Desde Nueva York, la Coalición por el Derecho a la Salud de los Dominicanos en el Exterior ha levantado la voz con determinación frente a uno de los escándalos de corrupción más graves que ha enfrentado el sistema de protección social dominicano. En medio de las investigaciones sobre el fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud, la diáspora dominicana reclama justicia sin privilegios y exige que los responsables del desfalco de más de quince mil novecientos millones de pesos enfrenten consecuencias ejemplares que reflejen la gravedad de sus actos.
Un fraude que duele a toda una nación
El escándalo destapado por la Operación Cobra en diciembre de dos mil veinticinco revela una red de corrupción administrativa que penetró profundamente en las estructuras de SENASA. Los investigadores documentaron modalidades sofisticadas de desfalco, incluyendo la aprobación de contratos irregulares, la triangulación fraudulenta de fondos y la alteración deliberada de estados financieros, según un análisis detallado sobre las modalidades de corrupción. Lo más grave: mientras los funcionarios y empresarios se enriquecían, miles de afiliados, especialmente los más vulnerables del régimen subsidiado, quedaron sin acceso a servicios médicos vitales.
Las auditorías revelaron que el prestador de servicios Grupo Siulrod facturaba procedimientos que nunca fueron realizados. De treinta y cuatro afiliados contactados, el cien por ciento negó reconocer los servicios supuestamente autorizados. El incremento exponencial de los montos aprobados y la duplicidad sistemática de atenciones conformaban un patrón claro de fraude coordinado que operó sin obstáculos durante años.
La preocupación legítima de los dominicanos en el exterior
La Coalición por el Derecho a la Salud de los Dominicanos en el Exterior no permanece indiferente a este drama nacional. Su voz, amplificada desde las comunidades dominicanas de ultramar, expresa una preocupación profunda sobre las medidas judiciales adoptadas. La organización criticó severamente la decisión del juez Rigoberto Sena de otorgar prisión domiciliaria a algunos de los acusados, argumentando que quienes han confesado su participación en este fraude colosal deben enfrentar encarcelamiento inmediato. Esta postura ha sido expuesta de manera enfática por organizaciones desde Nueva York, quienes insisten en investigación sin privilegios.
El comunicado de la coalición subraya una realidad que muchos dominicanos reconocen: sectores de poder podrían estar ejerciendo presión para lograr castigos superficiales o incluso la absolución de los culpables, impidiendo que se investigue hasta dónde penetró la mano del crimen en las estructuras del Estado. Esta situación genera desconfianza en un sistema judicial que debe demostrar su independencia e imparcialidad.
La diáspora como actor político y moral
Los dominicanos que residen fuera de la patria tienen derecho a ser una voz en este dilema nacional. Según datos del Banco Central, durante este año se ha establecido un récord histórico en el envío de remesas, con cifras que sobrepasan los doce mil millones de dólares. A esta cantidad se suman miles de millones adicionales que la diáspora invierte en visitas a la República Dominicana durante Semana Santa, Navidad y otras festividades, fortaleciendo la economía nacional con sacrificio y compromiso.
Por esta razón, la Coalición por el Derecho a la Salud de los Dominicanos en el Exterior no permanecerá silenciosa ante intentos de obstaculizar los trabajos de transparencia y reforma en SENASA. La organización ha prometido una vigorosa campaña de denuncias ante organismos internacionales si se intenta torpedear los esfuerzos de adecentamiento de la institución, demostrando que la diáspora es un actor político que vela por los intereses de la salud de millones de dominicanos.
Esperanza en la gestión de Arismendi Díaz Santana
En medio de la tormenta, existe un rayo de esperanza. La designación del licenciado Arismendi Díaz Santana como Coordinador de la Comisión para supervisar y fijar controles en SENASA ha merecido el respaldo de la Coalición. Díaz Santana, reconocido como el creador de la Ley de Seguridad Social, ha dedicado su carrera profesional a la defensa de la salud de los trabajadores dominicanos. Su experiencia y compromiso ético son garantías de que SENASA podrá recuperar la transparencia, el control y la eficiencia que debe caracterizar a una institución vital para la protección social.
Durante una reciente visita a Nueva York, Arismendi Díaz Santana planteó públicamente mejoras sustanciales a la Ley de Seguridad Social, demonstrando su compromiso permanente con el bienestar de los dominicanos, tanto en el territorio nacional como en la diáspora. Su liderazgo representa una oportunidad genuina para transformar SENASA en una institución que sirva verdaderamente a los intereses de la población vulnerable.
Un sistema de transparencia que requiere revisión profunda
El escándalo de SENASA también expone una paradoja inquietante en el modelo de transparencia pública dominicano. La institución que fue defraudada por más de quince mil novecientos millones de pesos reportaba uno de los índices de transparencia más altos del sector público, con calificaciones superiores al noventa por ciento otorgadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta contradicción revela que el sistema actual funciona más como instrumento de propaganda institucional que como escudo genuino contra la corrupción, como analizó un experto en la transparencia en el caso SENASA.
Cuando una entidad obtiene calificaciones tan altas en transparencia y simultáneamente incuba un fraude de tales proporciones, el fallo no radica únicamente en la institución evaluada, sino en los mecanismos de control y evaluación mismos. La República Dominicana necesita urgentemente una revisión profunda de sus metodologías de transparencia, transformándolas en herramientas de control real con capacidad efectiva de detección y prevención del fraude.
El clamor por justicia sin privilegios
Figuras políticas dominicanas de diversas tendencias han condenado el escándalo. El expresidente Leonel Fernández lo calificó como "la gran estafa a los pobres" en declaraciones destacadas sobre el suceso SENASA, mientras que otros líderes lo han descrito como el mayor atentado contra el derecho a la salud de los sectores populares en la historia reciente del país. El ministro de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como "deplorable, ruin y decepcionante".
El presidente Luis Abinader ha reafirmado públicamente que no hay "vacas sagradas" y que la justicia tiene total libertad para actuar. Esta declaración debe traducirse en acciones concretas: investigaciones exhaustivas sin protección de ningún tipo, castigos ejemplares acordes con la magnitud del crimen, y recuperación total de los fondos públicos desviados.
Los seis imputados principales —Santiago Hazim Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera— fueron condenados a dieciocho meses de prisión preventiva por el juez Rigoberto Sena, según la cronología oficial del caso SENASA. Sin embargo, tres de los diez imputados recibieron medidas menos gravosas tras admitir recibir sobornos y comprometerse a colaborar con la investigación, decisión que ha generado controversia entre sectores que demandan justicia más severa.
La salud de los dominicanos en el centro
Lo que no puede perderse de vista es que detrás de estas cifras y procedimientos legales existen millones de dominicanos que dependen de SENASA para acceder a servicios médicos esenciales. Muchos de ellos pertenecen al régimen subsidiado, poblaciones de escasos recursos que confiaron en el Estado para proteger su derecho fundamental a la salud. Ese derecho fue traicionado por una red de funcionarios y empresarios que antepusieron el enriquecimiento personal al bienestar colectivo.
La Coalición por el Derecho a la Salud de los Dominicanos en el Exterior enfatiza correctamente que todos los esfuerzos nacionales deben converger en garantizar que millones de criollos amparados por SENASA, especialmente los beneficiarios del seguro subsidiado, cuenten con una institución robusta, transparente y verdaderamente comprometida con sus necesidades.
Una lucha que trasciende fronteras
El compromiso de la diáspora dominicana con la transparencia en SENASA refleja una verdad fundamental: los dominicanos que viven en el exterior nunca dejan de ser dominicanos. Su inversión económica en la patria, sus remesas, sus visitas, sus inversiones en negocios y propiedades, sus aportes a comunidades y familias, todo ello les otorga no solo el derecho sino la responsabilidad moral de ser guardianes de la integridad institucional de su país.
Mientras la justicia dominicana continúa su proceso, la voz de la diáspora permanecerá firme, exigiendo transparencia, demandando castigos sin privilegios, y vigilando que los trabajos de reforma en SENASA no sean obstaculizados por intereses creados. Los dominicanos en el exterior han lanzado un mensaje claro a quienes intenten torpedear el adecentamiento de la institución: enfrentarán denuncias vigorosas ante organismos internacionales de derechos humanos.
La lucha por la transparencia en SENASA
