Santiago amaneció con un nuevo lema: “Ciudad Viva 2035”. Pero detrás de la frase llamativa, muchas y muchos en Santiago se están haciendo una pregunta muy seria: ¿estamos ante un verdadero proceso de planificación urbana, o frente a un rebranding que puede desordenar una institucionalidad que ha costado décadas construir?
¿Qué es el proyecto “Santiago Ciudad Viva 2035” y por qué genera debate?
Lo que se conoce públicamente hasta ahora es limitado. Según reseñas de prensa, “Santiago Ciudad Viva 2035” se presenta como un pacto o plan integral de desarrollo urbano de largo plazo, con horizonte a 2035, impulsado por actores locales y con apoyo de consultores externos, y se ha descrito como un plan “integral e inclusivo” que integraría la planificación del territorio y la expansión urbana, entre otros componentes, según declaraciones recogidas por el portal Invierto en Dominicana sobre el proyecto “Santiago Ciudad Viva 2035”. Sin embargo, más allá de anuncios en medios, no se han difundido documentos técnicos completos, diagnósticos, ni una metodología detallada.
Este vacío de información ha encendido las alarmas en sectores de la sociedad civil y organizaciones históricamente vinculadas al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), que advierten sobre riesgos de duplicidad institucional, superposición de competencias y debilitamiento de la arquitectura de planificación ya existente, como recoge un análisis crítico publicado en medios locales a propósito del anuncio del supuesto pacto.
En otras palabras: el problema no es que se hable de un nuevo plan, sino que no está claro cómo se articula con los planes vigentes, quién lo lidera realmente, con qué respaldo legal y técnico, ni qué rol juegan las instituciones que ya llevan décadas trabajando la planificación de Santiago.
La tradición de planificación estratégica en Santiago
Para entender la polémica, hay que recordar que Santiago no parte de cero. Muy al contrario, ha sido uno de los municipios pioneros en planificación urbana y estratégica en la República Dominicana.
El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), creado en los años noventa, impulsó sucesivos planes estratégicos de ciudad con amplia participación de sectores empresariales, comunitarios, académicos y del gobierno local. El más reciente, el Plan Estratégico de Santiago 2030 (PES 2030), fue trabajado con apoyo de redes internacionales como el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que destaca a Santiago como uno de los referentes de planificación estratégica urbana en el ámbito iberoamericano, según la propia documentación del PES 2030 disponible en la plataforma de CIDEU.
Este entramado institucional se complementa con otros instrumentos y actores:
- El Ayuntamiento de Santiago, con sus unidades técnicas de planificación urbana, responsables de aplicar normas de uso de suelo, trazar límites urbanos y articular los planes locales con la normativa nacional.
- El Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago (POTSA), concebido para organizar el crecimiento urbano, regular la expansión de la mancha urbana y definir usos del suelo, en consonancia con el marco nacional de ordenamiento territorial.
- El Plan de Resiliencia Urbana y Climática de Santiago, desarrollado con apoyo de organismos internacionales, que identifica vulnerabilidades ante cambio climático e inundaciones, y establece lineamientos para una ciudad más resiliente, como recoge el documento “Strategies to transform Santiago” de la LSE Cities Urban Age Task Force, que analiza los desafíos urbanos de la ciudad y sus respuestas institucionales recientes.
Esta combinación de planes y espacios de concertación ha permitido que Santiago tenga algo que muchos municipios dominicanos aún no logran: una cultura de planificación relativamente consolidada. De hecho, mientras el Banco Mundial ha indicado que menos del 5 % de los municipios del país cuentan con planes de ordenamiento territorial y apenas un 6 % tiene unidades de planificación municipales operando, según su estudio sobre desarrollo urbano y territorial en República Dominicana publicado en 2022, Santiago ha sido citado como ejemplo de municipio con instrumentos avanzados de planificación urbana, de acuerdo a la síntesis divulgada por el Banco Mundial sobre “Habilitar el camino para el desarrollo de ciudades y territorios prósperos” en el país.
📊 Dato clave: el Banco Mundial ha documentado que menos del 5 % de los municipios dominicanos disponen de un plan de ordenamiento territorial y solo 6 % tienen unidades de planificación operativas, lo que hace de Santiago una excepción relevante en el contexto nacional, según su estudio reciente sobre urbanización y desarrollo territorial en la República Dominicana.
Por eso, cualquier nuevo pacto o plan a 2035 debería explicarse, antes que nada, en función de esa trayectoria: ¿la fortalece, la ignora o la sustituye?
El marco legal: Ley 368-22 y obligaciones de planificación
El contexto nacional también ha cambiado. En 2022 se promulgó la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que establece el marco obligatorio para la planificación territorial en toda la República Dominicana. Entre otros aspectos, esa ley:
- Reconoce el ordenamiento territorial como política de Estado.
- Define los instrumentos de planificación a escala nacional, regional y municipal.
- Atribuye a los ayuntamientos y al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) roles específicos en la elaboración y aprobación de planes.
- Refuerza la necesidad de planes de ordenamiento territorial municipales y de límites urbanos claros, tema sobre el cual el MEPyD ha advertido en varias ocasiones por las consecuencias negativas de no contar con estos instrumentos, como reseña una nota institucional del propio ministerio.
Una ficha sobre el sistema de planificación urbano de la República Dominicana elaborada por la CEPAL subraya que el ordenamiento territorial debe ser un proceso continuo, con instrumentos de planificación y gestión participativa, articulando las diferentes escalas y sectores, y que existen órganos nacionales como el Consejo de Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial encargados de coordinar este sistema, según la síntesis de la Plataforma Urbana CEPAL.
En este marco, cualquier iniciativa como “Santiago Ciudad Viva 2035” está obligada a:
- Respetar las competencias del Ayuntamiento como autoridad local de planificación.
- Articularse con el POTSA y el PES 2030, en lugar de pretender sustituirlos sin evaluación previa.
- Demostrar coherencia con la Ley 368-22 y sus reglamentos.
Si un pacto se presenta como “institucionalizador” de la planificación de largo plazo, pero al mismo tiempo ignora o minimiza los instrumentos establecidos por la ley y por la práctica institucional, la credibilidad técnica y jurídica del proceso queda en entredicho.
La “Ciudad Viva”: ¿concepto técnico o eslogan atractivo?
Otro punto de debate es el propio nombre del proyecto. La expresión “Ciudad Viva” tiene potencial comunicacional, pero no es un término estándar de los grandes organismos multilaterales de planificación urbana. ONU-Hábitat, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la CEPAL suelen trabajar con categorías como “ciudades sostenibles”, “ciudades compactas”, “ciudades resilientes” o “ciudades inclusivas”, pero el término “ciudad viva” no aparece como herramienta metodológica central en sus manuales.
Existen, sí, reflexiones académicas sobre la “ciudad viva” como metáfora urbanística. Por ejemplo, la arquitecta y urbanista Mónica Gallegos ha analizado en un artículo científico la experiencia del proyecto “La Ciudad Viva” impulsado en Andalucía, destacando el uso del término como parte de un urbanismo emergente y participativo, pero precisamente subraya que se trata de un concepto en construcción, ligado a estrategias innovadoras más que a una categoría institucional consolidada, como se detalla en el artículo “Hacia un urbanismo emergente: La ciudad viva” publicado en la revista Ciudades.
💡 ¿Sabías que? El concepto “La Ciudad Viva” fue utilizado como laboratorio de innovación urbana en Andalucía desde 2008, vinculado a procesos de participación ciudadana y experimentación, pero no constituye una categoría técnica oficial de ONU-Hábitat ni del BID, de acuerdo con el análisis académico de Mónica Gallegos.
Esto no invalida el uso del término en Santiago, pero sí obliga a una aclaración honesta: ¿estamos ante un concepto de marketing urbano, o ante un marco metodológico real, con indicadores y mecanismos de seguimiento? En un contexto donde la ciudad ya tiene instrumentos estratégicos vigentes, cambiar el nombre del proceso no es necesariamente un avance si no se acompaña de mayores capacidades técnicas, participación y coherencia institucional.
Gobernanza urbana: el rol del Ayuntamiento, el CDES y otros actores
La preocupación central de muchos sectores no es solo conceptual, sino de gobernanza: ¿quién conduce la planificación de Santiago y bajo qué reglas?
En las últimas décadas, el modelo de Santiago se ha basado en tres pilares:
- Ayuntamiento de Santiago: autoridad constitucional en materia de uso de suelo, servicios urbanos y ordenamiento territorial, que debe liderar los instrumentos urbanísticos, tal como hacen otras alcaldías del país como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuya Dirección de Planeamiento Urbano define planes, regula edificaciones y espacios públicos, coordina normas de zonificación y actualiza periódicamente los planes de desarrollo urbano, según la descripción institucional de su área de planeamiento urbano.
- CDES: plataforma de concertación estratégica de ciudad, que articula los sectores empresariales, sociales y académicos en torno al plan estratégico, y que ha sido reconocida a nivel iberoamericano como buena práctica de gobernanza urbana por redes como CIDEU.
- Comisiones técnicas y oficinas coordinadoras: espacios encargados de traducir las visiones estratégicas en propuestas concretas de ordenamiento territorial, movilidad, medio ambiente, cultura, etc., con participación de decenas de instituciones.
El anuncio de que una consultora privada y un actor académico con presencia intermitente en la dinámica urbana, como el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), asuman papeles centrales en “Santiago Ciudad Viva 2035” sin una explicación clara de su rol dentro de esa arquitectura existente genera inquietudes legítimas. La experiencia internacional muestra que las consultorías son útiles como apoyo técnico, pero no pueden sustituir las competencias públicas ni los mecanismos permanentes de participación y rendición de cuentas.
ONU-Hábitat, en sus lineamientos sobre planificación urbana contemporánea, insiste en que los procesos deben ser liderados por instituciones públicas legitimadas, con mecanismos de participación de múltiples actores, y que la planificación debe verse como un proceso de largo plazo que acumula aprendizajes en lugar de borrarlos cada vez que cambia un eslogan, como destaca un documento sobre las demandas urgentes de la planificación urbana disponible en el sitio de ONU-Hábitat.
El riesgo, en términos de gobernanza, es que se produzcan:
- Duplicidades: dos o más instancias pretendiendo planificar el mismo territorio con metodologías distintas.
- Conflictos de competencia: decisiones de planificación tomadas fuera de las estructuras legales de ayuntamiento y consejos, dificultando su implementación.
- Fragmentación institucional: debilitamiento del CDES y de las comisiones ya conformadas, en favor de estructuras paralelas con menos legitimidad social.
¿Qué exige la buena planificación urbana a largo plazo?
Más allá del caso concreto, “Santiago Ciudad Viva 2035” abre una discusión más amplia sobre cómo debería hacerse la planificación urbana en la República Dominicana hoy. Las mejores prácticas internacionales coinciden en varios puntos clave:
1. Continuidad y acumulación institucional
Los planes no se escriben desde cero cada diez años; se evalúan, se corrigen, se ajustan. Antes de lanzar un nuevo plan a 2035, resulta indispensable presentar:
- Una evaluación pública del PES 2030: qué se cumplió, qué no, por qué.
- Un balance del POTSA: qué ha funcionado, qué barreras existen para su aplicación.
- Una revisión de la articulación con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Estrategia Meta 2036.
Esta lógica de continuidad es la que sostiene que la planificación es un proceso, no un documento. Cuando se sustituye un plan sin evaluarlo, se pierden aprendizajes, se desmotiva a los actores que participaron y se crea la impresión de que todo es negociable según el eslogan del momento.
2. Coherencia con el marco legal y la política nacional
Con la Ley 368-22 en vigor, los planes de ciudad no pueden ser iniciativas aisladas. Deben:
- Alinearse con los instrumentos del sistema nacional de ordenamiento territorial.
- Respetar las competencias de los gobiernos locales, tal como establece la Constitución y la ley.
- Coordinarse con las políticas sectoriales de vivienda, transporte, medio ambiente y gestión de riesgo impulsadas desde el Gobierno central.
La CEPAL ha subrayado que en República Dominicana el ordenamiento territorial debe integrar instrumentos de planificación y gestión participativa para lograr una organización a largo plazo del uso del suelo, con coordinación entre niveles de gobierno y sectores, según su ficha sobre el sistema de planificación urbano dominicano.
3. Participación real, no solo simbólica
Una ciudad como Santiago, con tradición de consejos de desarrollo, cabildos abiertos y procesos de consulta, difícilmente aceptará que se imponga un plan elaborado en escritorio, sin escuchar a juntas de vecinos, gremios profesionales, universidades, iglesias, organizaciones juveniles y empresariales.
La participación no se limita a invitar a firmar un pacto; implica:
- Involucrar a los actores desde el diagnóstico hasta la priorización de proyectos.
- Divulgar información comprensible y accesible (mapas, datos, escenarios).
- Establecer mecanismos de seguimiento donde la ciudadanía pueda monitorear avances.
4. Planificación basada en evidencia
El propio Banco Mundial, en su estudio sobre urbanización en el país, ha insistido en la necesidad de adoptar un “nuevo marco para la planificación territorial” basado en datos, que permita entender la expansión urbana, las disparidades entre territorios, los déficits de servicios básicos y las oportunidades de desarrollo, y que articule las decisiones de inversión pública con la planificación del uso de suelo, según el resumen del estudio divulgado por el organismo.
En Santiago ya existen múltiples diagnósticos elaborados con apoyo internacional: estudios de movilidad, riesgos ante inundaciones, análisis de desigualdad socioespacial, propuestas de regeneración de barrios precarios. Un plan a 2035 que no parta de esa evidencia, que no la actualice ni la discuta públicamente, corre el riesgo de convertirse en un simple catálogo de buenas intenciones.
Buenas prácticas internacionales y la oportunidad para Santiago
Ciudades que hoy son referentes en planificación –como Medellín, Bilbao, Curitiba o Rosario– no llegaron ahí por lanzarse de proyecto en proyecto, sino por convertir sus planes en políticas de Estado local: mantuvieron consejos de ciudad estables, revisaron sus planes sin borrar lo anterior, y entendieron que la marca de ciudad es resultado de la planificación, no su punto de partida.
En Iberoamérica, redes como CIDEU promueven precisamente esa lógica de “proyectos estratégicos” articulados a una visión de largo plazo, donde cada nueva apuesta se suma a lo ya trabajado, en lugar de competir con ello. Santiago ya forma parte de ese circuito y ha sido mostrada en foros internacionales como ejemplo de ciudad que se ordena mediante una estrategia compartida, según la documentación del Plan Estratégico de Santiago 2030 publicada por CIDEU.
Es decir, la ciudad tiene el capital institucional, social y técnico para hacer las cosas bien. “Santiago Ciudad Viva 2035” podría ser una oportunidad para actualizar y profundizar esa trayectoria, siempre que:
- Reconozca y respete explícitamente el PES 2030, el POTSA, el Plan de Resiliencia y la Ley 368-22.
- Fortalezca al Ayuntamiento, al CDES y a las comisiones técnicas, en vez de crear estructuras paralelas.
- Abra sus documentos, diagnósticos y metodologías al escrutinio público.
- Explique con claridad qué añade, qué corrige y qué continuidad asegura frente a los procesos ya en marcha.
Santiago se ha ganado, con esfuerzo, una reputación de ciudad que planifica su futuro con seriedad y participación. Preservar y mejorar esa tradición no es solo un asunto técnico: es una cuestión de dignidad cívica y de respeto a la historia institucional que distingue a la ciudad dentro de la República Dominicana.
Fuera de eslóganes, la pregunta de fondo es simple y poderosa: ¿el futuro urbano de Santiago se decidirá en base a evidencia, participación y leyes claras, o se dejará en manos de frases bonitas y arreglos poco transparentes? La respuesta no depende solo de quienes impulsan “Santiago Ciudad Viva 2035”, sino de la capacidad de la sociedad santiaguera de exigir claridad, continuidad y respeto a su propia tradición de planificación estratégica.
¿Cómo te imaginas un proceso de planificación para Santiago que honre el camino recorrido por el PES 2030 y el POTSA, pero al mismo tiempo responda a los desafíos nuevos que la ciudad enfrenta hoy?
Referencias
[Habilitar el camino para el desarrollo de ciudades y territorios prósperos – Banco Mundial](https://www.bancomundial.org/es/c
