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Yeni Berenice reafirma compromiso en lucha contra corrupción en Senasa y anuncia nuevas imputaciones

Yeni Berenice reafirma el compromiso del Ministerio Público con el caso Senasa, asegurando que la investigación sigue abierta y habrá nuevas imputaciones para proteger los recursos de la salud en República Dominicana.

Santo Domingo. La procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, ha reafirmado con firmeza el compromiso del Ministerio Público en la persecución del caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que la investigación permanece abierta y que se producirán nuevas imputaciones en el proceso. Esta declaración representa un mensaje claro de que la justicia dominicana no descansará hasta obtener la verdad completa sobre uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos de la administración pública.

Reynoso ha calificado el caso Senasa como de alta prioridad institucional, considerando que se trata de una entidad que administra recursos destinados a la salud de más de siete millones de dominicanos, especialmente aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Más imputados y decomiso de bienes

La magistrada fue enfática al señalar que toda persona que haya manejado de manera indebida fondos del Senasa deberá rendir cuentas ante la justicia. "Es evidente que el caso Senasa no ha concluido; es evidente que más personas serán imputadas", afirmó con determinación.

Sostuvo que quienes dispusieron ilegalmente de recursos del Seguro Nacional de Salud deben responder penalmente, al tiempo que subrayó que el objetivo del Ministerio Público va más allá de las sanciones judiciales. La investigación también persigue la reparación económica al Estado, mediante el decomiso y la restitución de los fondos que fueron objeto de malversación.

Reynoso explicó que el equipo investigador trabaja "sin descanso" para lograr sanciones penales ejemplarizadoras y garantizar que el Estado recupere cada peso desviado. Este compromiso se materializa a través de la Operación Cobra, que ha movilizado un contingente significativo de recursos institucionales para desmantelar la red de corrupción identificada.

La estructura de la investigación

En el marco de la Operación Cobra, el Ministerio Público puso en marcha un operativo que incluyó doce allanamientos simultáneos y la detención de ocho personas involucradas en el esquema fraudulento. Un equipo de veinticinco fiscales, asistidos por más de doscientos agentes de la Policía Nacional, ejecutó estas acciones coordinadas bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz.

Entre los detenidos se encuentra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, junto a otros siete implicados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los delitos investigados

A los detenidos se les imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según la Procuraduría, el esquema incluía sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico usados para desviar fondos.

Se trató de un sistema fraudulento instalado desde la Dirección Ejecutiva del Senasa, con la participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud. La investigación ha permitido identificar que los acusados habrían defraudado aproximadamente quince mil millones de pesos mediante prácticas fraudulentas y maniobras administrativas.

La expansión de la investigación: Senasa 2.0

Conforme avanzan las diligencias, la procuradora ha precisado que se continúa la investigación del caso Senasa 2.0, que incluye a médicos y distintos profesionales del área de la salud. La investigación se está ampliando para abarcar centros y especialistas que podrían estar involucrados, evidenciando que la corrupción penetró múltiples niveles del sistema.

Reynoso destacó que se investiga también si los miembros de la estructura indicaron tratamientos a personas que no los necesitaban, una práctica que pone de manifiesto el nivel de depravación de quienes desviaron recursos públicos. La procuradora afirmó que es inaceptable que alguien "juegue con la salud de más de siete millones de personas vulnerables", refiriéndose a los implicados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud.

Un caso que demanda reflexión moral

Uno de los hallazgos más alarmantes de la investigación reveló que durante la Operación Cobra, el Ministerio Público identificó al menos un paciente que fue sometido a más de cinco procedimientos de cateterismo sin necesitarlos, presuntamente como parte del esquema fraudulento. Reynoso calificó este hallazgo como "absolutamente criminal", denunciando que los procedimientos habrían sido realizados únicamente con el propósito de cobrar recursos del seguro estatal.

La jefa del Ministerio Público además reveló que se investiga si la sobreexposición médica a la que fue sometida esta persona pudo haberle causado la muerte. Esta revelación destaca cómo la corrupción no solo representó un robo de recursos, sino que además causó daño físico y posiblemente fatal a ciudadanos dominicanos.

Reflexión sobre el sistema de salud

La procuradora general aprovechó el contexto del caso, también conocido como Operación Cobra, para llamar a una reflexión profunda sobre el sistema de salud dominicano. Señaló la necesidad de una transformación estructural similar a la emprendida en el sistema económico tras las crisis bancarias ocurridas en el pasado.

"El sistema de salud necesita en la República Dominicana la participación activa de toda la sociedad para que se produzca una verdadera transformación y para que nunca más se repita un caso como el de la Operación Cobra", concluyó Reynoso.

Esta declaración refleja una visión integral donde la justicia no solo persigue castigo, sino que también busca sentar las bases para una verdadera reforma institucional. La participación ciudadana se convierte así en un pilar fundamental para evitar que vuelvan a ocurrir casos que comprometan la salud colectiva.

El Ministerio Público ha dejado clara su posición: todas las personas que tocaron un peso del Seguro Nacional de Salud, sin importar su posición o nivel de influencia, tendrán que responder ante la justicia. Con este compromiso inquebrantable, la República Dominicana demuestra que la corrupción no quedará impune y que la salud de sus ciudadanos es un bien colectivo que merece protección absoluta.

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