Caso Calamar: Cómo las tácticas dilatorias afectan la lucha contra la corrupción en República Dominicana
El Ministerio Público dominicano enfrenta un desafío sin precedentes en el Caso Calamar, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. Con imputaciones que superan los 19 mil millones de pesos sustraídos al Estado mediante expropiaciones fraudulentas y financiamiento ilícito de campañas políticas, el proceso judicial se encuentra estancado por estrategias defensivas catalogadas como litigio temerarioMP denuncia retrasos en juicio Calamar y Defensa en caso Calamar recusa a jueza Altagracia Ramírez. La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha advertido que las recusaciones repetidas contra su persona —encabezadas por la defensa del exministro Gonzalo Castillo— constituyen una táctica dilatoria para evitar el avance de la audiencia preliminarTribunal advierte a defensa de caso Calamar sobre litigio temerario y táctica dilatoria. Este caso no solo prueba la resistencia del sistema judicial ante maniobras procesales abusivas, sino que también cuestiona la eficacia de las instituciones para garantizar celeridad en delitos de alta complejidad.
Contexto del Caso Calamar: Redes de corrupción y estructura del delito
Orígenes y alcance de la Operación Calamar
Iniciada en 2023, la Operación Calamar desmanteló una red de corrupción que operó entre 2012 y 2020, vinculando a exfuncionarios de alto nivel, empresarios y entidades estatales. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados —incluyendo a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta— utilizaron instituciones como la Dirección General de Catastro Nacional y el Consejo Estatal del Azúcar para validar expropiaciones ilegales de terrenos declarados de utilidad públicaTribunal admite acusación resumida del Ministerio Público en el caso Calamar y advierte a la defensa sobre tácticas dilatorias y Defensa treta caso Calamar paralizado por maniobras dilatorias de los acusados. Los fondos desviados, equivalentes al 28% del PIB de 2020, se destinaron supuestamente a financiar campañas políticas, mediante un entramado que incluía facturas falsas, sobornos y lavado de activos.
Mecanismos de desvío de recursos
Los expedientes judiciales detallan dos modalidades principales:
- Sobreevaluación de terrenos expropiados: Funcionarios coludidos con valuadores inflaban los precios de propiedades, generando pagos excesivos del Estado que luego se redistribuían entre los implicados.
- Financiamiento político ilegal: Empresas fantasma transferían recursos a cuentas offshore, que retornaban como donaciones anónimas a campañas electorales, particularmente las de 2020.
Este modus operandi requirió la colaboración de figuras clave como Daniel Omar Caamaño (excontralor) y Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro), quienes facilitaron la aprobación de documentos falsificados.
Estrategias dilatorias en el proceso judicial: Litigio temerario y recusaciones recurrentes
Patrones de obstrucción identificados
La defensa de los principales imputados ha empleado al menos tres tácticas para retardar el proceso:
- Recusaciones seriales: En abril de 2025, las defensas de Castillo, Guerrero y Peralta recusaron por segunda vez a la jueza Ramírez, argumentando parcialidad tras su decisión de aceptar una acusación resumida del Ministerio PúblicoCastillo, Guerrero y Peralta recurren a la jueza caso Calamar y Recusan jueza apoderada expediente Calamar. Esta figura, permitida por los artículos 300 y 318 del Código Procesal Penal, busca agilizar casos complejos sin comprometer el derecho a la defensaTribunal admite acusación resumida del Ministerio Público en el caso Calamar y advierte a la defensa sobre tácticas dilatorias.
- Incidentes de nulidad infundados: En marzo de 2024, la abogada Laura Acosta —representante de Castillo— intentó anular la acusación alegando entrega extemporánea, pese a que el expediente se depositó cinco días antes del plazo límiteDefensa de Gonzalo Castillo impugna acusación en Operación Calamar.
- Alegatos médicos y renuncias estratégicas: En otros casos relacionados, abogados han pospuesto audiencias mediante excusas de salud o renuncias abruptas, como ocurrió con un defensor que abandonó el país tras obtener residencia en Estados Unidos.
Repercusiones procesales
Cada recusación ha generado suspensiones de hasta 30 días, mientras la Corte de Apelación del Distrito Nacional evalúa su procedenciaDefensa de caso Calamar recusa a jueza Altagracia Ramírez y Pepca recuerda advertencia de jueza a defensa de caso Calamar sobre litigio temerario. Para el 2 de mayo de 2025 —cuarta fecha programada—, el caso acumula 18 meses sin avanzar a juicio oral, violando el principio constitucional de duración razonable de los procesosAdvierten a defensa Calamar por tácticas dilatorias. La jueza Ramírez ha señalado que estas prácticas podrían configurar responsabilidad penal para los abogados, conforme al artículo 146 del Código Procesal Penal, que sanciona el litigio maliciosoTribunal advierte a defensa de caso Calamar sobre litigio temerario y táctica dilatoria.
Impacto institucional: Efectos en la lucha anticorrupción
Desgaste de la credibilidad judicial
El estancamiento del Caso Calamar alimenta la percepción ciudadana de impunidad selectiva, especialmente cuando comparado con avances en otros expedientes como Coral 5G, donde 50% de los imputados alcanzaron acuerdos con el Ministerio PúblicoParticipación Ciudadana analiza 4 casos de corrupción. Organizaciones como Participación Ciudadana han alertado que estas dilaciones refuerzan la idea de que el sistema favorece a quienes tienen «recursos y poder» para contratar equipos legales agresivosParticipación Ciudadana reclama el sistema de justicia deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder.
Riesgos para testigos y colaboradores
La demora incrementa la presión sobre los 46 testigos del caso, muchos de los cuales han recibido amenazas anónimas según reportes de la Pepca. Además, se desincentiva la colaboración futura de informantes, crucial en delitos de corrupción complejos donde las pruebas suelen ser documentales y circunstanciales.
Respuesta del Ministerio Público y rol de la sociedad civil
Innovaciones procesales de la Pepca
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