El debate sobre qué modelo de país conviene más a la República Dominicana —uno apoyado en la minería metálica o uno cimentado en la agricultura y el agua— ya no es teórico ni lejano: se está decidiendo hoy, cuenca por cuenca, comunidad por comunidad, con implicaciones directas para la seguridad alimentaria, el empleo rural y la sostenibilidad del territorio. Y en el centro de ese debate, la voz de Claudio Caamaño Vélez ha colocado una línea divisoria clara entre “extraer” y “producir”.
Quién es Claudio Caamaño Vélez y por qué su opinión pesa
Claudio Caamaño Vélez es actualmente director ejecutivo de la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), órgano responsable de impulsar la modernización del riego agrícola bajo la Comisión para la Promoción de la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 240‑21, y miembro del Gabinete del Agua desde 2021, lo que lo sitúa en el corazón de la política hídrica y agroproductiva del país, según reseña DR1 News sobre minería y agricultura en RD. Desde esa posición, su visión prioriza el uso del agua para garantizar producción de alimentos y resiliencia rural antes que para grandes proyectos extractivos.
En un artículo de opinión publicado en el diario El Día sobre agricultura vs minería, Caamaño Vélez plantea que el país corre el riesgo de hipotecar su futuro si privilegia ingresos rápidos provenientes de concesiones mineras sobre la construcción de un sistema agroalimentario fuerte, integrado y tecnificado.
Minería: actividad extractiva, no productiva
El punto de partida de Caamaño es conceptual: distingue entre actividades que “crean” valor de manera renovable y las que simplemente extraen riqueza finita del subsuelo. “La minería no es propiamente una actividad productiva, sino extractiva; no produce minerales, los extrae”, afirma, subrayando que se trata de recursos no renovables, cuya explotación, por definición, tiene fecha de caducidad, como recoge el análisis de El Día.
Esta distinción es clave para entender el dilema dominicano:
- La minería metálica depende de yacimientos finitos.
- Los minerales tienen precios fijados en mercados globales, lo que limita la capacidad de capturar valor agregado local.
- El modelo de negocio tiende a reducir costos internos, incluyendo inversión en las comunidades.
Instituciones como la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) defienden el concepto de “minería sostenible en el país”, entendida como el desarrollo de recursos mineros maximizando beneficios económicos, minimizando impacto ambiental y promoviendo bienestar comunitario, equilibrando dimensiones económicas, ambientales y sociales. Sin embargo, Caamaño cuestiona si, en la práctica, ese equilibrio se cumple cuando el agua y los valles agrícolas están en juego.
Agricultura: transformar sol, agua y suelo en riqueza renovable
En el otro extremo, Caamaño define la agricultura como una verdadera “fábrica” renovable: toma sol, agua y suelo y los convierte en alimentos y mercancías comerciales. Esa transformación de recursos renovables en bienes de mercado es, para él, el núcleo de una economía productiva sostenible, según destaca su columna en El Día.
Desde la política pública, la apuesta del gobierno por tecnificar el riego va en esa dirección: el programa nacional de tecnificación de riego busca aumentar la eficiencia del uso del agua y mejorar la productividad por unidad de superficie, en línea con los esfuerzos que ha venido presentando el propio TNR en sus informes y presentaciones institucionales, donde se resalta el papel de la irrigación presurizada para aumentar rendimientos por hectárea en rubros clave.
📊 Dato clave: El sector agropecuario dominicano ha llegado a aportar alrededor del 5 % del PIB y es un pilar del empleo rural, de acuerdo con informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y estadísticas del Banco Central, lo que le confiere un peso estructural en el desarrollo territorial.
El agua en el centro del conflicto: “agua sí, oro no”
El núcleo del dilema minería–agricultura en República Dominicana es el agua. Proyectos mineros en zonas de alta producción agrícola han desatado movilizaciones masivas bajo la consigna “agua sí, oro no”, como ocurrió en San Juan de la Maguana frente al proyecto Romero de la empresa canadiense Goldquest. En mayo de 2026, el presidente Luis Abinader anunció la suspensión de la explotación de dicho proyecto, argumentando el cumplimiento estricto de la Ley 64‑00 de Medio Ambiente ante la fuerte oposición social, según narró un reportaje de El País sobre el conflicto minero en San Juan.
En ese caso concreto, confluyen los elementos del dilema:
- El valle de San Juan es una de las principales zonas agrícolas del país.
- La minería metálica, especialmente a cielo abierto, requiere grandes volúmenes de agua y genera residuos con potencial contaminante.
- Las comunidades perciben el riesgo de afectar ríos, acuíferos y suelos de los que dependen para la producción de alimentos.
La propia industria reconoce que la minería es intensiva en agua y que, si no se gestiona correctamente, puede impactar la disponibilidad y calidad del recurso, tanto para consumo humano como para agricultura. Un análisis técnico sobre minería y agua en RD advierte que el lavado, trituración y lixiviación de minerales consumen grandes cantidades de agua y que las aguas residuales mineras requieren tratamiento estricto para evitar contaminación de ríos y acuíferos.
Dos lógicas económicas opuestas: enclave versus encadenamiento
Aunque tanto la minería como la agricultura pertenecen al sector primario, Caamaño insiste en que su impacto económico territorial es muy diferente. En su análisis, las grandes minas tienden a funcionar como enclaves que exportan materia prima con escaso procesamiento local, con pocos encadenamientos productivos profundos, mientras que la agricultura tiene un alto potencial para generar cadenas de valor y multiplicar ingresos en la economía local, según recoge su artículo en El Día.
La lógica minera se ve condicionada por el precio internacional del mineral: como el valor de venta es externo y difícil de modificar, el margen de ganancia se amplía básicamente reduciendo costos. Eso crea un incentivo estructural a:
- Minimizar empleo directo.
- Contener salarios.
- Reducir compras locales.
- Limitar inversiones en infraestructura comunitaria más allá de compromisos contractuales.
Por eso, según el planteamiento de Caamaño, la minería “tiende a dejar el menor beneficio posible” en las comunidades donde opera, porque su rentabilidad se basa en “ahorrar”.
La agricultura, en cambio, abre espacio a múltiples eslabones:
- Producción primaria (siembra, cosecha).
- Procesamiento y agroindustria (molinos, plantas de empaque, transformación).
- Servicios conexos (transporte, insumos, crédito rural, asistencia técnica).
Cada eslabón genera empleo y actividad económica en el territorio, multiplicando el impacto de la inversión inicial y fortaleciendo mercados locales.
Seguridad alimentaria y gestión del territorio
Desde la óptica de seguridad nacional, la apuesta por la agricultura tiene una dimensión estratégica: garantiza alimentos en un contexto global de cambio climático y volatilidad de precios. La vulnerabilidad de pequeños productores ante sequías e inundaciones ha sido documentada por organismos como la FAO y el propio MEPyD, que en estudios sobre el uso de suelos y explotación de recursos naturales alerta sobre la degradación de cuencas y la necesidad de ordenar el territorio y proteger zonas de recarga hídrica, como se expone en análisis sobre explotación de recursos en áreas fronterizas publicados por el Ministerio de Economía.
La tecnificación del riego y la protección de cuencas altas son, en esa lógica, inversiones de seguridad alimentaria de largo plazo. Para Caamaño, cada litro de agua que se resguarda en las montañas y se dirige a los valles agrícolas es un seguro sobre la mesa de los dominicanos; cada concesión minera mal ubicada es un riesgo potencial a ese seguro.
La posición oficial sobre “minería responsable”
Mientras Caamaño plantea una crítica estructural a la minería como eje de desarrollo, desde el gobierno hay voces que apuestan a compatibilizar minería y sostenibilidad. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, se ha declarado defensor de la “minería responsable” y ha respaldado concesiones de exploración y proyectos en provincias como San Juan, minimizando el impacto potencial en zonas montañosas, conforme ha reportado la prensa nacional y reseñas como la de DR1 News sobre minería y agricultura.
El marco regulatorio dominicano exige a todo proyecto minero someter estudios de impacto ambiental que incluyan análisis del uso y contaminación potencial del agua, y somete las operaciones a monitoreo periódico de calidad hídrica, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, citado en el análisis de ProMinería sobre minería y agua. La industria, por su parte, reivindica el uso de tecnologías de tratamiento de aguas, la reutilización en circuito cerrado y la restauración ecológica al cierre de minas como herramientas para reducir impactos.
Esta visión se alinea con el concepto internacional de “minería sostenible”, que busca equilibrar crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental, como describen documentos sectoriales en la región, incluyendo manuales sobre minería responsable en América Latina y análisis de sostenibilidad minera en países vecinos.
El atractivo político de la “vía fácil”
Un punto especialmente duro en el análisis de Caamaño es su crítica al atractivo político de la minería. Entrega rápida de ingresos al fisco, sin que el Estado tenga que diseñar políticas complejas ni manejar directamente grandes operaciones productivas, hace que las concesiones parezcan una “tentación” irresistible: se concesionan recursos “que Dios regaló” para que otros inviertan y devuelvan una parte, como él mismo lo expresa en su columna en El Día.
Construir una agricultura competitiva, en cambio, exige:
- Políticas públicas coherentes en el tiempo.
- Inversión en infraestructura (canales, sistemas de riego presurizado, caminos rurales, almacenamiento).
- Investigación, innovación y asistencia técnica.
- Financiamiento adecuado para pequeños y medianos productores.
Es una tarea más compleja, menos vistosa en el corto plazo, pero —según la visión de Caamaño— más rentable y sostenible en términos de desarrollo nacional.
Dimensión cultural y ética: ¿qué modelo de país queremos?
Más allá de los números, el dilema minería–agricultura toca fibras profundas de la identidad dominicana. El campo, las conuquitas, los valles verdes y las aguas que bajan de la Sierra son parte del imaginario colectivo. La consigna “agua sí, oro no” que se extendió en San Juan no fue solo un eslogan técnico; fue una expresión de defensa del territorio, de la cultura agrícola y de la dignidad de comunidades que se niegan a ser sacrificadas como “zonas de sacrificio”, como recoge el reportaje de El País sobre el modelo minero dominicano.
Claudio Caamaño lleva esa reflexión al terreno ético, recordando que casi siempre el camino fácil termina siendo el peor, apoyándose en una referencia bíblica (Mateo 7:13) para ilustrar que la puerta ancha conduce a la destrucción, según su cita reproducida por El Día. Traducido a política pública, su mensaje es claro: un país que opta por sacrificar agua y suelo fértil a cambio de ingresos rápidos está abriendo esa puerta ancha.
La pregunta de fondo es si República Dominicana quiere ser:
- Un territorio cuya riqueza se extrae y se exporta en barcos, dejando huecos en las montañas y conflictos en las comunidades.
- O un país que invierte en convertir cada gota de agua en alimentos y valor agregado, sosteniendo su cultura rural y su soberanía alimentaria.
En este cruce de caminos, la voz de técnicos del agua como Caamaño, la de autoridades mineras como Joel Santos, la de comunidades campesinas y la de la academia deben encontrarse en un debate informado, basado en evidencia, que ponga en el centro no solo el PIB, sino el derecho de las futuras generaciones a heredar un país con ríos vivos, suelos fértiles y un modelo económico que multiplique, en vez de agotar, la riqueza que brota de esta tierra.
Referencias
La sostenibilidad en la actividad minera dominicana – CAMIPE
“Agua sí, oro no”: la consigna que puso en jaque el modelo minero de República Dominicana – El País
Minería y agua en la República Dominicana: desafíos y sostenibilidad – ProMinería.do
La importancia del desarrollo sostenible en la minería – ACMINERÍA Colombia
Expertos analizan los retos y soluciones del impacto minero como motor del desarrollo sostenible de Panamá – Panacamara
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