El denominado ¨barrilito ha sido y es una de las prácticas más descaradas sostenida en la legalidad del uso del dinero público apoyada en justificaciones legales y presupuestarias
Mucho se ha dicho sobre la modalidad de cómo desde el poder legislativo y usando los privilegios que en muchos casos les concede la ley misma a los representantes del pueblo se promueve, ejerce y fomenta de manera descarada el clientelismo y la corrupción.
El denominado ¨barrilito ha sido y es una de las prácticas más descaradas sostenida en la legalidad del uso del dinero público apoyada en justificaciones legales y presupuestarias, fundamentadas en principios de autonomía presupuestaria y administrativa del propio poder legislativo.
Hemos visto en estas últimas semanas que ese tema ha estado en la palestra pública nacional generando reacciones y críticas adversas de parte de la ciudadanía, a tal nivel que en el caso de la senadora Faride Raful, hizo cambiar su decisión con relación al cobro y aceptación del ¨barrilito¨.
Hemos visto la renuncia, desde el primer momento, a esos privilegios de los diputados de Alianza País, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, así como en su gestión a Fidelio Despradel, también representante de dicho partido. De Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio. Igualmente, del senador de la provincia de Santiago Eduardo Estrella, Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo, quienes renunciaron desde la campaña electoral y cumplieron con su promesa.
Como dice el diputado José Horacio Rodríguez: ¨Nuestra generación tiene 2 opciones: adaptarnos a lo que encontramos dando continuidad a los métodos de siempre, o romper con las viejas prácticas y trabajar por un cambio de cultura política. Yo escojo la segunda¨.
Pero no todos y todas tienen la consciencia, la decisión y la voluntad de hacer ese cambio de cultura política que expresa José Horacio, la gran mayoría quiere seguir recibiendo esos privilegios y beneficiarse de los mismos manteniendo sus curules a base de compra de votantes en sus comunidades, fomentando el clientelismo.
El asistencialismo social genera dependencia parasitaria de parte de los detentadores del poder hacia sus detentados. En una cultura política donde el ¨dame lo mío¨, ¨si no me das no hay na pa ti¨, es lo que prevalece y funciona, qué hacer ante el barrilito y demás hierbas aromáticas para eliminarlo de una vez y por toda de la faz de la tierra quisqueyana.
Minou Tavarez Mirabal plantea una solución definitiva a esta situación de uso ¨diplomático¨ del dinero público y es la inconstitucionalidad del uso de estos recursos públicos. Ella expresa que: ¨se debe incoar una acción de inconstitucionalidad del uso de recursos públicos ante el Tribunal Constitucional dominicano por uso y fines distintos de las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional¨.
Con la experiencia de 14 años en el Congreso Nacional, con credibilidad, honestidad ganadas y demostradas, con el criterio político que adornan a la figura de Minou Tavarez Mirabal esta propuesta debe ser acogida por el pueblo dominicano a viva voz, si en verdad queremos salir de una vez y por todas, expulsando del ordenamiento jurídico dominicano mediante el control concentrado de la constitucionalidad al barrilito, al cofrecito y demás hierbas aromáticas.
La autora es abogada y docente universitaria.
Joan Manuel Serrat Algo personal
(** Note: This article was migrated from a legacy system on 7/15/2023)
