En la República Dominicana, la gestión integral de los residuos sólidos dejó de ser un asunto técnico marginal para convertirse en uno de los grandes campos de batalla donde se decide el futuro ambiental y productivo del país. En ese escenario, el colectivo de investigadores y consultores Strategius y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) se han colocado en el centro del debate al reclamar una reforma de la Ley 225‑20 basada en evidencia científica, diálogo social y un modelo de desarrollo sostenible que no sacrifique ni el ambiente ni la competitividad.
Qué busca la Ley 225‑20 y por qué es clave para el país
La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225‑20, promulgada en 2020, es el primer marco jurídico integral diseñado para ordenar todo el ciclo de los residuos en el país: desde la generación hasta la disposición final, con foco en reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de la “basura”. De acuerdo al propio texto legal y a análisis divulgativos como el del Banco Popular sobre la conversión de residuos en negocio, su objetivo central es transformar los residuos en insumo económico y fuente de empleo, alineando la política ambiental con la economía circular y la modernización productiva.
La ley regula:
- Sistemas de recolección, transporte y barrido.
- Sitios de disposición final, estaciones de transferencia y centros de acopio.
- Plantas de valorización, iniciativas de reciclaje y coprocesamiento.
- Responsabilidades de los generadores, incluyendo empresas, municipios y ciudadanía.
Según una versión divulgada por la Liga Municipal Dominicana sobre la Ley 225-20 y su reglamento, la norma también crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral de los Residuos (SINGIR), como mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos y otras instituciones, y establece una contribución especial obligatoria para personas jurídicas, calculada en función de sus ingresos, destinada a financiar la transición hacia un sistema integral de gestión.
📊 Dato clave: La Ley 225‑20 incluye instrumentos económicos como una contribución especial para empresas y un régimen de incentivos fiscales por cinco años para quienes inviertan en proyectos de gestión y valorización de residuos, incluyendo exoneraciones de impuesto sobre la renta y aranceles a equipos ambientales, tal como explica el análisis del Banco Popular.
La lógica es clara: sin financiamiento estable ni reglas claras que asignen responsabilidades, la promesa de transformar vertederos a cielo abierto en sistemas modernos de tratamiento y reciclaje se queda en discurso.
Avances y desafíos: una ley joven bajo presión
Aunque la Ley 225‑20 supuso un salto histórico, el propio Senado ha reconocido que, desde su promulgación, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, y persisten desafíos en su implementación efectiva. Esto ha llevado a impulsar modificaciones rápidas al texto original, declaradas de urgencia, con la intención declarada de “fortalecer la gestión integral y sostenible” y adaptar el marco a la realidad.
Sin embargo, desde la perspectiva de la gobernanza pública, el colectivo Strategius advierte un riesgo grave: la Ley 225‑20 todavía no ha alcanzado una implementación plena y ya fue modificada por la Ley 98‑25, a lo que se suma ahora un nuevo proyecto de reforma acelerada. Reformar sucesivamente una política sin evaluar con rigor sus resultados debilita la estabilidad normativa, aumenta la incertidumbre jurídica y dificulta la planificación de inversiones, tanto públicas como privadas, particularmente en sectores intensivos en capital como el de gestión de residuos, según el análisis de Strategius y la ACIS.
Ese contexto explica por qué el debate actual no es simplemente técnico: para quienes apuestan por invertir en reciclaje, valorización energética o infraestructura ambiental, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas son tan importantes como los incentivos fiscales.
La mirada de Strategius y ACIS: reformas sí, pero con ciencia y consenso
El comunicado de Strategius respaldando las observaciones de la ACIS se centra en una idea que resuena con las mejores prácticas internacionales: las reformas regulatorias deben sustentarse en evidencia científica, análisis de impacto, consultas amplias y procesos de concertación real con los sectores involucrados. El colectivo recuerda que organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OCDE y el Banco Mundial recomiendan que toda reforma ambiental relevante se fundamente en análisis costo‑beneficio, mediciones de impactos económicos y ambientales y mecanismos participativos amplios con actores sociales y productivos, como expone el posicionamiento de Strategius.
En la práctica, esto significa:
- Evaluar qué ha funcionado y qué no en la implementación de la Ley 225‑20.
- Medir efectos sobre empleo, competitividad, inversión y salud pública.
- Escuchar a municipios, empresas, universidades, organizaciones comunitarias y asociaciones sin fines de lucro.
- Ajustar los instrumentos económicos para que sean ambientalmente eficaces, pero financieramente sostenibles para quienes deben cumplirlos.
Strategius también considera legítima la preocupación de las asociaciones sin fines de lucro, que temen que los nuevos esquemas de contribuciones afecten su sostenibilidad financiera y, por extensión, los recursos destinados a programas sociales, educativos y comunitarios. En un país donde gran parte del tejido social descansa sobre estas organizaciones, cualquier reforma debe calcular con cuidado este impacto.
“Quien más contamina, más paga”: del eslogan al diseño real de la política
El debate sobre la contribución especial es uno de los puntos más sensibles. La Ley 225‑20, en su diseño original, vincula esa contribución principalmente a los ingresos de las empresas, con escalas diferenciadas. Strategius reconoce como positiva la revisión que reduce la carga para empresas con ingresos de hasta mil millones de pesos, pero comparte la inquietud de la ACIS ante los incrementos contemplados para las categorías superiores, con aumentos que la asociación estima en alrededor de 554 % y 1,054 % respecto al régimen original, según el análisis detallado de la reforma.
Desde la economía ambiental y la teoría tributaria, subidas de esa magnitud pueden:
- Erosionar la competitividad, especialmente en sectores expuestos a competencia internacional.
- Reducir la capacidad de inversión en tecnología limpia.
- Afectar la generación de empleos formales.
- Desincentivar nuevas inversiones nacionales y extranjeras en sectores productivos clave.
Por eso, Strategius insiste en que las contribuciones ambientales no deben calcularse exclusivamente por el volumen de ingresos, sino por indicadores vinculados directamente al impacto ambiental real, tales como:
- Cantidad de residuos efectivamente generados.
- Nivel de reciclabilidad de esos residuos.
- Peligrosidad y composición.
- Intensidad del uso de recursos naturales.
- Superficie e intensidad productiva de las instalaciones.
- Cumplimiento de programas de reducción, reutilización y reciclaje.
Este enfoque aterriza el principio universal “quien más contamina, mayor responsabilidad asume”, ampliamente recogido en la legislación comparada y en los acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible. Transformar ese principio en una fórmula que premie la eficiencia ambiental y penalice prácticas contaminantes es uno de los grandes retos técnicos de la reforma.
Economía circular y sostenibilidad: de la teoría a la realidad dominicana
La economía circular propone que los materiales se mantengan en uso el mayor tiempo posible, reduciendo la extracción de recursos y la generación de desechos. La Ley 225‑20 incorpora esa filosofía al promover la reducción, reutilización, reciclaje y aprovechamiento, junto con la responsabilidad extendida del productor para flujos como foam, fundas plásticas y botellas, estableciendo plazos para eliminar progresivamente la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso y exigir alternativas reciclables o ecoeficientes, según el análisis de Raíz Climática sobre plásticos de un solo uso.
💡 ¿Sabías que? La ley contempla que, a partir de 60 meses de su entrada en vigor, quede totalmente prohibida la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en establecimientos comerciales, obligando a migrar hacia fundas reciclables o ecoeficientes, como detalla la cobertura de Raíz Climática.
Este tipo de medidas conecta la gestión de residuos con otros desafíos nacionales:
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a vertederos y quema de residuos.
- Mejora de la salud pública al disminuir vectores de enfermedades vinculados a mala disposición de basura.
- Creación de nuevos nichos industriales en reciclaje, diseño de materiales y logística inversa.
Al mismo tiempo, exige una gobernanza colaborativa robusta: ministerios, ayuntamientos, empresas, universidades y sociedad civil trabajando juntos, con información transparente y mecanismos de participación permanentes.
Santiago de los Caballeros: el laboratorio dominicano que debe ser escuchado
En medio de la discusión nacional, Strategius subraya un punto que toca el orgullo regional: Santiago de los Caballeros ha sido reconocido durante años como uno de los principales referentes nacionales en gestión integral de residuos sólidos, gracias a un modelo articulado entre el Ayuntamiento, el sector empresarial, las universidades y organizaciones de la sociedad civil. El colectivo lamenta que esta ciudad no haya sido incorporada de forma significativa al proceso de discusión de la reforma, pese a ser un “laboratorio” de políticas ambientales exitosas, como destaca el análisis de experiencias en Santiago.
En ese proceso, ha jugado un rol importante el Centro de Innovación Local para la Planificación Estratégica y el Desarrollo Sostenible (CILPEN Global), promoviendo:
- Modelos de planificación territorial.
- Gobernanza colaborativa.
- Sostenibilidad urbana.
- Fortalecimiento institucional local.
El llamado de Strategius es claro: antes de aprobar cambios con impacto nacional, las experiencias acumuladas en Santiago debieron ser incorporadas como patrimonio técnico del país. Porque el modelo santiaguero demuestra que avanzar en gestión de residuos no depende solo de subir contribuciones, sino de combinar:
- Planificación estratégica de largo plazo.
- Instituciones municipales fuertes y capacitadas.
- Educación ciudadana sistemática.
- Innovación tecnológica.
- Alianzas público‑privadas confiables.
- Espacios permanentes de participación social.
Para cualquier dominicano que haya visto la diferencia entre un vertedero improvisado y una ciudad que toma en serio su limpieza y reciclaje, Santiago funciona como prueba de que la gobernanza ambiental colaborativa no es teoría: es práctica concreta que mejora la vida diaria.
Hacia una reforma consensuada: diálogo nacional, no sólo trámite legislativo
La discusión actual sobre la modificación a la Ley 225‑20 no debería reducirse a un trámite de urgencia. Strategius exhorta al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y a todos los sectores involucrados a abrir un proceso amplio de diálogo técnico y social para construir una legislación moderna, equilibrada y consensuada. La meta no es menor:
- Fortalecer la economía circular.
- Proteger el medio ambiente y la salud.
- Garantizar seguridad jurídica para invertir en verde.
- Promover la competitividad nacional.
- Preservar la confianza entre Estado, sector productivo y ciudadanía, como enfatiza el comunicado de Strategius.
En palabras del colectivo, la calidad de una ley no se mide por la rapidez con que se aprueba, sino por la solidez de la evidencia que la sustenta, la amplitud del consenso logrado y su capacidad real para generar bienestar económico, social y ambiental de forma sostenible.
Para la República Dominicana, el reto es doblemente patriótico: defender el derecho de la gente a vivir en un ambiente sano y al mismo tiempo cuidar la base productiva que sostiene el empleo y la innovación. En esa frontera, la gestión integral de residuos, la economía circular y el principio de “quien más contamina, más paga” pueden convertirse en motores de desarrollo, siempre que se diseñen con rigor, se financien de manera justa y se construyan escuchando tanto a las comunidades como a los sectores que deben implementar la ley.
En última instancia, lo que está en juego no es solo cómo manejamos la basura, sino qué tipo de país queremos dejarle a las próximas generaciones: uno que improvisa políticas ambientales o uno que las construye con ciencia, diálogo y orgullo por hacer las cosas bien.
Referencias
Texto completo de la Ley 225-20 de gestión de residuos sólidos (DGII)
Análisis de la Ley 225-20 y su reglamento por la Liga Municipal Dominicana
Impacto de la Ley 225-20 sobre plásticos de un solo uso (Raíz Climática)
El Senado reconoce desafíos en la implementación de la Ley 225-20
Visión de Strategius y ACIS sobre la reforma de la Ley 225-20 (La Tierra de Mis Amores)
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