Aunque el Gobierno del presidente Luis Abinader ha anunciado múltiples investigaciones por denuncias de corrupción administrativa contra directores y ministros de instituciones públicas, la realidad muestra un avance selectivo en la persecución judicial de estos casos. Hasta la fecha, solo tres exfuncionarios han sido efectivamente llevados ante los tribunales por hechos vinculados al mal desempeño de sus funciones, mientras que otras investigaciones permanecen en etapas preliminares o sin resolución clara.
El compromiso presidencial de tolerancia cero frente a la corrupción e impunidad representa una declaración de intenciones sobre cómo esta administración concibe su responsabilidad con el patrimonio público dominicano. El presidente ha reafirmado, en declaraciones recientes sobre la intransigencia con los actos deshonestos, que desde el inicio de su gestión asumió un compromiso inquebrantable con la transparencia y la defensa del patrimonio común, instruyendo que cada señal de irregularidad sea investigada sin vacilaciones y que cualquier responsable deba responder ante los tribunales sin excepciones ni privilegios.
Los tres casos procesados judicialmente
La administración destaca que ningún funcionario implicado en actos de corrupción tiene cabida en sus filas. Los tres exfuncionarios que han enfrentado la justicia representan distintos sectores de la administración pública y reflejan diferentes tipos de irregularidades administrativas.
El caso del Intrant: operación Camaleón
Hugo Beras, exadministrador del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, fue procesado tras un apagón masivo en la red semafórica del Gran Santo Domingo a finales de agosto de 2024. La investigación reveló la adjudicación de contratos millonarios y presuntamente fraudulentos a las empresas Transcore Latam y Aurix, cuyo propietario es el empresario José Gómez Canaan, conocido como Jochi Gómez. Según las autoridades, estas compañías no poseían las capacidades técnicas requeridas para ejecutar los proyectos contratados.
Además de Beras, el Ministerio Público procesó a cinco empleados de la institución: Pedro Vinicio Padovani Báez, encargado del Centro de Control de Tráfico; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas, exdirector financiero del Intrant.
Inicialmente, Beras, Gómez y Padovani Báez recibieron dieciséis meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que otros acusados fueron puestos bajo garantía económica. Posteriormente, el tribunal modificó estas medidas al determinar que no existía peligro de fuga. El expediente, bautizado como "Operación Camaleón", fue formalmente acusado en octubre de este año por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
El sorteo fraudulento de la Lotería Nacional
El segundo caso de relevancia nacional involucra a Luis Maisichell Dicent, administrador de la Lotería Nacional, quien fue procesado tras un sorteo fraudulento que salió a la luz pública el uno de mayo de 2021. El acto delictivo incluyó a diez personas y fue clasificado bajo los cargos de asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.
En el proceso fueron implicados varios empleados de la institución, incluyendo a Valentina Rosario Cruz, presentadora; Jonathan Brea, empleado del Departamento de Sorteos; Carlos Berigüete, técnico en informática; Miguel Mejía, persona no vidente utilizada para simular el sorteo; y Rafael Miguel Mesa, responsable del transporte. También fueron procesados integrantes de la Federación Nacional de Bancas de Lotería.
Aunque seis de los acusados alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público, la Corte descargó a Maisichell Dicent y a Edison Manuel Perdomo Peralta por insuficiencia de pruebas. Los condenados recibieron penas que oscilaron entre cinco y siete años de prisión. El Ministerio Público informó su intención de apelar la sentencia.
Santiago Hazim y las irregularidades del Senasa
El caso más reciente involucra a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud, quien fue detenido tras comparecer ante las autoridades judiciales a mediados de septiembre. La investigación gubernamental reveló graves irregularidades en la gestión administrativa de la institución, particularmente en procesos de contratación y adquisición de medicamentos.
Los hallazgos incluyen contratos por sumas millonarias mensuales sin la provisión de servicios requeridos, la operación de un "call center paralelo" para gestionar autorizaciones indebidas, y procedimientos de compra que violaban normativas legales vigentes. En agosto de este año, la Dirección General de Contrataciones Públicas declaró nula una contratación entre Senasa y Farmacard por violar disposiciones sobre compras y contrataciones públicas.
El presidente ordenó que Senasa se constituyera en actor civil para recuperar los recursos sustraídos y aseguró su decisión de mantener intolerancia ante el desvío de fondos destinados a proteger la salud de los dominicanos afiliados al sistema, reafirmando enérgicamente que en este Gobierno "no hay espacio para la corrupción".
Investigaciones anunciadas sin conclusión judicial clara
Más allá de estos tres casos, el Gobierno ha anunciado múltiples investigaciones que permanecen en fases preliminares o sin resolución pública. El entonces director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, fue investigado tras denuncias de adjudicación irregular de contratos con la empresa Mia Cargo, pero los resultados no han sido comunicados públicamente de manera clara.
La exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, fue separada de sus funciones por investigaciones relacionadas con supuestos intentos de beneficiar empresas en licitaciones públicas. Posteriormente, fue designada como vicecónsul en Barcelona, designación que más tarde fue cancelada ante presión social.
Otras investigaciones incluyen el robo de datos del Ministerio de Salud Pública relacionado con la vacunación contra la COVID-19, irregularidades en la adquisición de jerinquillas, falsificaciones en el Programa de Medicamentos Esenciales, anomalías en el sistema de peajes electrónicos "Paso Rápido", fraudes en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y problemas en programas de apoyo social como la distribución de bonos navideños.
El fortalecimiento de mecanismos de control
El Gobierno ha enfatizado que los mecanismos de control interno, auditoría y supervisión institucional han sido fortalecidos durante esta administración. Sin embargo, reconoce que ningún sistema puede sustituir la necesidad de actuar con rigor ante cualquier señal de conducta indebida. La colaboración entre instituciones públicas, el Ministerio Público y las dependencias de ética gubernamental forma parte de una política sistemática de transparencia.
Las acciones implementadas, abordadas ampliamente en medios nacionales, demuestran que la administración pública dominicana está en proceso de consolidación de estándares más rigurosos de integridad y rendición de cuentas. El mensaje desde el Palacio Nacional es que el deber fundamental del Estado es proteger cada peso del patrimonio común y garantizar que la confianza depositada por los ciudadanos no sea traicionada por malas administraciones.
A pesar de los desafíos que representa procesar administrativamente a funcionarios públicos de alto rango, el Gobierno mantiene su compromiso de llevar ante la justicia tanto a funcionarios como a particulares que resulten implicados en maniobras que perjudiquen al Estado dominicano. Este proceso de transparencia y rendición de cuentas contribuye a fortalecer las instituciones democráticas y la confianza pública en la administración estatal, elementos fundamentales para el desarrollo sostenible y la gobernanza efectiva que merece el pueblo dominicano.
Referencias usadas en Artículo
- Caso Senasa: Abinader dice no hay espacio para la corrupción
- Grandes casos de mala administración y corrupción administrativa en el gobierno de Luis Abinader
- A diferencia de otros gobiernos, Luis Abinader fortalece la lucha contra la corrupción
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