La noche en que el presidente Luis Abinader anunció por televisión la suspensión del proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, no solo se congeló una inversión millonaria: se puso en pausa, a escala nacional, la pregunta de qué vale más para la República Dominicana del siglo XXI, si el oro del subsuelo o el agua y la tierra que sostienen la vida y la agricultura en el Valle de San Juan, uno de los graneros históricos del país, como recuerda la propia documentación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Romero: oro bajo un valle de agua y habichuelas
El yacimiento Romero se encuentra en la provincia de San Juan, al suroeste del país, y fue identificado como un depósito de oro y cobre de propiedad de la empresa canadiense GoldQuest, que obtuvo concesiones de exploración en 2005 y 2010, según recordó Abinader en su alocución, citada por la agencia EFE y reproducida por medios como el reportaje de Infobae sobre la suspensión del proyecto minero. El proyecto ha avanzado solo hasta fases de exploración y evaluación ambiental; no cuenta con permiso de explotación.
De acuerdo con el Estudio Técnico Económico elaborado para el Ministerio de Energía y Minas, Romero se diseñó como una mina subterránea, con capacidad prevista para procesar unas 2,800 toneladas diarias de mineral durante ocho años, equivalente a unos 7 millones de toneladas en toda la vida útil de la mina, produciendo concentrado de cobre con contenido de oro y plata, a través de métodos de perforación profunda y relleno cementado, con planta de flotación en superficie.
Mientras tanto, sobre ese mismo territorio, la provincia de San Juan sostiene desde hace décadas una agricultura intensiva en agua: produce alrededor del 60 % de las habichuelas y el 15 % del arroz que se consume en el país, según datos citados por el senador Félix Bautista a EFE y recogidos por el informe de Infobae sobre la importancia agrícola de San Juan. Esos porcentajes hacen de San Juan un territorio estratégico para la seguridad alimentaria dominicana.
📊 Producción estratégica: San Juan aporta aproximadamente 60 % de las habichuelas y 15 % del arroz que consume la República Dominicana, en un contexto de alta pobreza provincial.
“Agua sí, oro no”: un conflicto que se vuelve símbolo nacional
El conflicto alrededor de Romero venía escalando desde hace años, pero las movilizaciones de 2026 marcaron un punto de quiebre. El 3 de mayo, una marcha hacia la presa de Sabaneta y la zona de influencia del proyecto fue dispersada por la Policía Nacional con gases lacrimógenos y camiones de agua, dejando varios agentes lesionados por pedradas, según reportó Diario Libre y citó EFE, reseñado por el análisis de Infobae sobre las protestas y la respuesta estatal. Las pancartas repetían la consigna que se volvería titular: “Agua sí, oro no” y “No queremos oro, queremos vida”.
Pocas horas después, Abinader anunció la suspensión inmediata de cualquier actividad vinculada a Romero, fundamentándola en el estricto cumplimiento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y en la falta de “viabilidad social” del proyecto ante un rechazo mayoritario, como describió el reportaje de El País sobre el debate nacional. El caso pasó de ser un conflicto local a un debate nacional sobre minería, agua, inversión extranjera y confianza en las instituciones ambientales.
La empresa GoldQuest sostenía, antes de la suspensión, que de aprobarse la explotación Romero podría generar unos 3,000 millones de dólares en exportaciones, mil millones en ingresos fiscales y cerca de 800 empleos directos y 3,000 indirectos, cifras que se volvían especialmente atractivas en una provincia con un índice de pobreza estimado en 58.2 %, según el Sistema Único de Beneficiarios 2025 citado por El País al analizar el dilema socioeconómico. Ahí se coloca el corazón del dilema: desarrollo económico de corto y mediano plazo frente a riesgos ambientales sobre un valle agrícola de larga tradición.
El agua en el centro: cuencas, agricultura y miedo a la contaminación
San Juan de la Maguana se encuentra en un valle rodeado de montañas de la Cordillera Central, alimentado por ríos como el San Juan y varios afluentes que desembocan en la presa de Sabaneta, infraestructura clave para riego y consumo humano en la región, según mapas y diagnósticos hídricos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Aunque el proyecto Romero plantea minería subterránea y tecnologías de manejo de relaves con estándares modernos, organizaciones ambientales y comunitarias han insistido en que ninguno de estos proyectos está totalmente libre de riesgos.
La propia documentación de prefactibilidad del Ministerio de Energía y Minas describe que la operación produciría concentrados de cobre con oro y plata mediante flotación, un proceso que requiere manejo de químicos y generación de colas minerales, que deben almacenarse en instalaciones de relaves con estrictos controles para evitar filtraciones y drenaje ácido. A nivel regional, casos de fallas o filtraciones en depósitos de relaves han generado impactos graves en ríos y acuíferos, como han documentado investigaciones sobre minería en países andinos recopiladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Una organización citada por el portal Business & Human Rights Resource Centre en su cobertura sobre la protección hídrica destacó, en una reunión comunitaria, que el proyecto Romero debe demostrar que no comprometerá el suministro de agua de San Juan y que se requieren estudios de impacto ambiental rigurosos y socializados con las comunidades antes de tomar cualquier decisión sobre su viabilidad.
💡 ¿Sabías que? La preocupación por el agua en Romero se suma a una ola regional de conflictos mineros en América Latina donde el eje ya no es solo el oro, sino la protección de cuencas y la seguridad hídrica, como señalan análisis comparativos desde Panamá hasta Perú.
Agricultura de San Juan: riqueza renovable frente a recurso agotable
El valle de San Juan ha sido descrito históricamente como el “granero del sur”, con presencia importante de cultivos de habichuelas, maíz, arroz y otros rubros, según reseñas del Ministerio de Agricultura y diagnósticos provinciales del MEPyD. Ese papel se vio reforzado con la construcción de la presa de Sabaneta, que permitió ampliar el riego y la productividad.
En este contexto, los productores temen que un desarrollo minero de gran escala altere el equilibrio económico y ecológico, no solo por los potenciales impactos sobre el agua, sino también por los cambios en el uso del suelo, el encarecimiento de la tierra y la posible migración de mano de obra agrícola hacia empleos mineros temporales. Voces campesinas y asociaciones de regantes han expresado públicamente que la agricultura, si se gestiona de manera sostenible, puede generar riqueza por generaciones, mientras que la mina tendría una vida útil proyectada de apenas ocho años, según el Estudio Técnico Económico del propio proyecto.
Este contraste entre una actividad extractiva finita y una economía agrícola renovable se ha vuelto un argumento recurrente en las movilizaciones y en pronunciamientos de la Iglesia católica, que ha sumado su rechazo a la explotación minera en Romero, de acuerdo con los despachos de EFE recogidos por Infobae.
Un país con memoria minera: Pueblo Viejo y las lecciones del pasado
El debate sobre Romero no se da en el vacío. La República Dominicana tiene una de las minas de oro más grandes de América Latina: Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez, operada por Barrick Gold y Newmont, cuya producción sustentó que el país se colocara en la última década entre los principales productores de oro de la región, según estadísticas recogidas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y reseñadas en Wikipedia.
Sin embargo, Pueblo Viejo también ha estado acompañada de controversias ambientales, denuncias de contaminación y tensiones fiscales que han marcado el imaginario colectivo sobre la gran minería en el país. Estas experiencias previas alimentan la desconfianza hacia nuevos proyectos, a pesar de las diferencias técnicas entre una mina a cielo abierto como Pueblo Viejo y el diseño subterráneo propuesto en Romero.
El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez ha señalado que, a raíz de controversias previas, el Tribunal Constitucional dominicano estableció que el Estado no puede paralizar completamente una operación con permisos vigentes ni ordenar el desmontaje de equipos sin evidencia técnica suficiente del daño ambiental, recordado en el análisis de El País sobre los precedentes legales. Ese precedente legal se cruza ahora con la decisión política de suspender Romero por razones de viabilidad social y criterios ambientales.
Ley 64-00 y el reto de la institucionalidad ambiental
La suspensión de Romero fue fundamentada por Abinader en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, norma que organiza el Sistema Nacional de Gestión Ambiental e introduce la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental para proyectos de alto riesgo ecológico, según el propio texto legal disponible en el portal del Ministerio de Medio Ambiente. Esta ley reconoce principios de prevención, precaución y participación ciudadana, claves en conflictos como el de San Juan.
En la práctica, el caso Romero ha evidenciado tanto la fortaleza como las debilidades de la institucionalidad ambiental dominicana: por un lado, la posibilidad de frenar un proyecto por presión social antes de que cuente con licencia de explotación; por otro, las dudas sobre los criterios técnicos, la transparencia de los procedimientos y la seguridad jurídica para inversiones, que han sido señaladas en el análisis de opinión publicado en Acento.
La propia comunidad internacional mira estos procesos. Para organizaciones de derechos humanos empresariales, el caso Romero muestra la importancia de asegurar que los estudios ambientales y sociales sean robustos, transparentes y construidos con la participación informada de las comunidades, como subraya el análisis recogido por Business & Human Rights Resource Centre.
Desarrollo sí, pero con límites claros
El Gobierno, los promotores del proyecto y parte del sector empresarial recuerdan que la República Dominicana necesita inversiones, empleos e ingresos fiscales, y que la minería, correctamente regulada, puede aportar recursos para combatir la pobreza y financiar infraestructura. Los estimados económicos ofrecidos por GoldQuest se alinean con esa narrativa de oportunidad para una provincia con alta vulnerabilidad socioeconómica.
Pero el siglo XXI ha cambiado las reglas del juego. La agenda global incorpora de manera central el cambio climático, la protección de cuencas, la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad, temas presentes en los compromisos del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese marco, proyectos como Romero son evaluados no solo por su rentabilidad financiera, sino por su coherencia con un modelo de desarrollo sostenible.
Experiencias regionales en países como Panamá, Chile y Perú muestran que los conflictos mineros se intensifican cuando las comunidades perciben que los riesgos ambientales y territoriales superan los beneficios locales, o cuando la distribución de estos beneficios es inequitativa, como analiza el reportaje de El País sobre los conflictos mineros en América Latina. La República Dominicana se encuentra ahora frente a esa misma encrucijada.
Hacia un debate nacional informado y transparente
El caso Romero se ha transformado en un espejo donde el país se mira a sí mismo. De un lado, la promesa de ingresos, empleos y modernización; del otro, el temor a perder agua y capacidad productiva en uno de los valles agrícolas más importantes del territorio. En el medio, la exigencia ciudadana de que las decisiones se tomen sobre la base de evidencia científica, estudios independientes, participación comunitaria y respeto a la ley.
Un debate nacional sobre Romero —y, por extensión, sobre la minería en la República Dominicana— debería responder preguntas concretas: qué riesgos hidrológicos y geológicos existen en la zona; qué garantías reales ofrecen las tecnologías propuestas; cómo se compensa, vigila y corrige cualquier impacto; cuál es el balance entre una economía agrícola de largo plazo y una explotación minera limitada en el tiempo; y quién decide, con qué información, sobre ese balance.
La consigna “Agua sí, oro no” expresa una desconfianza y una prioridad: la vida y la producción agrícola del Valle de San Juan. Transformarla en políticas públicas y decisiones de Estado requerirá algo más difícil que suspender un proyecto: construir instituciones sólidas, transparentes y capaces de cuidar, al mismo tiempo, la riqueza del subsuelo y, sobre todo, el agua, los suelos fértiles y las comunidades que dan vida al país.
¿Cómo crees que debería decidirse, de manera justa y transparente, el futuro del agua y la minería en un valle agrícola como San Juan?
Referencias
Agua sí, oro no: la consigna que puso en jaque el modelo minero de República Dominicana – El País
Proyecto minero en República Dominicana queda en pausa ante inquietudes sociales y criterios ambientales, dice presidente Abinader – Infobae
Estudio Técnico Económico Proyecto Minero Romero – Ministerio de Energía y Minas
República Dominicana: Proyecto Minero Romero debe asegurar la protección de recursos hídricos – Business & Human Rights Resource Centre
La encrucijada de la minería – Acento
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