Desde diferentes latitudes de nuestro archipiélago nacional, líderes políticos y representantes del movimiento obrero se unen en torno a una propuesta que emerge con urgencia en la agenda pública: el ajuste de los salarios conforme a la inflación que azota la economía dominicana. Esta iniciativa, lejos de ser un capricho partidista, representa un compromiso fundamental con las familias trabajadoras que cotidianamente luchan por mantener su calidad de vida. El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ha encabezado una campaña que busca reivindicar un derecho consagrado en nuestra legislación desde hace décadas. Su propuesta se sustenta en el artículo 296 del Código Tributario, una disposición legal que claramente señala que la escala de impuestos debe ajustarse anualmente por la inflación acumulada del año anterior, conforme a los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana.
La Realidad Que Demanda Acción
La situación de los trabajadores dominicanos no puede seguir ignorándose. Desde el año 2017, la base exenta del Impuesto Sobre la Renta permanece congelada mientras la inflación ha erosionado de manera significativa los ingresos de los asalariados. La canasta familiar promedio ha reflejado esta pérdida de poder adquisitivo de manera contundente, con incrementos notables que representan la lucha diaria de padres y madres de familia que ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Los economistas han explicado reiteradamente que la inflación tributaria equivale a un impuesto oculto sobre los asalariados. Cuando un trabajador no recibe la indexación salarial correspondiente, termina pagando más impuestos aunque su salario nominal no haya aumentado, reduciendo así su capacidad real de consumo año tras año mientras el Estado recauda más de lo que corresponde conforme a la ley.
Una Propuesta Con Fundamento Legal
La iniciativa presentada por el senador Fernández promueve elevar la exención del Impuesto Sobre la Renta a cincuenta y dos mil pesos mensuales, alineándose con los cálculos de inflación acumulada desde el año dos mil diecisiete, tal como destacan informes especializados. De esta manera, los trabajadores que perciban hasta esta cantidad quedarían liberados del pago de impuestos sobre la renta, lo que les permitiría mantener íntegros sus ingresos frente a la escalada inflacionaria. Esta propuesta tiene apoyo técnico riguroso; el economista Haivanjoe Ng Cortiñas recalca que el aporte esencial es corregir una distorsión acumulada por años de incumplimiento legal, enfatizando que la medida busca garantizar lo que por ley corresponde. Así, resulta claro que la indexación salarial está lejos de ser una concesión política y se erige como una obligación postergada del Estado.
Voces de Apoyo Desde la Diáspora
En Nueva York, el vocero de Fuerza del Pueblo, Odell Suero, ha refrendado públicamente esta propuesta, reconociendo su viabilidad orientada a aliviar la carga económica que enfrenta la clase media dominicana. Desde el exterior, la comunidad dominicana sigue con atención el desenlace de estas iniciativas, evidenciando que el bienestar de sus seres queridos en el país exige medidas de justicia económica y una aplicación efectiva de la indexación prevista en la legislación. Suero resaltó la responsabilidad estatal en crear condiciones para el progreso de las familias trabajadoras y subrayó la relevancia de priorizar el bienestar colectivo ante los desafíos fiscales temporales.
El Respaldo Sindical: Unidad en la Defensa del Trabajador
La unidad de las principales confederaciones sindicales del país ha quedado patente ante esta demanda. Entidades como la Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Confederación Nacional de Unidad Sindical insisten en que la ley debe aplicarse independientemente de los debates circunstanciales, pues la protección del poder adquisitivo es un derecho irrenunciable del pueblo trabajador. Liderazgos sindicales sostienen que la indexación debe formar parte de una reforma fiscal moderna y equitativa, fundamentada en que quienes más recursos perciben, más aportan al sustento nacional, mientras los de menores ingresos deben ser eximidos de cargas injustas. Esta postura refuerza el sentimiento patriótico que coloca a los trabajadores como el pilar principal de la prosperidad dominicana.
La Necesidad de Superar Obstáculos Político-Económicos
A pesar del respaldo legal y social, la propuesta afronta reservas de sectores del gobierno, quienes argumentan que su aplicación pondría presión sobre el presupuesto nacional. Representantes del Senado han planteado que la implementación de la indexación requeriría una reforma fiscal estructural. Se estima que cumplir con este mandato dejaría de ingresar una cifra significativa para el Estado, pero especialistas insisten en que estos recursos nunca deberían considerarse como ingreso legítimo, ya que pertenecen a los trabajadores por mandato legal. De hecho, la verdadera justicia fiscal reside en el cumplimiento estricto de la normativa vigente, más allá de la coyuntura financiera del momento.
Perspectivas de Reforma Fiscal
Varios legisladores mantienen la postura de que la indexación salarial es ineludible y forma parte integral de cualquier reforma fiscal orientada al fortalecimiento institucional y social de la nación. Han resaltado la necesidad de equilibrar ingresos y gastos públicos garantizando que la justicia tributaria se preserve y que los sectores de menores ingresos sean liberados de obligaciones impositivas que afectan su economía familiar. Esta visión abre las puertas a un diálogo transformador, en el que el bienestar de las mayorías prevalezca sobre cualquier visión cortoplacista.
El Compromiso Con las Familias Dominicanas
La indexación salarial no es un favor, sino una responsabilidad estatal que ha quedado pendiente por largos años. Mientras otros países protegen a sus ciudadanos con ajustes automáticos al impuesto sobre la renta, República Dominicana tiene la oportunidad histórica de cumplir plenamente con este mandato. El impacto de esta medida trasciende la economía; es la garantía de que madres y padres puedan enviar a sus hijos a la escuela, que la alimentación saludable esté al alcance de todos y que la dignidad de la familia dominicana sea defendida. Implementar el ajuste a los salarios conforme la inflación es un acto de justicia social y constitucional. La nación posee la capacidad y la visión necesarias para materializar este paso crucial. Este es el momento de honrar la resiliencia y el trabajo honrado del pueblo dominicano, priorizando el bienestar colectivo y la equidad en la construcción del porvenir nacional.
Referencias usadas en Artículo
- El Senado pone “pero” para que se cumpla la indexación salarial
- Indexación salarial: ¿qué significa y cómo funciona?
- Economista Haivanjoe Ng Cortiñas respalda propuesta de Omar Fernández sobre indexación salarial
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