Condena histórica a exfuncionario de la Digeig por borrar registros oficiales en República Dominicana
La justicia dominicana marcó un precedente trascendental en la protección de datos gubernamentales al condenar a Dahiri Miguel Espinosa Guerra, exdirector de Tecnología de la Información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), a un año de prisión y al pago de una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos. Este fallo, emitido por la Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, responde a la eliminación deliberada de 377,969 registros sensibles tras las elecciones nacionales de julio de 2020, un acto que comprometió plataformas críticas para la transparencia y la lucha anticorrupción (Listín Diario)(Diario Libre)(pgr.gob.do). La sentencia no solo refleja el rigor de la Ley 53-07 contra los delitos tecnológicos, sino que también subraya el compromiso institucional con la rendición de cuentas en la administración pública.
Contexto del caso y relevancia institucional
La Digeig como garante de la ética gubernamental
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) es un pilar fundamental en la promoción de prácticas transparentes dentro del Estado dominicano. Entre sus responsabilidades destacan la supervisión de denuncias ciudadanas, la implementación de iniciativas anticorrupción y la custodia de sistemas críticos como el Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y el Sysplan, herramientas diseñadas para la planificación estratégica institucional (Al Momento)(www.digeig.gob.do). La eliminación masiva de datos en 2020 no solo afectó estas plataformas, sino también la Carpeta IPAC, un proyecto respaldado por la ONU para fomentar la participación ciudadana en la fiscalización de recursos públicos (elnacional.com.do)(diarionoticias.do). Este incidente representó un ataque directo a los mecanismos de control democrático, lo que elevó la gravedad del caso a nivel nacional e internacional.
Cronología de los hechos
El 5 de julio de 2020, tras las elecciones generales, Espinosa Guerra aprovechó su posición privilegiada para ejecutar un borrado sistemático de registros. Utilizando credenciales administrativas, eliminó aproximadamente 377,969 entradas de bases de datos críticas, acción que permaneció oculta hasta que auditorías internas revelaron incongruencias en los sistemas (eldia.com.do)(pgr.gob.do). La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), identificó patrones de acceso irregulares y rastreó la autoría de los comandos ejecutados hasta su terminal de trabajo (Diario Libre).
Marco legal y fundamentos de la condena
La Ley 53-07 y su aplicación en delitos tecnológicos
El caso se rigió por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente el artículo 10, que sanciona a los funcionarios públicos que dañen o alteren datos informáticos en ejercicio de sus funciones. Este artículo establece penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta cuatrocientos salarios mínimos, dependiendo de la magnitud del perjuicio causado (Ley 53-07, OEA). En su fallo, el tribunal enfatizó que Espinosa Guerra actuó con "dolo y premeditación", criterios clave para imponer la pena máxima dentro del rango aplicable a su cargo (Listín Diario)(somospueblo.com).
Interpretación judicial y aspectos procesales
Durante el juicio, el fiscal Merlin Mateo Sánchez presentó evidencia forense digital que vinculó al acusado con los comandos de eliminación. Esto incluyó registros de acceso, copias de seguridad alteradas y testimonios de técnicos subalternos que colaboraron en la investigación (eldia.com.do)(elnacional.com.do). La defensa argumentó que los borrados respondían a "mantenimientos rutinarios", pero el tribunal desestimó esta versión al demostrarse que las acciones se ejecutaron fuera de horarios laborales y sin autorización expresa (Al Momento)(diarionoticias.do).
Impacto en la gestión pública y la transparencia
Vulneración de sistemas críticos
La eliminación de datos afectó tres pilares esenciales:
- SAIP: Plataforma ciudadana para denuncias y solicitudes de información, cuya interrupción limitó el acceso a datos sobre contrataciones estatales y casos de corrupción (Diario Libre)(pgr.gob.do).
- Sysplan: Herramienta para monitorear metas institucionales, cuyo colapso obstaculizó la evaluación de políticas públicas en sectores clave como salud y educación (elnacional.com.do)(diarionoticias.do).
- Carpeta IPAC: Iniciativa con financiamiento internacional que promovía auditorías participativas, cuya desaparición retrasó proyectos de rendición de cuentas en municipios (Al Momento)(www.digeig.gob.do).
Repercusiones en la confianza ciudadana
Según informe del Vance Center for International Justice, la integridad de los sistemas gubernamentales es fundamental para combatir la corrupción sistémica en Latinoamérica (Vance Center). En República Dominicana, este caso evidenció la necesidad de fortalecer protocolos de ciberseguridad y establecer controles jerárquicos más estrictos en el manejo de datos sensibles. Organizaciones civiles como Participación Ciudadana han exigido auditorías independientes para restaurar la confianza en las instituciones afectadas (Vance Center)(republicadominicana24horas.com).
Proceso judicial y rol del Ministerio Público
Investigación y colaboración interinstitucional
La Pedatec, bajo la dirección de Iván Féliz Vargas, coordinó con peritos de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (CICDAT) para reconstruir la línea temporal de
