La Importancia de la Ley 225-20 para la Sostenibilidad de las Agroindustrias en República Dominicana
La Ley 225-20, promulgada en octubre de 2020, tiene como objetivo garantizar la gestión eficiente de los residuos sólidos en República Dominicana. Su enfoque principal es fomentar el reciclaje, la reducción de desechos y el coprocesamiento, avanzando hacia un modelo sostenible y de economía circular, con beneficios ambientales y generación de empleo verde[4].
Sin embargo, la reciente aprobación en el Senado de una reforma a esta ley ha generado preocupación en sectores como la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios, INC. (ANIMPA). La medida podría tener un impacto negativo en las agroindustrias y el sector productivo nacional, afectando su competitividad y sostenibilidad económica.
Las enmiendas propuestas incluyen incrementos significativos en la contribución especial, lo que podría limitar la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales para sostener empleos, erosionando su competitividad y dificultando su contribución al crecimiento económico del país.
Participación de Sectores Productivos
Cualquier reforma debe incluir la participación de sectores productivos como las agroindustrias, el comercio y las micro, pequeñas y medianas empresas. También deben considerarse entidades clave como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado Sostenible. Excluir estos actores podría aumentar costos y limitar la competitividad empresarial.
ANIMPA destaca que la Ley 225-20 fue fruto de un consenso público-privado diseñado para promover la sostenibilidad. Antes de implementar reformas, es fundamental garantizar la aplicación completa de las disposiciones pendientes y equilibrar las necesidades ambientales con las realidades económicas de los sectores productivos.
Equilibrio Ambiental y Económico
La asociación insta a la Cámara de Diputados a asegurar un proceso transparente y participativo en cualquier modificación. Incluir a las agroindustrias y otros sectores económicos es esencial para desarrollar una normativa que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía nacional.
Conclusión
La Ley 225-20 es un paso crucial hacia la sostenibilidad ambiental y económica en República Dominicana. Sin embargo, cualquier reforma debe ser cuidadosamente considerada para evitar impactos negativos en los sectores productivos. La participación activa de todas las partes interesadas es fundamental para lograr un equilibrio entre las necesidades ambientales y las realidades económicas.
