República Dominicana enfrenta desafíos críticos en la interferencia de la industria tabacalera en políticas públicas

Un Llamado a la Acción: Dominicana Enfrenta su Mayor Desafío en Protección de Políticas de Salud Pública

La Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT) ha presentado recientemente resultados alarmantes que demuestran la necesidad urgente de fortalecer la gobernanza en materia de salud pública. Según el Índice de Interferencia de la Industria del Tabaco 2025, República Dominicana ocupa la posición 100 de 100 países evaluados, registrando la puntuación más elevada en interferencia de la industria tabacalera en políticas públicas con 98 de 100 puntos. Este resultado, presentado por la alianza nacional, representa un llamado urgente a la reflexión y la acción colectiva.
Lo que distingue particularmente este hallazgo es que la puntuación de la República Dominicana supera en 18 puntos al segundo país más afectado de América Latina, evidenciando la magnitud del desafío que enfrenta la nación. Aunque este resultado puede parecer desalentador, representa una oportunidad sin precedentes para que tomadores de decisiones, sociedad civil y ciudadanía trabajen conjuntamente en la construcción de políticas más robustas y transparentes.

Metodología Rigurosa y Hallazgos Concretos

La investigación que sustenta estos resultados fue ejecutada con rigor académico. El análisis comprendió un período de dos años, durante el cual se recopiló información de fuentes públicas disponibles, incluyendo medios de comunicación nacionales, portales de organismos estatales y plataformas digitales de la industria.
El estudio evaluó veinte preguntas organizadas en siete categorías distintas, permitiendo obtener una perspectiva integral de cómo la industria tabacalera interactúa con instituciones públicas. La metodología utilizó una escala donde menores valores reflejan menor interferencia, proporcionando un sistema objetivo de medición.

Siete Áreas de Interferencia Documentadas

Los hallazgos se estructuran en siete dimensiones que revelan patrones preocupantes:
Colaboración institucional activa Los organismos gubernamentales han colaborado directamente con la industria tabacalera a través de acuerdos, eventos y apoyo institucional, reforzando significativamente su influencia en la formulación de políticas públicas.
Apoyo gubernamental abierto Las autoridades dominicanas han participado activamente en iniciativas promovidas por la industria, incluyendo asistencia a eventos del sector. Estas acciones reflejan una colaboración que contradice las directrices internacionales establecidas por el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.
Incentivos fiscales favorables El gobierno ha implementado políticas de impuestos especiales que favorecen productos de tabaco calentado, mientras que eximen de gravámenes significativos los cigarrillos electrónicos, creando un ambiente regulatorio ventajoso para la industria.
Legitimación a través de eventos públicos La participación gubernamental en inauguraciones, lanzamientos de cosechas, ferias y eventos promocionales ha legitimado al sector tabacalero, contradictando los principios internacionales de protección de políticas de salud pública.
Opacidad en interacciones No existen registros públicos accesibles sobre reuniones entre funcionarios públicos e industria tabacalera, ni regulaciones que exijan la divulgación de identidades de representantes o lobistas del sector.
Financiamiento político sin restricciones Autoridades actuales promueven públicamente el sector tabacalero sin limitaciones sobre su financiamiento político, reforzando un estatus privilegiado incompatible con los principios internacionales de salud pública.
Ausencia de regulaciones específicas El país carece de normativas claras que controlen las interacciones entre ejecutivos de la industria tabacalera y autoridades de alto nivel, permitiendo encuentros sin supervisión mientras el gobierno promueve activamente el sector.

El Contexto Cultural y su Complejidad

Un elemento que añade complejidad al panorama es que la República Dominicana cuenta con una ley que declara el tabaco y el cigarro como patrimonio cultural nacional. Si bien esta distinción refleja una tradición histórica y la identidad cultural dominicana, presenta desafíos particulares a la hora de implementar políticas de control del tabaquismo que protejan la salud pública sin vulnerar manifestaciones culturales legítimas.
Esta particularidad subraya la necesidad de desarrollar un equilibrio cuidadoso entre el reconocimiento de tradiciones culturales y la protección de la salud colectiva, un desafío que requiere diálogo inclusivo y soluciones innovadoras.

Recomendaciones Estratégicas para el Cambio

Los investigadores han formulado un conjunto de recomendaciones concretas para revertir esta tendencia:
Primero, establecer restricciones claras que impidan la participación de la industria tabacalera en la formulación de políticas de salud pública, reconociendo que sus intereses comerciales son fundamentalmente distintos al bienestar colectivo.
Segundo, implementar protocolos transparentes que limiten las interacciones entre funcionarios públicos e industria tabacalera a lo estrictamente necesario para regulación eficaz, con registros públicos de todas las comunicaciones.
Tercero, crear salvaguardias explícitas que prevengan la influencia indebida de la industria sobre funcionarios públicos y procesos de formulación de políticas, incluyendo códigos de conducta vinculantes.
Cuarto, desarrollar una estrategia nacional para la adhesión formal al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptando simultáneamente un plan de acción nacional que alinee la legislación dominicana con el Artículo 5.3 del tratado internacional, que exige la protección de políticas de salud pública contra intereses comerciales de la industria tabacalera.

Una Coalición Nacional Comprometida

La ADAT, como coalición integrada por más de cuarenta instituciones, representa una base sólida de consenso multisectorial. Esta arquitectura de colaboración entre organizaciones de salud, académicas, cívicas y comunitarias demuestra que existe en la sociedad dominicana una voluntad genuina y organizada de enfrentar este desafío.
La presentación de estos datos en el salón de Pasados Presidentes del Colegio Médico Dominicano simboliza el reconocimiento institucional de la gravedad del asunto y la necesidad de que la clase política, el sector salud y la sociedad civil actúen de forma coordinada.

Hacia un Futuro de Mayor Transparencia y Salud

Los hallazgos del Índice de Interferencia 2025 no representan un punto final sino un punto de partida. La puntuación más elevada a nivel mundial constituye un llamado urgente a repensar cómo la República Dominicana estructura sus procesos de gobernanza en materia de salud pública. Otros países de la región y el mundo han demostrado que es posible reducir significativamente la interferencia corporativa en políticas de salud a través de voluntad política, transparencia normativa y participación ciudadana vigilante.
La oportunidad que se abre ante la República Dominicana es la de convertir este desafío en un catalizador para el fortalecimiento institucional. Las dominicanas y los dominicanos tienen derecho a políticas de salud pública formuladas con transparencia, participación democrática y priorización del bienestar colectivo. Lograrlo requiere que gobierno, sociedad civil y ciudadanía reconozcan que la salud pública es un bien común que trasciende intereses particulares, y que merece protección activa y deliberada en todos los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas.

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