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Roberto Santana impulsa reforma penitenciaria con pacto histórico entre República Dominicana y Ghana para reducir prisión preventiva

Roberto Santana, veterano en reforma penitenciaria, lidera un pacto histórico entre República Dominicana y Ghana para reducir significativamente la prisión preventiva, impulsando un sistema penitenciario más digno y eficiente.

Roberto Santana Sánchez, el prestigioso politólogo y académico que durante décadas ha dedicado su carrera a la transformación del sistema penitenciario dominicano, ha dado un paso monumental en su gestión al frente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Su nombramiento ha marcado el inicio de una nueva era para la justicia penal en nuestro país, caracterizada por la visión progresista y la cooperación internacional de alto nivel.

La República Dominicana ha sellado un acuerdo de cooperación internacional de magnitud histórica con el Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) y el Leitner Center for International Law and Justice de la Fordham University School of Law, un documento que fue formalizado en el majestuoso Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional y que representa un compromiso inquebrantable con la modernización y humanización de nuestro sistema de justicia. Detalles sobre la firma y el contexto de este pacto fueron destacados en medios nacionales, subrayando su importancia para el futuro del país.

Este pacto trascendental ha sido firmado por Roberto Santana en su calidad de asesor presidencial penitenciario y director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, junto con el Dr. Kwaku Agyeman-Budu, decano de la Escuela de Derecho del GIMPA de Ghana, y Paolo Galizzi del Leitner Center de la Universidad de Fordham en Nueva York. La ceremonia contó también con la presencia distinguida de la Dra. Diana Asonabo Dapaah, ex viceministra de Justicia de Ghana, quien representa la solidaridad africana hacia nuestro proyecto reformista.

El acuerdo establece un marco de colaboración que comprende investigaciones conjuntas, intercambio académico especializado, capacitación avanzada de personal penitenciario y asistencia técnica orientada específicamente a la mejora integral del sistema penitenciario dominicano. La Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) actuará como coordinadora de esta iniciativa, siendo el Dr. Juan Dionicio Rodríguez su representante ante el Comité de Coordinación Interinstitucional que supervisará la ejecución del convenio. Las áreas de cooperación incluyen investigaciones especializadas sobre justicia penal y derechos humanos, formación técnica y jurídica para operadores del sistema penitenciario y judicial, y la creación de espacios de diálogo académico que impulsen políticas públicas comparadas diseñadas para disminuir el número de personas en condición de prisión preventiva, aprendiendo de la exitosa experiencia de Ghana, donde se logró reducir la tasa de prisión preventiva de un preocupante porcentaje a una minoría significativa en apenas tres años.

Entre los elementos más destacados del acuerdo se encuentra la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Sistema Penitenciario, Retos Globales y Buenas Prácticas, un espacio de encuentro académico y técnico que reunirá a expertos de distintas regiones del mundo para compartir experiencias exitosas, analizar desafíos compartidos y promover soluciones sostenibles que beneficien a los sistemas de justicia y reclusión de las naciones participantes. El alcance internacional de este evento reafirma que la República Dominicana se proyecta como referente regional en gestión penitenciaria.

Con una vigencia inicial de tres años y capacidad de renovación automática, este convenio representa un compromiso duradero de República Dominicana con la excelencia en la gestión penitenciaria y la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Roberto Santana Sánchez no llega a este cargo como un improvisado, sino como un veterano de la reforma penitenciaria que ha consagrado su vida profesional a la transformación del sistema de reclusión dominicano. Como profesor emérito y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santana fue el principal impulsor del innovador Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que fue implementado en el país, considerado ampliamente como un proyecto de vanguardia en la modernización del sistema carcelario dominicano. Su designación como director de Servicios Penitenciarios refuerza la confianza en el talento nacional para liderar procesos de cambio de impacto.

Su visión transformadora también se materializó en la creación del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, una institución académica de excelencia dedicada a la formación de profesionales especializados en la gestión penitenciaria. A nivel internacional, Santana ha desempeñado funciones de consultor en justicia penal y políticas públicas para organismos de renombre mundial, participando activamente en el diseño de academias penitenciarias y políticas correctivas en países de América Latina.

La transición de las autoridades penitenciarias hacia el futuro Ministerio de Justicia representa otro hito significativo en la institucionalización de la justicia en nuestro país. Santana reemplaza a Roberto Hernández Basilio, quien se ha integrado al equipo gubernamental enfocado en la reforma policial, continuando así con el impulso de transformación institucional que caracteriza esta administración.

Durante la ceremonia de asunción, Santana expresó su convicción de que continuará trabajando con el mismo compromiso inquebrantable que ha mostrado durante décadas, con el objetivo fundamental de seguir transformando el sistema penitenciario nacional hacia una realidad más justa, más humana y más eficiente.

Esta alianza estratégica con Ghana y Estados Unidos no es simplemente un acuerdo administrativo, sino un reconocimiento internacional de que República Dominicana está decidida a liderar en el Caribe y América Latina un modelo penitenciario que priorice la rehabilitación, la reinserción social y el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas, sin excepción. Es un testimonio de que nuestra nación está comprometida con la justicia verdadera, aquella que transforma vidas y construye sociedades más seguras y equitativas para todos sus ciudadanos.

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