situación, sin que se hayan implementado acciones correctivas significativas. La distribución de combustible subsidiado, según estas denuncias, no responde a criterios técnicos o de necesidad real, sino que depende de las conexiones políticas de empresarios y transportistas con el poder, del chantaje y de la capacidad para presentarse como “los más grandes del país”. Esta realidad ha generado una profunda desigualdad en el acceso a estos beneficios.

Los transportistas: grandes contribuyentes, pequeños beneficiarios

Hubieres ha enfatizado que los transportistas de carga y pasajeros constituyen la mayor zona franca del país en términos de generación de empleos y contribución al Producto Interno Bruto. A pesar de su importancia estratégica para la economía dominicana, el 80 por ciento de los transportistas afiliados a Fenatrano no reciben el subsidio del “Bonogas”, aunque entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el FITRANT y el Gabinete de Transporte conocen que solo en el Gran Santo Domingo, Fenatrano moviliza entre el 65 y 70 por ciento de los usuarios del transporte público. Esta situación evidencia una contradicción: mientras el sector del transporte mueve a millones de dominicanos diariamente y genera empleo para miles de familias, recibe una fracción mínima de los subsidios comparado con grandes corporaciones. Los transportistas contribuyen significativamente a la economía nacional, pagando impuestos sobre todos los insumos que importan y mantienen, sin tener vías para eludir estas obligaciones tributarias.

La mafia de los combustibles

El dirigente sindical ha sido enfático al afirmar que existe todo un tinglado de una mafia en el subsidio de los combustibles. Hubieres ha denunciado que funcionarios gubernamentales y sus allegados reciben combustible subsidiado para luego repartir las ganancias entre ellos. Esta red de corrupción opera con la complicidad silenciosa de quienes tienen el poder de cambiar las cosas pero optan por no hacerlo. Según declaraciones recientes, la mafia de los subsidios de combustible genera más que el narcotráfico, lo que dimensiona la magnitud del problema y el impacto económico que tiene sobre las arcas del Estado dominicano. Los recursos que podrían destinarse a mejorar servicios públicos, infraestructura o programas sociales están siendo desviados hacia un sistema opaco que beneficia a unos pocos.

Una propuesta para la transparencia

Ante esta situación, Juan Hubieres ha presentado una propuesta radical pero potencialmente efectiva: eliminar todos los subsidios de combustible. Esta medida, según el dirigente, pondría fin de manera definitiva a la mafia que se ha enquistado en este sistema. Para el caso específico de los transportistas de pasajeros, Hubieres propone establecer un precio justo de los pasajes que actualmente rondaría entre 150 y 160 pesos, equivalente al costo de la canasta de la OMSA, los corredores y el metro. Este precio reflejaría el costo real del servicio, que actualmente no paga el pasajero porque el gobierno cubre la diferencia a través de subsidios. Hubieres pide eliminar los subsidios de combustibles y aboga por un sistema más transparente y equitativo, donde los precios reflejen los costos reales y se eliminen las oportunidades de corrupción. Aunque podría representar un ajuste para los usuarios, también garantizaría un sistema más justo y sostenible a largo plazo.

Otras vías para generar ingresos

Hubieres no se ha limitado a señalar el problema de los combustibles. El dirigente ha propuesto al gobierno explorar otras fuentes de ingresos que podrían aliviar la presión fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables de la población. Entre estas propuestas se encuentra la investigación sobre la participación del Estado en empresas como Claro, que según denuncias podría generar más de 100 mil millones de pesos anuales en ingresos para el gobierno. También ha señalado la necesidad de revisar la venta de activos estatales a precios justos, el cobro adecuado por el arrendamiento de tierras del Estado que están en manos de sectores pudientes, y la valorización correcta de concesiones como las ondas hertzianas para canales de televisión y radio. Estas medidas, implementadas correctamente, podrían generar recursos significativos sin necesidad de gravar más a la clase media y los sectores populares.

El contexto del transporte dominicano

El sector del transporte en República Dominicana es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Millones de dominicanos dependen diariamente del transporte público para ir a sus trabajos, escuelas y realizar sus actividades cotidianas. Los transportistas, por su parte, enfrentan desafíos constantes: el mantenimiento de sus unidades, los costos operativos, la competencia y las fluctuaciones en los precios de los combustibles. A pesar de contribuir significativamente al PIB nacional y generar miles de empleos directos e indirectos, el sector ha sido históricamente relegado en términos de apoyo gubernamental real y efectivo. Las denuncias de Hubieres ponen de manifiesto esta desigualdad y la necesidad de repensar el modelo de subsidios vigente.

La economía solidaria como alternativa

En sus intervenciones públicas, Hubieres ha hecho referencia al artículo 222 de la Constitución dominicana, que establece la economía solidaria como un principio fundamental. Este modelo económico priorizaría a las familias, las pequeñas empresas y finalmente a las grandes corporaciones, creando un sistema más justo y equitativo de distribución de recursos y oportunidades. La implementación de este principio constitucional podría transformar la manera en que se asignan los subsidios y apoyos gubernamentales, asegurando que los recursos lleguen primero a quienes más los necesitan y contribuyen al bienestar colectivo de la nación. Las denuncias de Juan Hubieres representan un llamado urgente a la acción para las autoridades dominicanas. La transparencia en el manejo de los subsidios de combustible no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino un asunto de justicia social y equidad económica. El pueblo dominicano merece un sistema donde los recursos públicos se distribuyan de manera justa, donde la corrupción no tenga cabida y donde los sectores productivos que realmente sostienen la economía nacional reciban el apoyo que necesitan y merecen. La propuesta de eliminar los subsidios y establecer precios justos puede parecer radical, pero refleja la necesidad de cambios profundos en un sistema que claramente no está funcionando para el bienestar de la mayoría. Es momento de que las autoridades escuchen estas voces y tomen las decisiones valientes que el país necesita para avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos los dominicanos.

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