La Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) del Ministerio Público representa un avance significativo en la estrategia nacional para combatir el comercio ilegal en la República Dominicana. Esta nueva dependencia ha sido creada por el Consejo Superior del Ministerio Público como parte de una política integral de fortalecimiento institucional y lucha contra el crimen económico.
La UICI estará bajo la coordinación de la procuradora adjunta Isis de la Cruz Duarte, quien trabajará en estrecha colaboración con la Dirección General de Persecución y otras áreas operativas del órgano persecutor. Esta estructura busca asegurar una respuesta efectiva y coordinada frente a los diversos delitos que afectan al comercio formal dominicano.
Entre las principales amenazas que la UICI combatirá se encuentran la fabricación y comercialización de alcohol adulterado, el contrabando y la falsificación de productos regulados. Estos delitos no solo representan pérdidas económicas para el Estado y empresas legalmente establecidas, sino que también constituyen un grave riesgo para la salud pública.
"La realidad del comercio ilícito es que provoca un daño profundo a la sociedad. Un ejemplo trágico de ello fueron las muertes ocasionadas por el alcohol adulterado en el año 2020", expresó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltando la importancia de esta iniciativa.
Los resultados de las operaciones contra el comercio ilícito ya son visibles. El Ministerio Público ha informado que, en coordinación con diversas agencias estatales, se ha logrado la incautación de mercancías ilegales valoradas en más de 100 millones de pesos. Como parte de estas acciones, se ha programado la destrucción de productos adulterados por un monto estimado de 18 millones de pesos.
La creación de la UICI responde al mandato establecido por la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, el Contrabando y la Falsificación de Productos Regulados, promulgada el 20 de febrero de 2019. Esta legislación establece un marco legal robusto que contempla sanciones administrativas y penales para quienes incurran en estos delitos.
La ley tiene un enfoque especializado en productos de alto impacto como medicamentos, hidrocarburos, alcohol y tabaco, y su aplicación abarca todo el territorio nacional, incluyendo zonas francas y centros logísticos. Este alcance integral busca cerrar cualquier resquicio que pudiera ser aprovechado por las redes de comercio ilícito.
Según la definición legal, el contrabando comprende la entrada o salida del país de mercancías sin el debido control aduanero, incluyendo su transporte, almacenamiento, venta, donación u ocultamiento, independientemente de su origen o valor. Por su parte, la fabricación ilícita abarca toda producción realizada fuera del marco legal, como la falsificación de productos o la elaboración sin los permisos correspondientes.
La UICI fortalecerá también los trabajos de la Mesa contra los Ilícitos, un espacio de coordinación interinstitucional donde participan entidades gubernamentales como los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes, Salud Pública y Defensa, junto a representantes del sector privado.
Entre las organizaciones del sector privado que colaboran en esta iniciativa se encuentran la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), la Asociación de Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados (Rivlas), la Asociación de Productores de Cerveza (Adoface), la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar), y la Asociación Dominicana de Productores de Cigarros (Procigar).
También participan las industrias farmacéuticas agrupadas en Infadomi, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf), la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), y la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (Adeic).
Esta amplia coalición entre el sector público y privado demuestra el compromiso nacional para enfrentar un problema que afecta múltiples dimensiones de la vida económica y social dominicana. La UICI se perfila como una herramienta fundamental para proteger la salud de los ciudadanos, defender los ingresos fiscales del Estado y garantizar la competencia justa en el mercado.
Con la implementación de esta unidad especializada, la República Dominicana da un paso significativo hacia la formalización de su economía y la protección de todos los dominicanos frente a los riesgos que conlleva el comercio ilícito. El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la efectividad de las instituciones involucradas, sino también de la concienciación ciudadana sobre los peligros de adquirir productos de origen dudoso.
Referencias usadas en Artículo
- Listín Diario – Ministerio Público incinera productos falsificados valorados en más de RD$24 millones
- DGII – DGII participa en mesas temáticas contra el comercio ilícito como parte de un plan de trabajo conjunto
- El Nacional – UICI: La nueva herramienta del Ministerio Público para erradicar el comercio ilícito
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