SANTO DOMINGO.– En los estrados penales del país, muchas historias de violencia de género se quedan a mitad de camino: la víctima deja de acudir, retira la denuncia o simplemente guarda silencio. Detrás de esas ausencias no hay indiferencia, sino miedo, dependencia emocional y un sistema que todavía no logra proteger con suficiente eficacia a quien se atreve a denunciar. Esa es una de las conclusiones más potentes del reciente análisis de sentencias del Poder Judicial dominicano sobre violencia de género entre 2020 y 2024.
Un estudio clave para entender la violencia de género en los tribunales
La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial presentó el estudio “Análisis de sentencias judiciales de la República Dominicana en delitos de violencia de género e intrafamiliar, tortura o barbarie y ciber violencia (2020-2024)”, una investigación que se adentra en cómo los tribunales aplican las normas penales en esta materia y qué patrones se repiten en los casos que llegan a juicio, sus resultados y las conductas procesales de víctimas e imputados, según detalla el documento disponible en el portal del Poder Judicial dominicano.
El informe parte de un dato contundente: entre 2020 y 2024 se reportaron 341,896 casos de violencia en el país, de los cuales el 77.5 % corresponde específicamente a violencia de género o intrafamiliar, de acuerdo al análisis publicado por el Poder Judicial a través del Observatorio de Justicia y Género. Esta cifra confirma que la violencia contra las mujeres y dentro del núcleo familiar no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que desborda el ámbito privado y se consolida como una de las principales preocupaciones de seguridad y derechos humanos del país.
📊 Dato clave: El Poder Judicial reporta 341,896 casos de violencia en el período 2020–2024, y más de tres cuartas partes (77.5 %) están vinculados directamente a violencia de género o intrafamiliar, según el estudio divulgado por el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.
La investigación utiliza como base sentencias de tribunales penales de primera instancia de diversas jurisdicciones, con una metodología que combina análisis cuantitativo (variables sociodemográficas, tipo de delito, calificación jurídica) y cualitativo (valoración de las decisiones, uso de estándares de derechos humanos y perspectiva de género), de acuerdo al documento técnico colgado en el sitio del Poder Judicial.
Miedo, dependencia emocional y abandono del proceso
Uno de los aportes más sensibles del estudio es la identificación de los factores que empujan a muchas víctimas a abandonar los procesos judiciales, incluso después de haber denunciado y de que el Ministerio Público haya puesto en marcha la acción penal. Según reseña el portal Punto & Coma sobre las conclusiones del informe, el análisis de jurisprudencia determinó que el miedo a represalias, la dependencia emocional, el estrés postraumático, la presión del entorno familiar y las secuelas psicológicas del ciclo de agresión son determinantes en la decisión de desistir.
La dinámica no es nueva: tras la denuncia puede aparecer el chantaje emocional del agresor, las amenazas contra la mujer o contra sus hijos, la culpa inducida (“me vas a destruir la vida”), o la intervención de familiares que piden “no dañar al padre de los muchachos”. A esto se suman las consecuencias económicas: en muchos hogares el agresor es el principal o único proveedor, lo que provoca que la víctima tema quedarse sin sustento si el proceso termina en una condena con privación de libertad. Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han señalado que la dependencia económica es uno de los factores que dificultan la ruptura del ciclo de violencia en la región latinoamericana, lo que se refleja también en la realidad dominicana.
El estudio del Poder Judicial vincula este abandono de procesos con un efecto práctico: los expedientes pierden fuerza probatoria, se debilita la acusación y, en algunos casos, se generan absoluciones o sanciones menos severas de las que podrían corresponder en función de la gravedad de los hechos.
La baja constitución en parte civil: una oportunidad perdida
El análisis profundo de sentencias reseñado por Punto & Coma revela además un patrón procesal preocupante: la mayoría de las víctimas de violencia de género e intrafamiliar no se constituye en parte civil dentro del proceso penal. De una muestra específica de 20 sentencias complejas en materia de violencia intrafamiliar, solo cuatro víctimas cumplieron con los requisitos formales para figurar como querellantes y actoras civiles. El resto se limitó a acudir al juicio como víctimas-testigos o se apartó totalmente del proceso en las fases más avanzadas.
Esta baja constitución en parte civil tiene consecuencias concretas. Por un lado, limita la posibilidad de reclamar de forma activa reparaciones económicas por daños físicos, psicológicos y morales, así como por perjuicios materiales (pérdida de trabajo, gastos médicos, mudanzas forzadas, etc.). Por otro, reduce la voz directa de la víctima en la conducción del proceso, dejándolo casi por completo en manos del Ministerio Público, cuya carga de trabajo es elevada y cuyas estrategias pueden no coincidir siempre con los intereses particulares de la afectada.
A esto se suma la barrera del acceso a la asistencia jurídica. Aunque existen servicios de defensa pública y acompañamiento, las mujeres en situación de violencia muchas veces desconocen sus derechos, no cuentan con asesoría especializada en género o enfrentan un lenguaje técnico y procedimientos que les resultan intimidantes. El propio estudio del Poder Judicial busca aportar insumos para mejorar tanto la información que reciben las víctimas como los protocolos que deberían facilitar su participación activa y segura en el proceso.
Quiénes son los agresores y cómo actúan
El informe también profundiza en la caracterización de los agresores y las modalidades delictivas que predominan. De acuerdo a la reseña publicada por Punto & Coma, la modalidad más frecuente es la agresión perpetrada por exparejas sentimentales, seguida de manera inmediata por las parejas actuales. Esta constatación coincide con tendencias regionales, donde los feminicidios y agresiones graves suelen estar vinculados a vínculos afectivos previos o vigentes, según ha documentado el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL en sus reportes sobre América Latina.
En gran parte de los expedientes examinados, el estudio del Poder Judicial encontró antecedentes de violencia habitual no denunciada oportunamente antes del sometimiento formal del imputado. Es decir, el episodio que llega a conocimiento de la justicia casi nunca es el primero. Antes suele haber una cadena de agresiones verbales, psicológicas, económicas y físicas normalizadas o minimizadas por el entorno, que solo se rompe cuando la violencia cruza cierto umbral de gravedad o cuando la víctima entiende que su vida corre peligro.
El lugar del delito también habla por sí solo: la residencia de la víctima aparece como el espacio de mayor vulnerabilidad. El hogar, que debería ser un entorno de protección, se convierte en escenario de agresiones reiteradas. Este patrón refuerza la idea de que la violencia de género no se limita a “conflictos de pareja”, sino que penetra el núcleo mismo de la vida familiar, afectando a hijas e hijos que presencian o sufren de manera directa el maltrato, con efectos a largo plazo en su salud mental y su desarrollo, como han advertido agencias como UNICEF cuando analizan la violencia en el entorno doméstico.
Delitos extremos: tortura, barbarie y ciber violencia
Más allá de la violencia física y psicológica tradicionalmente asociada a la violencia de género, el estudio del Poder Judicial incluye la revisión de sentencias por actos de tortura o barbarie y por ciber violencia. Punto & Coma destaca que entre los casos de tortura o barbarie se documentan agresiones con sustancias corrosivas, quemaduras corporales y desfiguración, es decir, conductas que buscan no solo causar dolor físico, sino dejar marcas permanentes en el cuerpo de la víctima.
Estas formas extremas de violencia están alineadas con lo que organismos internacionales consideran violencia basada en el género en su expresión más brutal, pues combinan la intención de daño físico con la degradación, la humillación y el control, e impactan la identidad y el proyecto de vida de las mujeres.
En el ámbito digital, el informe recoge modalidades de ciber violencia centradas en el acoso por medios electrónicos y la difusión no consentida de material audiovisual íntimo mediante plataformas tecnológicas. Esta última conducta, conocida en otros países como “pornovenganza”, ha sido señalada por organizaciones de derechos digitales como una forma de violencia de género que amplifica el alcance del daño: basta un archivo compartido para que la agresión se replique de manera masiva, afectando la reputación, la estabilidad emocional y, en muchos casos, las oportunidades laborales de las víctimas.
Aunque el ordenamiento jurídico dominicano ha avanzado en tipificar diversas formas de violencia y en incorporar figuras relacionadas con delitos tecnológicos, el propio estudio del Poder Judicial subraya la necesidad de seguir armonizando la legislación interna con los estándares de protección internacional, incluyendo el llamado Corpus Iuris Internacional de derechos humanos, como ha indicado el Observatorio de Justicia y Género en sus notas sobre los hallazgos preliminares del informe.
El papel del Poder Judicial y las magistradas que lideran el cambio
La coordinación general de la investigación estuvo a cargo de la magistrada Nancy I. Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, en colaboración con la magistrada Natividad Ramona Santos, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, quien actuó como coordinadora técnica junto a equipos de jueces de distintas jurisdicciones, según reseña Punto & Coma y confirman las referencias institucionales del propio Poder Judicial.
El procesamiento de los hallazgos para su difusión estuvo a cargo del investigador Fernando Quiroz, especialista en análisis jurídico, lo que refuerza el carácter técnico del documento y su vocación de servir como herramienta de formación y mejora interna.
Este trabajo se enmarca en una línea de acción más amplia del Poder Judicial para incorporar la perspectiva de género en sus decisiones y políticas internas. El Observatorio de Justicia y Género, órgano adscrito al Poder Judicial, ha publicado desde hace años estudios sobre feminicidio, violencia intrafamiliar y brechas de género en el sistema, con el objetivo de producir datos confiables que orienten reformas y capacitaciones, según indica la información disponible en su sitio web oficial.
Entre las recomendaciones que se desprenden de este nuevo análisis de sentencias, el Poder Judicial ha insistido en la importancia de una armonización legislativa que fortalezca la protección integral frente a la violencia de género, así como en la necesidad de que jueces, fiscales y defensores incorporen de manera sistemática instrumentos internacionales de derechos humanos en la fundamentación de sus decisiones, conforme reseña el Observatorio de Justicia y Género al presentar el estudio.
Desafíos pendientes: de la sentencia a la protección real
El estudio muestra a un Poder Judicial activo en la autocrítica y en el análisis fino de sus propias sentencias, lo cual es un paso significativo. Pero también deja claro que la sola existencia de decisiones condenatorias y de marcos normativos no es suficiente si las víctimas siguen abandonando procesos por miedo, si no se constituyen en parte civil por desconocimiento o falta de apoyo, y si el sistema no logra cortar a tiempo la cadena de agresiones que precede a los actos más graves.
El reto institucional incluye, entre otros puntos: fortalecer los servicios de acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas, garantizar medidas de protección efectivas antes, durante y después del juicio, mejorar la coordinación entre justicia, policía y servicios sociales, y asegurar que las sentencias se ejecuten de manera rigurosa, especialmente en los casos de agresores reincidentes.
A nivel social, el desafío es aún más complejo: desmontar las normas culturales que minimizan la violencia, que responsabilizan a la víctima o que la presionan para “aguantar” por la familia. El propio Poder Judicial, al publicar este tipo de estudios, responde a una demanda ciudadana de transparencia y compromiso, pero también lanza un mensaje claro: la justicia sola no puede, si el entorno comunitario y familiar sigue reproduciendo el silencio y el miedo.
La violencia de género en República Dominicana no es inevitable ni “normal”; es el resultado de estructuras de poder, desigualdad y tolerancia social que pueden transformarse. El análisis de las sentencias entre 2020 y 2024 es un espejo incómodo, pero necesario, de cómo estamos respondiendo desde los tribunales. Mirarlo de frente es el primer paso para que ninguna mujer tenga que elegir entre su vida y su derecho a la justicia.
¿Has visto de cerca cómo el miedo, la presión familiar o la dependencia económica han frenado a alguna mujer de tu entorno a continuar un proceso por violencia, y qué crees que debería cambiar para que se sienta realmente protegida al denunciar?
Referencias
Poder Judicial RD – PDF “Análisis de sentencias judiciales… (2020–2024)”
Punto & Coma – El Poder Judicial y la violencia de género en RD
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