Cada veintinueve de octubre el mundo conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, pero en la República Dominicana esta fecha debe convertirse más en reflexión que en celebración. El ACV o "derrame cerebral" continúa siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país, al igual que en el mundo, y su atención sigue siendo un privilegio de pocos, a pesar de que cada minuto perdido significa la muerte de cerca de dos millones de neuronas.
La realidad que enfrentamos es contundente: entre veintidós mil y veintiséis mil dominicanos sufren un accidente cerebrovascular cada año. Esto equivale a aproximadamente cuarenta y cuatro casos diarios, lo que se traduce en que cada veinticuatro minutos, un compatriota nuestro enfrenta este evento catastrófico. De esos casos, más del setenta por ciento no recibe tratamiento adecuado porque nuestro sistema de salud no está plenamente capacitado para responder a esta emergencia, tal y como lo advierten expertos en neurología.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año más de doce millones de personas sufren un ACV y más de seis millones y medio mueren a consecuencia directa o indirecta de este evento. En América Latina, la situación no es diferente. Según la Organización Panamericana de la Salud, los ACV representan el nueve por ciento de todas las muertes y son responsables de una de cada seis hospitalizaciones neurológicas. En países como Chile, Argentina y Brasil se han desarrollado redes nacionales de atención al ACV que han reducido la mortalidad hasta en treinta por ciento. En cambio, en la República Dominicana seguimos sin una red nacional de ACV, sin protocolos prehospitalarios estandarizados y con un acceso al tratamiento limitado exclusivamente al sector privado.
Comprendiendo el enemigo
Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe o se rompe un vaso cerebral, privando de oxígeno y nutrientes a las neuronas. Existen dos tipos principales: el ACV isquémico, causado por la obstrucción de una arteria, frecuentemente por un coágulo que bloquea la circulación; y el ACV hemorrágico, producido por la ruptura de un vaso sanguíneo. En ambos casos, la privación de oxígeno es devastadora: más de setecientos kilómetros de fibras nerviosas pueden verse comprometidas en minutos.
Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y, reconocerlos a tiempo es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. La población debe estar atenta a la desviación facial, la debilidad súbita en un brazo o una pierna, la dificultad para hablar o comprender el lenguaje, la pérdida de visión en uno o ambos ojos, el mareo intenso o el dolor de cabeza severo que no se explica por otras causas.
La ventana de oro: cuando cada segundo cuenta
Existe un período crítico de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas durante el cual el tratamiento puede ser revolucionario. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente en un hospital con capacidad para atención neurológica de emergencia. Allí se puede aplicar terapia de reperfusión aguda, la cual busca restaurar el flujo sanguíneo al cerebro mediante dos estrategias principales.
La trombólisis intravenosa disuelve el coágulo con un medicamento endovenoso, idealmente dentro de las primeras cuatro horas y media de haber iniciado los síntomas. La trombectomía mecánica extrae el coágulo mediante un catéter dentro de las primeras veinticuatro horas. Ambos tratamientos pueden devolverle la vida y la independencia al paciente, pero solo si se aplican a tiempo. En el contexto del ACV, el tiempo no es dinero: el tiempo es cerebro, es recuperación, es futuro.
La brecha de la inequidad
La realidad del tratamiento del ACV en República Dominicana refleja una profunda inequidad sanitaria que hiere el principio fundamental de justicia en salud. Actualmente en la capital de la república, solo tres centros están certificados por la Organización Mundial de ACV para ofrecer manejo integral y dar tratamiento de reperfusión aguda. Estos son CEDIMAT, con la única unidad de ACV de Santo Domingo, y los centros privados Corominas y Unión Médica. Estos centros cuentan con neurólogos vasculares, neurocirugía endovascular y tomografía veinticuatro horas al día.
Es lamentable, incluso vergonzoso, que en los hospitales públicos no hay protocolos estandarizados para tratamiento agudo y reconocimiento oportuno de los pacientes con ACV. La mayoría no tienen ni tomografía, condenando a estos pacientes a la discapacidad o la muerte.
Los pacientes del sector público, sin seguro o con SENASA subsidiado, enfrentan una realidad diferente: una atención limitada a cuidados básicos, sin acceso a terapias de reperfusión aguda que salvan cerebros y evitan la discapacidad o la muerte. Sin embargo, los pacientes con seguro privado o recursos económicos pueden recibir estos tratamientos en los centros certificados. Esta desigualdad contradice el principio básico del derecho a la salud. Este tratamiento no debería depender de la capacidad de pago, sino de la capacidad del sistema de salud de responder a tiempo. Sin embargo, el Estado aún no incluye los tratamientos de reperfusión en el catálogo de cobertura obligatoria, dejando desamparados a miles de dominicanos que podrían recuperarse plenamente con un manejo oportuno.
Un costo que va más allá de lo económico
Las consecuencias de no actuar son devastadoras, no son solamente físicas, sino también económicas, tanto para las familias como para el Estado. Un paciente dominicano con secuelas moderadas o graves requiere en promedio mínimo, entre treinta mil y sesenta mil pesos mensuales en medicamentos, consultas, terapias físicas y cuidados. Si el paciente necesita rehabilitación intensiva o cuidador permanente, el costo puede superar los cien mil pesos al mes, o más de un millón doscientos mil pesos anuales.
En América Latina, los estudios estiman un costo promedio por paciente de diez mil a quince mil dólares anuales solo en atención médica y pérdida de productividad. Esto se traduce en un impacto económico que supera los ciento cincuenta millones de dólares al año para el país, considerando los más de veinte mil casos estimados anualmente. Entre setenta y cinco por ciento y ochenta por ciento de los sobrevivientes adultos jóvenes que han sufrido accidente cerebral quedan con algún tipo de discapacidad, como ha sido reportado en jóvenes adultos dominicanos afectados por ACV.
Pero el costo más alto no es económico, sino humano: pérdida de independencia, desempleo, depresión, ruptura familiar y empobrecimiento progresivo. Invertir en redes de atención y tratamiento oportuno no solo salva vidas, sino que ahorra dinero al sistema de salud y devuelve esperanza a familias enteras.
La alarma en los jóvenes dominicanos
Un fenómeno preocupante viene golpeando las puertas de nuestros hospitales con cada vez mayor fuerza: la incidencia del ACV ha aumentado de forma alarmante en jóvenes dominicanos, especialmente entre adultos de treinta y cinco a cincuenta y cinco años, un grupo que antes no figuraba como población de riesgo. Ahora se evidencian episodios incluso en pacientes entre quince y cuarenta y ocho años, como destaca la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral. Esto abre una brecha generacional de discapacidad que afecta a la población económicamente activa del país, amenazando el sustento de miles de familias dominicanas.
La alta incidencia del ACV está relacionada con factores prevenibles como la hipertensión arterial, la diabetes, las dietas ricas en sal y grasas, el consumo de drogas ilícitas que dañan las arterias cerebrales, el abuso del alcohol y el estrés prolongado. La prevalencia de ACV en el país es de ciento ochenta y tres pacientes por cada cien mil habitantes, una cifra que debe movilizar a toda la nación.
El Código Ictus: una esperanza en marcha
En un gesto de responsabilidad institucional, la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular ha presentado iniciativas transformadoras. Se ha impulsado la creación de una red nacional de ictus que permita estandarizar la atención a pacientes con accidentes cerebrovasculares y garantizar acceso equitativo a tratamientos agudos en todo el país. El Código Ictus es un protocolo de acciones médicas diseñado para acelerar el diagnóstico y tratamiento de pacientes al llegar al hospital, activando alertas médicas desde la llegada del paciente para asegurar diagnóstico y tratamiento inmediato.
Se han realizado simposios y congresos nacionales que convocan a especialistas, autoridades sanitarias y líderes académicos en un esfuerzo por transformar la respuesta nacional ante esta enfermedad devastadora. El objetivo principal es unificar criterios, actualizar conocimientos y consolidar una red nacional para el manejo integral del ACV, con atención oportuna, segura y eficiente, desde la prevención hasta la rehabilitación.
El Ministerio de Salud Pública, bajo el liderazgo del ministro Víctor Atallah, ha volcado el enfoque hacia la prevención y la atención primaria para captar a los pacientes antes de que se produzca el ACV. Se realizan las jornadas "Más Salud y Esperanza" por diferentes provincias del país ofreciendo consultas e imágenes médicas. Se han realizado mejoras a la Estrategia Hearts para pacientes con hipertensión y diabetes, y se han fortalecido los protocolos clínicos para el manejo de estas enfermedades crónicas no transmisibles.
Lo que debe suceder ahora
República Dominicana necesita urgentemente implementar una red nacional de ACV robusta, con rutas prehospitalarias estandarizadas, centros esenciales y avanz
