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Exdirector de Casinos colabora con justicia y devuelve RD$20 millones en caso Calamar

El exdirector de Casinos, Óscar Chalas Guerrero, admite cobros ilegales y devuelve RD$20 millones al Estado en el caso Calamar, colaborando con la justicia dominicana para combatir la corrupción administrativa.

En una audiencia que reafirma el avance de la justicia dominicana en la lucha contra la corrupción administrativa, el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero, admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales, marcando un hito importante en la Operación Calamar, uno de los casos de corrupción más significativos de la historia reciente del país [Óscar Chalas Guerrero se declara culpable].

Durante la audiencia ante la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Chalas Guerrero llegó a un acuerdo con el Ministerio Público que incluye la devolución de recursos sustanciales al erario nacional. A través de este arreglo, el exfuncionario devolvió diecisiete millones de pesos en cheques y entregó dos vehículos de alta gama, un Audi Q7 y un Volvo XC90, valorados conjuntamente en cerca de tres millones de pesos, completando así una compensación económica total de veinte millones de pesos [se declara culpable de corrupción y devuelve RD$20 millones al Estado].

Chalas Guerrero, quien se desempeñó como director de la institución desde septiembre de dos mil dieciséis hasta marzo de dos mil diecinueve, reveló ante el tribunal los mecanismos de una red que operaba sistemáticamente dentro de su dependencia. El exdirector explicó que la estructura corrupta estaba integrada por Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo; José Arturo Ureña; y Fernando Crisóstomo, quienes coordinaban las operaciones ilegales [admite su participación en el caso Calamar].

Según los detalles proporcionados durante la audiencia, a las bancas ilegales se les permitía operar a nivel nacional a cambio de pagos mensuales que oscilaban entre tres mil y seis mil quinientos pesos por cada operación. "Como eran muchas, desconozco el monto total recaudado", expresó el exfuncionario, reconociendo la magnitud de las transacciones irregulares que atravesaban su área de responsabilidad. De acuerdo con su declaración, Mimilo Jiménez, quien se autodenominaba "el director de Casinos en la calle", era quien le entregaba dinero proveniente de estas recaudaciones.

Un aspecto crucial de la declaración de Chalas Guerrero involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. El exdirector afirmó que en una ocasión conversó con el exministro para intentar desmantelar esa estructura que calificó como "mafiosa". Indicó que Guerrero aceptó inicialmente su propuesta de terminar con estas prácticas irregulares, sin embargo, cuando las recaudaciones comenzaron a disminuir, el exministro ordenó mantener la estructura anterior [testimonio exime a Donald Guerrero en caso Calamar].

Esta declaración ha generado debates significativos sobre el conocimiento que tenía Guerrero de las irregularidades. Los abogados del exministro, por su parte, han argumentado que el testimonio de Chalas demuestra precisamente lo contrario: que Guerrero fue quien intentó desmontar la estructura ilícita que encontró operando en la institución.

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, solicitó al tribunal la aplicación de un criterio de oportunidad en favor de Chalas Guerrero. Este mecanismo judicial significa que, a cambio de su cooperación voluntaria y de la devolución de fondos, el exfuncionario quedaría excluido de la persecución penal, permitiéndole así contribuir como testigo clave en el proceso judicial.

Ortiz enfatizó que el exdirector "ha ofrecido informaciones útiles que fortalecen la acusación contra los principales imputados del caso Calamar" y que su colaboración fue voluntaria y coherente, sin mediar presión alguna. La representante del Ministerio Público destacó que, aunque Chalas Guerrero ha quedado fuera de la persecución penal, su testimonio resultará determinante para esclarecer las responsabilidades de otros funcionarios implicados en este entramado de corrupción.

El caso denominado Operación Calamar constituye una investigación profunda que ha logrado identificar a numerosos acusados involucrados en prácticas corruptas durante administraciones gubernamentales anteriores. Los principales imputados incluyen a tres exministros: Donald Guerrero de Hacienda, Gonzalo Castillo de Obras Públicas, y José Ramón Peralta del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Según las acusaciones del Ministerio Público, el grupo investigado habría sustraído una suma multimillonaria de fondos del Estado, cantidad que habría sido desviada mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y a través de sobornos destinados a financiar actividades políticas en la campaña electoral de dos mil veinte.

Entre los diversos acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; y Julián Omar Fernández, otro exdirector de Casinos y Juegos de Azar.

Chalas Guerrero no es el único que ha llegado a un acuerdo similar con el Ministerio Público. Sus cómplices en la estructura corrupta, Manuel Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera, también fueron favorecidos con criterios de oportunidad después de llegar a arreglos con el ente persecutor y devolver más de dos mil trescientos millones de pesos al Estado como reparación del dinero sustraído.

Al hacer sus declaraciones ante la jueza Altagracia Ramírez, Chalas Guerrero aceptó plenamente su responsabilidad en los hechos imputados. El exfuncionario, quien expresó su edad avanzada y es ingeniero civil de profesión, solicitó perdón a la sociedad dominicana por los errores cometidos. "Yo acepto que todos estos hechos pasaron y no me siento orgulloso. Pido disculpas a la sociedad por los mismos", manifestó durante su intervención ante el tribunal.

Con su admisión de culpabilidad, devolución integral de recursos y disponibilidad para testificar, Chalas Guerrero ha demostrado un compromiso con la administración de justicia que permite avanzar en el esclarecimiento de uno de los mayores casos de corrupción administrativa de la historia reciente dominicana. Su cooperación representa un paso significativo hacia la recuperación de fondos públicos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones judiciales del país, confirmando que existe voluntad política y judicial para sancionar el abuso de poder y devolver lo sustraído a quienes verdaderamente lo necesitan: el pueblo dominicano.

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