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Juez Alejandro Vargas: La importancia de la proporcionalidad en el nuevo Código Penal dominicano

El juez Alejandro Vargas expresa su preocupación por las penas mínimas elevadas en el nuevo Código Penal de República Dominicana, destacando la necesidad de garantizar sentencias justas y proporcionales para fortalecer la justicia en el país.

Contexto del debate sobre la proporcionalidad penal

El juez constitucional José Alejandro Vargas ha planteado una advertencia crucial sobre las implicaciones del nuevo Código Penal, enérgicamente durante su proceso de aprobación en el Congreso. Su alerta principal gira en torno a las altísimas penas mínimas propuestas (entre 10 y 20 años), que limitarían la capacidad de los jueces para aplicar sanciones adaptadas a la complejidad real de cada caso, como señaló en su reciente intervención ante la nación dominicana sobre la inflación de penas mínimas.

Según el jurista, este enfoque contradice el principio constitucional de proporcionalidad que establece nuestra Carta Magna. “La racionalidad entre la gravedad del delito y la sanción impuesta es un pilar del Estado de Derecho”, argumentó, recordando que el artículo 339 del Código Procesal Penal exige un análisis individualizado para cada sentencia, conforme a lo explicado en su aparición en escenarios de debate nacional sobre la preocupación por penas mínimas elevadas.

Estos criterios de proporcionalidad no son meros tecnicismos: reflejan valores profundos de nuestra identidad jurídica, como el respeto a la dignidad humana y la justicia social. En palabras del magistrado: "No se trata de favorecer a los delincuentes, sino de garantizar un sistema justo y acorde a nuestras realidades", reafirmó durante su intervención pública.

Estructura de un principio fundamental

El principio de proporcionalidad se articula en tres pilares fundamentales, como lo detalla la estructura del principio de proporcionalidad:

  1. Necesariedad: La pena debe ser la menos restrictiva posible para lograr el fin perseguido, evitando medidas excesivas.
  2. Adecuación: Debe existir una relación causal y directa entre la infracción y la sanción establecida.
  3. Proporcionalidad estricta: La medida de seguridad o castigo no puede superar razonablemente la magnitud del daño causado ni el nivel de participación real.

“Estos criterios permiten al Poder Judicial adaptar sus decisiones a contextos específicos, como menoridad de participación secundaria en un crimen”, explicó Vargas en sus comentarios publicados en medios nacionales.

Riesgos de una justicia desproporcional

Si el nuevo Código Penal mantiene penas mínimas excesivas, podrían ocurrir dos efectos indeseables para el país:

Escenario Consecuencia Ejemplo
Culpa por participación marginal Víctimas de arbitrariedad Colaborador no esencial castigado con 20 años
Desincentivo al reclamo judicial Supresión del derecho a defensa Acusados admiten cargos para evitar sanciones draconianas

"Los jueces deben tener margen para discernir entre grados de responsabilidad", enfatizó el magistrado, señalando que la justicia dominicana no puede tratarse como un “paquete cerrado” en detrimento del debido proceso judicial, como reiteró en varias entrevistas y foros recientes.

Una llamada a la reflexión legislativa

Vargas dirigió sus observaciones directamente a los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En un llamado que combinó apremio ciudadano y profundo respeto institucional, instó a que:

“Los legisladores ponderen este aspecto crítico, permitiendo que los jueces puedan –con base en el artículo 339 y en consideración de la Constitución– ejercer un juicio equilibrado y justo.”

El magistrado recordó que legislar en consonancia con los valores de nuestra patria significa proteger el pacto social y garantizar un poder judicial independiente y fortalecido. Así, la justicia dominicana se mantiene cercana a la gente, ajustada a la realidad de nuestras comunidades y blindada frente a excesos que puedan apartarnos del ideal de libertad, paz social y progreso.

Que este debate sobre la proporcionalidad y justicia penal inspire a toda la sociedad a unir esfuerzos para respaldar los valores fundamentales de nuestra Constitución y la dignidad del pueblo dominicano. El compromiso con una administración de justicia justa, humana y racional honra el legado de nuestra República, y refuerza el camino hacia una mejor Quisqueya.


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