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Suprema Corte de Justicia impulsa modernización para agilizar regularización parcelaria en República Dominicana

Descubre cómo la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana impulsa la modernización del proceso de regularización parcelaria con una propuesta que simplifica trámites y fortalece la seguridad jurídica. Supremacorte RD agiliza regularización de propiedades.

En una decisión que marca un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial dominicano, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha puesto en consulta pública una innovadora propuesta de modificación al Reglamento de Regularización Parcelaria y Deslinde. Esta iniciativa representa un avance fundamental para simplificar y acelerar los procesos inmobiliarios en beneficio de todos los dominicanos.

Una Transformación Necesaria para el Desarrollo Nacional

La propuesta de modificación a la Resolución número 790-2022 surge como respuesta a la necesidad de optimizar los procesos de regularización parcelaria en el país. Esta medida busca simplificar las condiciones y requisitos existentes, creando un marco más eficiente que beneficie tanto a propietarios como a profesionales del sector inmobiliario.

César García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, explicó que esta iniciativa se fundamenta sólidamente en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley número 108-05 de Registro Inmobiliario. Esta base legal otorga a la SCJ la autoridad necesaria para dictar reglamentos y normas complementarias que fortalezcan el desarrollo del sector inmobiliario nacional.

Agilización de Trámites y Fortalecimiento Institucional

La modificación propuesta tiene objetivos claros y ambiciosos que beneficiarán directamente a la población dominicana. Entre los principales logros esperados se encuentran la agilización de los trámites administrativos, el fortalecimiento de la cohesión social y jurídica del sistema inmobiliario, y la ampliación del alcance del reglamento actual.

Un aspecto particularmente relevante de esta propuesta es su capacidad para permitir una resolución más ágil de los casos que no presenten conflictos de derechos. Esto significa que miles de dominicanos podrán ver resueltos sus asuntos inmobiliarios en tiempos considerablemente menores, reduciendo la burocracia y aumentando la eficiencia del sistema, como destaca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Preservación de Garantías Jurídicas

La propuesta mantiene un equilibrio cuidadoso entre la eficiencia y la protección de los derechos ciudadanos. El reglamento preserva el deslinde como figura contradictoria y de excepción para casos que requieran la intervención de los tribunales. Esta medida garantiza que los casos complejos o litigiosos continúen recibiendo la atención especializada que ameritan, mientras que los casos simples pueden procesarse de manera más expedita.

Las modificaciones se centran específicamente en los artículos 5, 8 y 9 del reglamento vigente, redefiniendo las condiciones esenciales de la regularización parcelaria. Estos cambios consolidarán los aspectos que deberán ser verificados por las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales y los Registros de Títulos, creando un sistema más coordinado y eficiente.

Participación Ciudadana y Transparencia

En un ejemplo excepcional de transparencia y participación democrática, la Suprema Corte de Justicia ha abierto un proceso de consulta pública que se extenderá desde el 19 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2025, según informa El Nuevo Diario. Esta iniciativa cumple con las disposiciones de la Ley número 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley número 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública.

Los ciudadanos, abogados, profesionales del sector inmobiliario y entidades interesadas pueden enviar sus observaciones y comentarios al correo electrónico consultapublicascj@poderjudicial.gob.do. Esta apertura al diálogo demuestra el compromiso de las instituciones dominicanas con la participación ciudadana y la construcción colectiva de políticas públicas.

Fortalecimiento de la Seguridad Jurídica

Esta propuesta de modificación representa mucho más que un simple ajuste administrativo; constituye un paso firme hacia el fortalecimiento de la seguridad jurídica en materia de propiedad inmobiliaria en República Dominicana. La iniciativa reafirma el compromiso de la Suprema Corte de Justicia con la mejora continua de la Jurisdicción Inmobiliaria y el desarrollo de un marco legal más robusto y eficiente.

El impacto de estas modificaciones se extenderá a múltiples sectores de la sociedad dominicana. Los propietarios de tierras podrán regularizar sus propiedades con mayor rapidez y menores costos, mientras que los profesionales del sector inmobiliario contarán con procedimientos más claros y expeditos. Además, el desarrollo de proyectos habitacionales y comerciales se verá beneficiado por la reducción de los tiempos de tramitación.

La modernización del sistema de regularización parcelaria también contribuirá al crecimiento económico del país, al facilitar las transacciones inmobiliarias y proporcionar mayor certeza jurídica a inversores nacionales e internacionales. Esta medida posiciona a República Dominicana como un destino más atractivo para la inversión en el sector inmobiliario, generando oportunidades de empleo y desarrollo económico para las comunidades locales, tal como señala Listín Diario.

Con esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia demuestra su visión progresista y su compromiso con la construcción de un sistema judicial moderno, eficiente y al servicio de todos los dominicanos. La propuesta refleja los valores de transparencia, participación ciudadana y excelencia institucional que caracterizan a las mejores tradiciones de la República Dominicana, consolidando el camino hacia un futuro próspero y lleno de oportunidades para todos los hijos de esta noble tierra.

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