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República Dominicana impulsa ley para el uso obligatorio de energía renovable en edificios públicos y privados

Conozca cómo República Dominicana avanza hacia un futuro sostenible con la aprobación de la ley que exige el uso de energía renovable en edificios públicos y privados, fomentando el ahorro energético y la protección ambiental.

República Dominicana da un paso decisivo hacia la sostenibilidad energética con la aprobación en el Senado del proyecto de ley que establece el uso obligatorio de energía renovable en edificios públicos y privados. Esta histórica decisión posiciona al país caribeño como pionero en la región en materia de transición energética y responsabilidad ambiental.

Un avance legislativo trascendental

El Senado de la República aprobó en segunda lectura esta innovadora iniciativa legislativa, presentada por los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla. La propuesta, que había perimido anteriormente en la Cámara de Diputados, fue reintroducida por los mismos proponentes, demostrando la persistencia y compromiso de los legisladores dominicanos con el desarrollo sostenible.

Esta ley representa un hito en la legislación dominicana, ya que establece un marco normativo integral que fomenta el empleo de fuentes alternas de energía, promueve el ahorro y la eficiencia energética, y define criterios claros para la aplicación de tecnologías renovables en edificaciones nuevas o remodeladas a nivel nacional (Senado aprueba ley que dispone instalación de fuentes de energía renovable en edificios).

Justificación ambiental y energética

La iniciativa surge como respuesta a una realidad apremiante: la alta demanda energética ha provocado una sobreexplotación de las fuentes de energía convencionales de carácter fósil. Esta situación ha contribuido gradualmente a la degradación de los recursos naturales, el cambio climático y diversos efectos nocivos sobre el planeta, perturbando el equilibrio ecológico y poniendo en riesgo tanto a la humanidad como al sistema ambiental.

La legislación reconoce que República Dominicana, como nación responsable y comprometida con el bienestar global, debe tomar medidas concretas para mitigar estos impactos negativos y liderar el cambio hacia un modelo energético más limpio y sostenible.

Aplicación en edificaciones públicas

Las edificaciones públicas serán las primeras en cumplir con estos nuevos estándares ambientales. Toda construcción perteneciente a la Administración Pública Central, los poderes públicos, órganos extrapoder, ayuntamientos y juntas de distritos municipales deberá incorporar instalaciones de energía renovable.

Los edificios de apartamentos construidos por el Estado con más de dos niveles tendrán la obligación de emplear paneles solares u otras fuentes de energía renovable para iluminar áreas comunes y abastecer calentadores de agua. Esta medida garantiza que el sector público lidere con el ejemplo en la adopción de tecnologías limpias.

Las edificaciones públicas de nueva construcción o en remodelación estarán sujetas a la obligación de incluir sistemas renovables sin importar su tamaño o cantidad de niveles, estableciendo un estándar ambicioso que refleja el compromiso gubernamental con la sostenibilidad.

Incentivos para el sector privado

El sector privado no queda exento de esta revolución energética. Los edificios de apartamentos privados mayores de dos niveles y reconstruidos en más de un 25% de su estructura deberán cumplir con las nuevas disposiciones. Sin embargo, la ley contempla un sistema de incentivos atractivos para facilitar esta transición.

Los promotores y constructores que instalen sistemas de energía renovable en apartamentos de nueva construcción o reconstruidos tendrán acceso a los incentivos establecidos en la Ley 57-07 sobre Energías Renovables. Estos beneficios incluyen exenciones fiscales y otros estímulos económicos que hacen viable y atractiva la inversión en tecnologías limpias (Aprueban ley que dispone el uso de energía renovable en edificios).

Viviendas unifamiliares y responsabilidad ciudadana

La legislación extiende su alcance hasta las viviendas unifamiliares, estableciendo que toda persona que construya o reconstruya una casa para uso propio o de terceros tendrá el deber de instalar sistemas de energía renovable para iluminación de áreas comunes y calentadores de agua. Esta disposición democratiza el acceso a las tecnologías verdes y convierte a cada ciudadano en un agente activo de la transformación energética del país.

Perspectivas de cumplimiento de metas nacionales

Esta nueva legislación se alinea perfectamente con los objetivos energéticos nacionales. República Dominicana se ha trazado la meta ambiciosa de que el 25% de la energía producida y consumida en el país provenga de fuentes renovables para 2025, con una proyección de alcanzar el 30% para 2030 (República Dominicana en 2025: el 25% de energía será de fuentes renovables).

Actualmente, el país cuenta con quince proyectos de energía renovable en desarrollo, de los cuales doce están en fase de construcción. Se estima que estos proyectos contribuirán con aproximadamente 600 MW de energía limpia al sistema eléctrico nacional, fortaleciendo significativamente la matriz energética sostenible.

El camino hacia la Cámara de Diputados

Tras su aprobación en el Senado, la pieza legislativa será remitida a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente. Este paso representa una oportunidad para que los representantes del pueblo dominicano ratifiquen su compromiso con el futuro sostenible del país y consoliden a República Dominicana como líder regional en políticas ambientales progresistas.

La aprobación de esta ley marca un momento histórico para República Dominicana, demostrando que el país está preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI con determinación, innovación y responsabilidad ambiental. Esta iniciativa no solo contribuirá a la reducción de emisiones y la protección del medio ambiente, sino que también generará oportunidades de empleo en el sector de energías limpias, reducirá la dependencia de combustibles fósiles importados y posicionará a la nación dominicana como un referente de desarrollo sostenible en el Caribe y América Latina.

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