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Operación Lobo: Combatiendo la corrupción en los contratos de seguridad gubernamental en República Dominicana

Conozca la Operación Lobo, la exitosa investigación de la Procuraduría General que desmanteló una red de sobornos en contratos de seguridad gubernamental, fortaleciendo la transparencia en República Dominicana.

Detenciones de alto perfil en red de corrupción

La Operación Lobo, ejecutada el 8 y 9 de julio de 2025, desarticuló una estructura criminal que operaba mediante sobornos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones estatales. Dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, esta acción resultó en 14 arrestos, incluidos coroneles activos, generales retirados y empresarios. Los allanamientos simultáneos en Santo Domingo y Santiago movilizaron a 189 agentes policiales y 26 fiscales, según el reporte sobre coroneles y generales arrestados en Operación Lobo por mafia de sobornos.

Operación Lobo

Mecanismos del entramado delictivo

La red operaba mediante pagos ilícitos a funcionarios de instituciones como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y las empresas distribuidoras de electricidad. Los sobornos garantizaban la adjudicación y renovación de contratos de seguridad privada, manipulando procesos de compras públicas. Un caso emblemático reveló cómo un coronel en activo utilizó a subalternos como intermediarios para recibir transferencias superiores al millón de pesos, conforme se describe en el análisis sobre militares y empresarios en red de sobornos en contratos estatales.

Instituciones estatales comprometidas

Las investigaciones identificaron que la estructura delictiva infiltró:

  • Sistemas de contratación en entidades clave como Edenorte, Edeeste y Edesur
  • Procesos de supervisión en el Senasa e Inaipi
  • Mecanismos de control mediante pagos recurrentes a funcionarios

El origen de la pesquisa fue una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, liderada por Milagros Ortiz Bosch.

Respuesta institucional y próximos pasos

El Ministerio Público prepara solicitudes de medidas de coerción contra los detenidos por violar la Ley 340-06 de Compras Públicas y el Código Penal. Las autoridades enfatizan que la investigación continúa abierta, con posibilidad de nuevas detenciones. Esta operación demuestra el compromiso del Estado dominicano en el combate frontal a la corrupción, fortaleciendo la transparencia en el uso de fondos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.

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