La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ha propuesto medidas contundentes contra funcionarios que incumplen con la declaración jurada de patrimonio. Su llamado resalta la necesidad de aplicar la Ley 311-14 con todo su rigor, enfatizando que la Cámara de Cuentas debe remitir estos casos a la Procuraduría General de la República para activar sanciones definitivas, como destacó en recientes declaraciones, señalando el compromiso ético necesario en la administración pública. Esta postura surge frente al elevado incumplimiento detectado, donde un grupo considerable de alcaldes y diputados aún no ha declarado sus bienes, a pesar de los plazos legales establecidos.
Mecanismos legales para la transparencia
El régimen de consecuencias previsto en la ley establece que, tras la declaración de omisión por la Procuraduría, los funcionarios quedan inhabilitados para cargos públicos durante cinco años. Ortiz Bosch subrayó la importancia de llevar estos casos ante la autoridad competente, lo que contribuiría a fortalecer la cultura de transparencia y crear un precedente de integridad pública en el país. Aunque esta normativa existe hace varios años, no se ha aplicado en todo su alcance. Las suspensiones temporales impulsadas por el Poder Ejecutivo hasta ahora solo han servido como presión, pero no constituyen sanciones definitivas según la legislación.
Responsabilidad institucional
La ejecución de la ley recae exclusivamente en la Cámara de Cuentas, no en el Ejecutivo. Ante esta realidad, Ortiz Bosch ha enfatizado que la nueva gestión del organismo auditor, liderada por Emma Polanco, representa una oportunidad para fortalecer el control y la confianza ciudadana. La expectativa es que este cambio institucional impulse la aplicación efectiva de sanciones, cerrando brechas de impunidad históricas y celebrando la transparencia como valor central de nuestra identidad nacional.
Enfoque en el ámbito municipal
El mayor incumplimiento se concentra en funcionarios municipales, especialmente alcaldes. La directora de Ética ha sido enfática al recordar que todos los servidores públicos están obligados a declarar su patrimonio sin excepciones, y que esta responsabilidad es ineludible para quienes representan al pueblo dominicano. Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció la retención de salarios a los legisladores pendientes de declaración, reforzando así acciones concretas en pos de la transparencia institucional.
Estas propuestas marcan un giro hacia la aplicación estricta de la ley, fortaleciendo la rendición de cuentas como pilar de la gestión pública dominicana. La articulación interinstitucional y la voluntad política serán clave para transformar estas medidas en resultados tangibles, afianzando la confianza ciudadana en las instituciones y elevando la cultura democrática de la República Dominicana.
Referencias usadas en Artículo
- Sugieren llevar a la PGR a quienes no han realizado declaración jurada
- Milagros Ortiz sugiere llevar a la Procuraduría a los funcionarios que no han declarado bienes
- Directora de Ética recomienda llevar a la PGR casos de funcionarios que no han presentado declaración jurada de bienes
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