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Presidente Abinader impulsa recuperación íntegra de fondos públicos tras caso de corrupción en Senasa

El presidente Luis Abinader ordena que Senasa se constituya como actor civil para recuperar hasta el último peso robado en un caso de corrupción, reafirmando su compromiso con la transparencia y justicia en República Dominicana.

El presidente Luis Abinader tomó una decisión histórica el domingo al ordenar que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso del patrimonio público que fue sustraído mediante un sofisticado esquema de corrupción que operó durante más de cuatro años dentro de esta institución crucial para la salud de los dominicanos orden de Abinader al Senasa.

Este mandato presidencial representa un hito importante en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. El jefe de Estado no solo reconoció la gravedad de las irregularidades detectadas, sino que diseñó una estrategia legal integral que garantiza que los fondos defraudados regresen a las arcas del Estado, protegiéndolos de manera activa en los procesos judiciales que se llevan adelante Abinader ordena Senasa accione civilmente.

La Acción Inmediata y Transparente

El presidente explicó que, al recibir informaciones que levantaban sospechas sobre posibles irregularidades en Senasa, ordenó de inmediato una investigación interna. Esta decisión refleja el compromiso de su administración con la transparencia y la rendición de cuentas que caracteriza su gestión desde sus inicios investigación demostró corrupción.

La investigación confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción, lo que motivó la remisión sin demora del informe al Ministerio Público para que procediera conforme a la ley. Abinader reiteró que en su gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad, y que todo responsable debe enfrentar la justicia no hay espacio para la corrupción e impunidad.

Operación Cobra: Justicia en Marcha

Antes de la reacción presidencial, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, una investigación de gran envergadura que condujo al arresto de ocho personas. Los fiscales, auxiliados por agentes de la Policía Nacional, ejecutaron varios allanamientos como parte de esta operación que busca sanciones penales y el decomiso de los fondos sustraídos al patrimonio público Ministerio Público advierte y arresta.

Entre los detenidos se encuentra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa, quien se desempeñó en ese cargo desde agosto de dos mil veinte hasta agosto de dos mil veinticinco y es señalado como figura central del entramado delictivo arrestan exdirector y empresario Read. También fueron arrestados:

  • Gustavo Enrique Messina Cruz
  • Germán Rafael Robles Quiñones
  • Francisco Iván Minaya Pérez
  • Eduardo Read Estrella
  • Cinty Acosta Sención
  • Ramón Alan Speakler Mateo
  • Ada Ledesma Ubiera

Un Esquema Sistemático de Fraude

Las investigaciones del Ministerio Público revelan un sofisticado entramado de corrupción que operó dentro de Senasa por más de cuatro años. Los hallazgos incluyen soborno a gran escala, adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos diseñados para distraer fondos, y maniobras fraudulentas sistemáticas esquema sistemático de fraude.

El empresario Eduardo Read, propietario de la empresa Khersun S.R.L. perteneciente al Grupo Read, está vinculado a un contrato millonario para ofrecer servicios de atención primaria al régimen subsidiado. Esta empresa, contratada desde el año dos mil veinte, presuntamente recibía pagos mensuales fijos bajo modalidad de pago por capital, independientemente de que los afiliados utilizaran o no los servicios.

Alcances de los Cargos

El Ministerio Público ha imputado a los acusados cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Además, personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de ser judicializadas conforme avancen las indagatorias continúan bajo investigación.

La Voz del Ministerio Público

El Ministerio Público, dirigido en este caso por la procuradora adjunta Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reiteró su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. El órgano acusador expresó que quienes atentaron contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales.

La operación continúa con el propósito de llegar hasta el final del caso, realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos retornen al Estado cada peso sustraído del patrimonio público enfrentar la corrupción en Senasa.

Antecedentes del Caso

Santiago Hazim habría denunciado en noviembre de dos mil veinticuatro ante el Ministerio Público un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos. En septiembre de ese mismo año, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el nuevo director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, depositaron ante la Procuraduría General de la República un informe que contenía graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones cronología del caso Senasa.

Un Mensaje de Confianza Ciudadana

El presidente Abinader concluyó su mensaje enviando tranquilidad a la ciudadanía dominicana, reiterando que su administración mantendrá una postura firme de vigilancia, prevención y sanción. Garantizó que cada señal de corrupción será investigada y cada responsable será sometido a la ley, sin importar su posición o estatus.

La decisión de constituir a Senasa como actor civil representa un avance significativo en la defensa del patrimonio público. Esta estrategia legal va mucho más allá de la denuncia penal, ya que implica voluntad real de reparación al Estado y protección del bien colectivo. La justicia no solo debe satisfacer el castigo de los responsables, sino también la restitución material del daño provocado a la nación dominicana.

Este caso demuestra que en la República Dominicana existe un Estado de derecho que funciona, instituciones dispuestas a investigar y actuar sin dilaciones, y un Gobierno comprometido con los valores de transparencia y responsabilidad que son la base de una democracia sólida. Los dominicanos pueden confiar en que sus recursos, destinados a proteger la salud de todos, serán defendidos con todo el peso de la ley.

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