La República Dominicana ha dado un paso trascendental en la modernización de su sistema judicial al aprobar el nuevo Código Procesal Penal, una normativa orgánica de cuatrocientos setenta y uno artículos que redefinirá profundamente la manera en que se investigan, procesan y juzgan los delitos en el territorio nacional. Esta aprobación representa la columna vertebral de una transformación institucional que el país ha perseguido durante años para fortalecer la administración de justicia y garantizar mayores protecciones a víctimas, acusados y al sistema democrático en su conjunto. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de modificación al Código Procesal Penal en la noche del martes cuatro de diciembre, abriendo el camino hacia su sanción definitiva. El proceso legislativo ha estado marcado por la urgencia de cumplir con una sentencia constitucional que establece un plazo imperativo: el once de diciembre de dos mil veinticinco. Este cronograma ajustado responde a una determinación del Tribunal Constitucional que identificó vicios de forma en la aprobación de la anterior reforma de dos mil quince, exigiendo al Congreso Nacional completar el proceso correctivo en el plazo señalado o enfrentar la exclusión de esa ley del ordenamiento jurídico nacional, como detalla el resumen de la sesión parlamentaria de la jornada.
La presión constitucional y sus implicaciones
La sentencia constitucional número TC/0765/2024 representó una encrucijada para la nación. De no aprobarse una nueva ley dentro del plazo establecido, la República Dominicana se habría visto forzada a retroceder al viejo Código Procesal Penal de dos mil dos, un retroceso que habría eliminado avances fundamentales conquistados en más de una década de esfuerzos reformadores.
Este retroceso hubiera significado la desaparición inmediata de derechos de las víctimas que hoy están consolidados, tales como el acceso a defensa estatal cuando no posean recursos para contratarla. Igualmente, la nación habría perdido la conversión en acciones públicas de delitos que anteriormente requerían querella privada, limitando así el acceso a la justicia para ciudadanos con menores recursos económicos. Los ajustes procesales que han permitido mayor eficacia en la persecución de delitos también hubieran desaparecido, debilitando el sistema general de protección ciudadana, de acuerdo con el análisis del sistema jurídico dominicano.
Reformas sustanciales que marcan el nuevo camino
Entre las modificaciones aprobadas en primera lectura se destacan cambios significativos en los plazos procesales que buscan establecer equilibrio entre la celeridad y la justicia. Los procesos ordinarios no podrán exceder cuatro años de duración, mientras que los procesos complejos tendrán un máximo de cinco años. Esta regulación temporal busca garantizar que ninguna de las partes pueda retrasar indefinidamente un caso y que la justicia opere con mayor equilibrio entre la persecución penal y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.
Fueron aprobadas también más de diez modificaciones adicionales que tocan aspectos neurálgicos del sistema. La modificación al habeas corpus preventivo representa un fortalecimiento de las garantías personales contra detenciones injustificadas. De igual manera, la reforma al artículo doscientos once, que regula el nombramiento de peritos, ha sido actualizada fusionando disposiciones del texto principal para establecer que serán los jueces quienes designen peritos mediante resolución motivada, eliminando intermediarios que pudieran afectar la imparcialidad de las pruebas periciales. Los antecedentes y el fundamento del nuevo cuerpo normativo dan cuenta de estos avances imprescindibles en la administración de justicia.
Debate legislativo marcado por encontradas posiciones
La aprobación en primera lectura no fue un proceso exento de tensión legislativa. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la viabilidad y necesidad del proyecto, señalando que todos los diputados tuvieron iguales oportunidades para participar en el análisis, diversos legisladores de la oposición expresaron preocupaciones significativas sobre el procedimiento.
Legisladores como los diputados de la Fuerza del Pueblo, Carlos Pérez, Tobías Crespo y Mélido Mercedes, identificaron aspectos preocupantes. El diputado Pérez señaló la existencia de aspectos tanto positivos como negativos en el informe, expresando inquietudes específicas sobre artículos relacionados con plazos procesales y la administración del fondo de garantía procesal. El diputado Crespo advirtió que la reforma había sido conocida con premura excesiva y que muchos legisladores no habían podido estudiar adecuadamente los cambios propuestos, alertando que la aprobación podría alterar el equilibrio institucional del país.
Por su parte, el diputado Elías Wessin alertó sobre el potencial del proyecto para fortalecer excesivamente al Ministerio Público, presentando catorce modificaciones para ajustar el rumbo de la iniciativa. El diputado Mélido Mercedes sostuvo que varios artículos requerían revisión más profunda antes de la sanción definitiva.
En defensa del proyecto, legisladores como el diputado Julio César Beltré del Partido Revolucionario Moderno caracterizaron el código como casi perfecto, señalando su complementariedad con el Código Penal vigente y su capacidad para modernizar la administración de justicia.
Las advertencias de expertos y especialistas
Mientras el debate legislativo avanzaba, abogados y expertos en derecho penal expresaron preocupaciones sobre las consecuencias de la aprobación acelerada. El abogado Nassef Perdomo alertó sobre un escenario potencialmente crítico: jueces, fiscales y abogados defensorales del país enfrentarán dificultades para aplicar adecuadamente una norma que apenas tuvo tiempo de ser leída, mucho menos estudiada en profundidad. Perdomo enfatizó que el conocimiento de una ley no se reduce a su lectura, sino que requiere estudio riguroso de sus disposiciones, procedimientos y aplicaciones prácticas.
Esta advertencia refleja una realidad institucional: el sistema de justicia penal dominicano, compuesto por jueces, fiscales, defensores públicos y privados, necesita tiempo para capacitarse, adaptar sus protocolos operativos y preparar los espacios y recursos necesarios para la implementación efectiva de nuevas normas. La velocidad legislativa impuesta por las circunstancias constitucionales ha comprimido este período de preparación indispensable.
El diputado Charlie Marrotti Jr. coincidió en las preocupaciones, afirmando que el apresuramiento del proceso puede producir errores que afecten desproporcionadamente a quienes más dependen de un sistema justo y garantista: los ciudadanos de menores recursos. Marrotti recordó que un código de procedimiento penal debe ofrecer garantías tanto para perseguir con eficacia a los culpables como para proteger la presunción de inocencia de los acusados.
Desafíos inmediatos para la implementación
El proyecto compuesto por más de cuatrocientos artículos fue analizado en conjunto por los órganos usuarios del sistema: el Ministerio Público, la Defensoría Pública y el Poder Judicial. Sin embargo, la rapidez del proceso ha dejado poco espacio para que estas instituciones desarrollen protocolos integrales de implementación, capacitación masiva del personal operativo y adaptación de sistemas informáticos y procesos administrativos.
Esta situación plantea interrogantes válidas sobre la inmediatez de la aplicación práctica. ¿Tendrán los juzgados los sistemas tecnológicos necesarios para cumplir los nuevos plazos procesales de cuatro y cinco años? ¿Contarán los despachos fiscales con recursos humanos suficientemente capacitados para manejar la nueva estructura procesal? ¿Dispondrán los defensores públicos de las herramientas y tiempo para prepararse adecuadamente? Estas preguntas no son retóricas, sino que reflejan desafíos reales que enfrentará la institución judicial dominicana en su proceso de transformación.
Un balance entre urgencia y prudencia
La aprobación del nuevo Código Procesal Penal representa un logro legislativo innegable para la República Dominicana. Es resultado de años de trabajo técnico, consultas con expertos internacionales y consensos entre los operadores del sistema. Su contenido incorpora estándares internacionales de derechos humanos y modernas prácticas de administración de justicia penal que han demostrado efectividad en otros sistemas democráticos.
Sin embargo, la historia legislativa de esta norma también refleja una tensión fundamental en los sistemas democráticos: la necesidad de cumplir obligaciones legales establecidas por los tribunales constitucionales versus la prudencia que debe caracterizar la aprobación de leyes que impactarán profundamente la vida de millones de ciudadanos. La aprobación acelerada, aunque constitucional y necesaria, ha dejado poco espacio para que la República Dominicana prepare adecuadamente a sus instituciones para esta transformación profunda.
La nación cuenta ahora con un nuevo Código Procesal Penal que se espera contribuya a fortalecer la administración de justicia, proteger a las víctimas, garantizar derechos de los acusados y mejorar la eficacia del sistema penal en su conjunto. Pero esta conquista legislativa coloca ante el país una responsabilidad inmediata: garantizar que jueces, fiscales, defensores y todos los operadores de justicia cuenten con los recursos, capacitación y tiempo necesarios para implementar esta norma de manera que honre tanto sus innovaciones como las garantías fundamentales que protegen a la sociedad dominicana.
La pregunta que permanece en el horizonte no es si el código fue aprobado a tiempo, sino si el sistema judicial estará verdaderamente preparado para aplicarlo con la precisión y justicia que la ley exige y que los dominicanos merecen.
Referencias usadas en Artículo
- Código Procesal Penal fue aprobado primera lectura por diputados
- [Cuarta Ronda de Análisis del Código Procesal Penal Dominicano](https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_codpp.pdf
